El abogado que representa a la familia de la adolescente que denunció haber sido violada por tres hombres en el camping El Durazno solicitó la nulidad del juicio por jurados, en el que consideraron no culpables a los imputados, por considerar que se violaron garantías constitucionales y se vulneraron derechos de la menor.

El abogado Maximiliano Orsini presentó el recurso ante el Tribunal 3, en el que solicitó que se decretara la “nulidad insanable” de todo lo actuado en el juicio y se realice un nuevo debate por un tribunal hábil bajo las condiciones de un “juicio común”, es decir por un tribunal compuesto por tres jueces.

Para Orsini, el juicio por jurados realizado por la denuncia de abuso sexual en el camping fue inconstitucional, por haberse violado garantías y derechos de la menor, como por lo ejemplo el derecho a la doble instancia, es decir la posibilidad a apelar, algo que en el caso de sentencias del juicio por jurados ninguna víctima puede hacer.

El abogado querellante argumentó que otra de las garantías que no se cumplieron fue la de la ausencia de la asesora de menores e incapaces, con la que se tiene que asegurar una protección especial en investigaciones y procesos penales por violencia sexual en perjuicio de niñas, niños o adolescentes y el deber de no revictimización.

“A la Asesora de Menores e Incapaces se le negó su participación esencial en el acto de la declaración de la niña,
circunstancia que torna nulo el debate”, remarcó Orsini y agregó: “El Magistrado dio por sentado que un Juicio por Jurados puede desarrollarse en relación a una niña víctima, con dispensa y prescindencia de la aplicación de la normativa imperativa protectoria”.

En la presentación, Orsini criticó la labor del juez Fabián Riquert, por haber ordenado que la Asesora de Menores actuara como observadora. “Dejó durante el debate a la víctima en un estado de vulnerabilidad absoluto al ser sometido al interrogatorio de la defensa sin control de una psicóloga especialista en abuso sexual tal como lo
marca la norma procesal”, expresó.

“Existe una posibilidad cierta de victimización secundaria grave al exponer a la víctima a tener que dar explicaciones ante un jurado popular que no se encuentra capacitado ni sensibilizado en el tema. Los jurados populares no son
imparciales en razón de su inexistente capacitación en perspectiva de género y niñez”, argumentó el abogado querellante y puso, por ejemplo que la “Ley Micaela” es obligatoria para capacitar en género a quienes actúan en el Estado, lo que para él demuestra que “gran parte” de la sociedad necesita estar capacitada en estos temas sensibles.

“Argentina no se encuentra capacitada en este tema de gran sensibilidad social sino que el prejuicio social de la ‘víctima fácil’ que ha primado en este proceso ha provocado una revictimización secundaria que claramente no podría sostener un nuevo debate oral mediante la implementación del juicio por jurados”, consideró.

Para el abogado, fue justamente “la mirada sesgada y prejuiciosa del jurado del pueblo influenciada incluso por la
defensa de los acusados en un debate absolutamente viciado de nulidad, fue la que les permitió concluir
que el hecho de abuso sexual no existió”.

En el escrito, Orsini también se quejó de que, según su punto de vista, las defensas incurrieron en preguntas y acotaciones sobre la vida privada de la menor, algo que no estaba permitido.

“Es por lo expuesto que solicito se declare su inconstitucionalidad, se anule la totalidad de lo actuado y se reenvíen las actuaciones a tribunal hábil que corresponda a los fines de celebrarse nuevo Debate”, solicitó finalmente el abogado que representa a la familia de la adolescente, Maximiliano Orsini.

Cabe recordar que durante el juicio desarrollado en el Teatro Auditorium, un jurado popular declaró no culpables a Lucas Pitmann, Tomás Jaime y Juan Cruz Villalba, acusados de haber abusado sexualmente de una adolescente de 14 años el 1 de enero de 2019 en el camping El Durazno.