La justicia rechazó el pedido de sobreseimiento del ex secretario de Economía y Hacienda, Hernán Mourelle, en la causa donde se lo investiga por una denuncia de acoso de una empleada municipal.

La decisión de no desvincular al ex funcionario del caso la tomó el juez de Garantías, Saúl Errandonea, luego de que hubiera sido solicitado por la abogada defensora, Adelina Martorella.

El principal argumento para pedir el sobreseimiento del polémico secretario de Economía y Hacienda durante la gestión de Carlos Arroyo fue que “se habría vulnerado el plazo de garantía razonable” porque la denuncia fue presentada el 27 de agosto de 2018 y aún continúa la investigación.

La fiscal del caso se opuso al pedido de la defensora y aclaró que aún deben hacerse las pericias psicológicas y psiquiátricas a la denunciante. La fecha prevista para realizarlas es el 4 de octubre.

Luego de analizar las fundamentaciones, Errandonea aseguró que el pedido de sobreseimiento “resulta prematuro, toda vez que restan medidas pendientes de investigación a realizarse próximamente y no se observan a la fecha violación de garantías del plazo razonable”.

Daiana Siano, la empleada que denunció a Hernán Mourelle. Foto: archivo.

Entre las tantas denuncias y acusaciones que durante sus años en la Secretaría de Hacienda recibió Hernán Mourelle, tal vez una de las más delicadas fue la que radicó Daiana Siano, una empleada municipal que se desempeñaba en el área Ceremonial y Protocolo, quien acusó formalmente ante la Justicia al entonces funcionario por reiterados episodios de acoso sexual.

En 2018, luego de haber reclamado “innumerables veces” por el pago de esta bonificación sin respuestas del secretario de Hacienda de Carlos Arroyo, la trabajadora -de unos diez años de antigüedad en la Municipalidad de General Pueyrredon- hizo públicas las constantes insinuaciones sexuales de Mourelle que soportó durante un largo tiempo. Acto seguido, fue trasladada de área.

Tras dos años de lucha, el reconocimiento llegó con el cambio de gestión. En julio de este año, el intendente Guillermo Montenegro reconoció oficialmente el reclamo económico de la empleada y en septiembre de este año, decretó “el pago del total adeudado a la agente municipal en concepto de Bonificación por Disponibilidad”.