por Jose F. Sánchez

MADRID, España.- El 44 % de las familias de víctimas del grupo terrrorista vasco ETA no sabe quién mató a su padre, hijo, marido o hermano. Son 377 crímenes sin resolver, la mayoría fueron cometidos en los años ochenta del siglo pasado, cuando esa banda terrorista atentaba en España cada tres días, y ya prescribieron judicialmente. ¿Pero dónde queda el derecho a la verdad?

ETA anunció en 2018 que disolvía “completamente todas sus estructuras”, después de casi sesenta años de existencia con el objetivo de la independencia del País Vasco y haber asesinado a 853 personas.

Con motivo del Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, Toni Salvá, padre del agente de seguridad Diego Salvá, cuenta a EFE que conocer la identidad del asesino o asesinos de su hijo permitiría a su familia “cerrar un capítulo, una herida que no sana”.

Diego Salvá y Carlos Sáenz de Tejada, miembros de la Guardia Civil española, son las dos víctimas del último atentado mortal de ETA, cometido hace 12 años en la isla mediterránea de Mallorca.

Su caso aún no ha prescrito y, de hecho, la investigación sigue. Otros, que en algún momento perdieron la esperanza, aguardan ahora expectantes la visita a España en noviembre de un grupo de eurodiputados que recabarán información sobre todos los asesinatos cuyo autor no ha sido condenado.

Investigar contra reloj

“Es como si te clavan un puñal en el alma y la herida se va haciendo cada vez más grande”, enfatiza Toni Salvá sobre el dolor que siente. Hace poco tiempo, explica, se abrieron diligencias que implican en el atentado contra su hijo y su compañero a dos miembros de ETA presos por otras causas. Sin embargo, el tiempo corre en contra, pues el caso prescribirá dentro de ocho años. “La prescripción es una estupidez”, subraya.

La visita de los eurodiputados, comenta, le da “algo de esperanza”, ya que puede “despertar” a instituciones como el Ministerio del Interior o la Audiencia Nacional (tribunal encargado de los casos de terrorismo) en la investigación.

Sin embargo, Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), lamenta que esta misión de la Eurocámara está creando “falsas expectativas”. Asegura, no obstante, que no todo está perdido para unas familias cuyo derecho a la verdad no prescribe.

Juzgar a los jefes de ETA

Daniel Portero es el presidente de la asociación Dignidad y Justicia, que llevó en 2016 una petición a Bruselas para que la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo enviase una misión a España para investigar los crímenes sin esclarecer de ETA.

Cinco años después, Portero dice estar “muy satisfecho” de recibir, tras un aplazamiento por la pandemia, a la expedición de eurodiputados que apoyaron su iniciativa. Lo hicieron los grupos del Partido Popular Europeo (conservadores), Ciudadanos (liberales españoles) y Vox (extrema derecha española).

En total, 336 asesinatos de ETA sin resolver ya han prescripto. Pero, según Portero, existe una alternativa para juzgar a los dirigentes terroristas que los ordenaron.

Es la vía de los crímenes de lesa humanidad, indicada para delitos especialmente atroces y sistemáticos contra una población civil. Solo existe un procedimiento de este tipo abierto en España contra líderes de ETA, el que en 2015 imputó a varios de ellos por asesinatos cometidos bajo su mando.

Sin embargo, la Audiencia Nacional ya aclaró que solo se investigarán por esta vía los crímenes que ocurrieron a partir de 2004, fecha en la que el delito de lesa humanidad se incorporó al Código Penal español.

Por el contrario, Dignidad y Justicia argumenta que, tanto los tratados internacionales suscriptos por España como la jurisprudencia de otros tribunales penales internacionales consideran que este delito es atemporal y pide que sea la solución para los asesinatos sin resolver de ETA.

Baile de cifras

Dignidad y Justicia elaboró un informe en que clasifica los detalles de estos 377 crímenes. Simultáneamente, la abogada de la AVT los cifró en 315 tras varios ajustes.

Compartieron fuentes, pero un factor provocó esta discrepancia numérica, la ley española de amnistía de 1977, que dejó impunes 67 asesinatos.

Ladrón de Guevara aclara que la AVT reconoce a las víctimas que perdieron la vida por obra de ETA antes de esa ley, pero señala que estos crímenes no tienen la misma “naturaleza jurídica” que los posteriores. “El objetivo es poder resolverlos y esos no se van a poder resolver”, lamenta.

Pese a las diferencias entre ambos, su objetivo es común: el derecho a la verdad y honrar a los asesinados.

EFE.