Otras 47 personas fueron acusadas por millonarias estafas contra el Estado a través de trámites de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

La Fiscalía Federal N°2 requirió al juez Santiago Inchausti la elevación a juicio de otro tramo de la megacausa en la que se investiga una asociación ilícita que tramitaba de manera irregular beneficios previsionales ante el organismo nacional, lo que habría ocasionado una defraudación el Estado por al menos 90 millones de pesos.

La primera parte de la pesquisa había sido elevada a juicio oral y público en 2020 al Tribunal Oral Federal N°1. El Ministerio Público Fiscal ya realizó el ofrecimiento de prueba en los términos del artículo 354 del Código Procesal Penal de la Nación y ese tramo se encuentra a la espera del debate oral.

En esta segunda parte de la acusación se imputa un universo de más de 370 maniobras, que incluyen tanto a nuevos hechos que se le atribuyen a los imputados que se vieron alcanzados en el primer requerimiento –entre los que se encuentran quienes están acusados de ser jefes de la asociación ilícita- así como se refiere a nuevos partícipes identificados y sus correspondientes imputaciones.

En la causa se investigó una asociación ilícita, compuesta por al menos 26 personas, que se dedicaba sistemáticamente a defraudar al Estado Nacional mediante la tramitación de beneficios de la seguridad social irregulares, y que ocasionó un perjuicio millonario a las arcas del erario público. Para desarrollar las maniobras imputadas, se habrían cometido otra serie de delitos, tales como el cohecho, la tenencia ilegitima de DNI, la alteración dolosa de registros, la falsificación de documentos, entre otros.

De acuerdo a la acusación fiscal, la organización estaba conformada por abogados, gestores, contadores, médicos, y funcionarios y ex funcionarios públicos de diversos organismos, como Anses, la AFIP, la comisión Médica y el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

La investigación se inició en 2016, y desde entonces se han realizado más de treinta allanamientos, se dictaron diez resoluciones de mérito, y son 68 las personas procesadas entre integrantes de la asociación ilícita y beneficiarios/as. Se individualizaron más de 300 casos de defraudación contra la administración pública.

Entre las personas detenidas, están las cuatro personas acusadas de ser jefes de la organización -Roberto Balbuena, Luis Miguel Iros, Rubén David Cagni y Luciano Conrado Diez Suárez-, así como también Héctor Adolfo Seri, ex funcionario de la Anses.