El militante de ultraderecha Carlos Pampillón y la ex funcionaria policial y activista Virginia “La Rusa” Sosa fueron procesados por la Justicia Federal por considerarlos instigadores de la sedición ocurrida en el año 2013 que causó un acuartelamiento de la fuerza de policía, una merma en el servicio y, en consecuencia, decenas de saqueos e incidentes en toda la ciudad.

Además el fallo del juez Santiago Inchausti incluye a seis policías: Carlos Turno, Rubén Ferreria, Daniel Silva, Rene Bonora, Arturo Tobares y Adriana Brussolo.

Entre la noche del 8 y la madrugada del 9 de diciembre de 2013 en Mar del Plata se produjo un acuartelamiento policial en el marco de una jornada de protestas en distintos puntos del país. La policía entendía que había que reajustar la escala salarial y, ante la falta de representación sindical, empezó la presión que incluso llegó a la quita del servicio y a la toma de edificios públicos.

En Mar del Plata el epicentro fue la comisaría primera, aunque la génesis del reclamo se produjo en dependencias del Cuerpo de Caballería, en la zona de Camet.

Para lograr una mayor adhesión de policías se sumaron Carlos Pampillón y Virginia Sosa, ambos con conocida militancia pro-fuerzas de seguridad. Por distintos medios hubo incitaciones para que los policías de Mar del Plata abandonaran el servicio de patrullaje y se convocaran en un “auto acuartelamiento”. De esta manera entendían que iban a presionar y forzar el incremento salarial deseado.

Sin embargo ese cese en las funciones de seguridad causó numerosos ataques a la propiedad privada mediante hurtos, robos, saqueos y daños.

Hubo saqueos durante el acuartelamiento policial.

Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal Federal, tanto Sosa como Pampillón fomentaron el acuartelamiento, lo que resultó ser una “protesta con armas”, algo penado por la ley y tipificado como el delito de “sedición”.

La estrategia para tener más éxito fue la de propagar por la frecuencia radial y por otros canales (uso telefónico, redes sociales) la convocatoria a la que muchos policías adhirieron, en particular de la comisaría primera, segunda, quinta, sexta, séptima, decimosexta y Distrital Norte.

La amplia investigación a cargo de Prefectura Naval y de la propia fiscalía, refrendada por el juez Inchausti, incluyó análisis telefónicos, búsqueda en publicaciones de redes sociales, decenas de notas periodísticas y una gran cantidad de testimonios, además de registros fílmicos aportados por el COM (Centro de Operaciones y Monitoreo) y los canales de televisión de Mar del Plata.

A Pampillón se le adjudica haber sido eje en la convocatoria al levantamiento, confirmado por él mismo en declaraciones a la prensa o en posteos en sus cuentas de redes sociales, además de ponerse al frente de entrega de petitorios y otras gestiones ante el municipio y fue identificado como “voz cantante del reclamo”. “Todo esto, da cuenta de un claro quebrantamiento del rol socialmente aceptado con relación a quien no tiene vinculación con la fuerza policial, pues no pertenece a ella, y excluye la aplicación de los institutos de la imputación objetiva (riesgo permitido, principio de confianza, prohibición de regreso o competencia de la víctima)”, dice el fallo.

Respecto a Sosa también se le reprocha una actitud similar y que está absolutamente corroborada, según esta instancia de la investigación, en sus permanentes manifestaciones públicas. En su perfil de Facebook, Sosa, quien fue desafectada años atrás de la fuerza policial y desde entonces participa activamente en reclamos, publicó días antes del levantamiento: “PRONTO COMENZARA LA BATALLA!! QUE DIOS ME PREPARE PARA ESTE MOMENTO”. Luego en los días de los hechos hizo comentarios pidiendo adhesión y hubo numerosos testigos que la colocan como gestora y agente convocante del acuartelamiento.

Los seis policías procesados tuvieron acciones que fueron desde sacar los móviles a su cargo del patrullaje como también usar sus automóviles particulares para bloquear arterias y suspender sus funciones para robustecer la protesta.

El fallo incluye referencias a las numerosas causas que se iniciaron por actos vandálicos y saqueos, además de destacar que se calcula que fueron doscientas personas las que participaron de los mismos en diferentes zonas de Mar del Plata. Hubo 73 personas imputadas por diversos delitos. Todo ello fue posible por el resentimiento del servicio de seguridad.

Vale decir que el delito de sedición puede culminar en penas de hasta 6 años de prisión y en habilitaciones transitorias o permanentes para ejercer rol de funcionario público.