La construcción de un edificio de tres pisos y 16 departamentos altera desde 2018 la vida diaria de un grupo de vecinos en una zona residencial de Mar Azul, quienes denunciaron en varias oportunidades el incumplimiento de normas municipales por parte de una obra que aún no fue demolida a pesar de que así había sido dispuesto.

La historia de una vecina refleja dicha situación. Durante aquel año, según dio a conocer Infobae, ante el avance de la obra, buscó resguardar la privacidad de su propiedad con la plantación de 30 árboles dentro de su casa, los que formaban un “muro verde” en el límite de los terrenos.

Sin embargo, el sábado pasado denunció que un grupo de personas saltó el alambrado que los divide y, en su ausencia, taló todos los álamos.

“Me avisó mi jardinero. En la casa no había nadie, porque vivimos en Capital Federal y la casa la usamos para veranear en familia. Hoy me enteré de que ingresaron y podaron todo. Acá el problema es que en Villa Gesell no hay Estado, nadie respeta los límites”, declaró la damnificada.

El motivo de este vandalismo es que los árboles tapaban la “vista al mar” que el constructor del edificio promociona para alquilar los departamentos, todavía sin terminar, y sobre los que pesa una orden de demolición que todavía no se cumple.

Fernando Paternay, abogado del dueño del lugar, sostuvo que “no se ha ingresado ni violado la vivienda de nadie, sólo se han podado las ramas por sobre los tres metros que ingresaban a la propiedad de ABC 1 Construcciones SRL. La poda se realizó en la finca sin cruzar ningún límite, dado que las hojas de los álamos taparon los desagües y generaron cuantiosos daños por filtraciones”.

El origen del conflicto fue revelado hace algunos años por la periodista Jorgelina Mena en el diario local Por la 3. En diversas publicaciones detalló que la construcción en el lote de 900 metros cuadrados, ubicado sobre la calle 44, se había levantado de manera irregular, dado que en esa zona únicamente se permite la edificación de casas.

Los vecinos reportaron en reiteradas oportunidades lo sucedido. Sin embargo, fue la denuncia ante la Justicia del concejal Miguel Cisneros la que provocó que el municipio conducido por Gustavo Barrera, que sigue siendo intendente de Villa Gesell, ordenara demoler una construcción que también posee bauleras, seis cocheras y una piscina en la parte trasera.

La zona de estacionamientos llevaba la faja de clausura que colocó la Municipalidad de Villa Gesell (Gentileza: Por la 3)

Cisneros presentó un audio en el cual el constructor alude a supuestas coimas recibidas por funcionarios municipales para permitir la explotación del suelo y el exceso de metros de altura por fuera de la norma.

Allí se reveló el diálogo entre el dueño del lote, Sabino Ferrante, y un funcionario del municipio, Maximiliano Doro, en el que éste le advertía que comenzara a vender todo porque se lo iban a demoler.

El propietario del edificio aseguró haber pagado $220 mil, sin especificar en qué concepto, para lograr las habilitaciones correspondientes y así poder construir. En el audio, Doro le explicó que el plano no estaba aprobado y que las correcciones (con fecha límite de 60 días) tampoco se habían realizado. “Tenés que pagar el derecho de construcción de vuelta”, le informó.

También lo anotició de que el Código de Ordenamiento Urbano (COU) había sido votado por los concejales municipales, quienes ante la decisión de incluir esta obra dentro de los parámetros de zonificación locales, lo hicieron en contra de este proyecto.

Ante este episodio, Paternay relató: “La denuncia del concejal Cisneros fue desestimada en la Justicia. Los derechos de construcción son impuestos y establecidos por la municipalidad. El concejal Cisneros votó, como así también el Concejo Deliberante de Villa Gesell, la ordenanza 3063/20 donde se permite la construcción hasta cinco pisos, esta tiene solo dos”.

El permiso original indicaba que allí se construirían dos casas, respetando la altura del resto de las propiedades vecinas. Sin embargo, sobre ellas se edificaron 14 departamentos.

En septiembre de 2020, el intendente Barrera se refirió a dicha investigación en Por la 3 y manifestó: “Aún antes de la denuncia se paralizó la obra en varias oportunidades en las que se rompió la faja de clausura y se siguió trabajando; se volvió a clausurar y ahora tiene esa obra un pedido de demolición parcial. El propietario apeló y está tramitando en la justicia. Vamos a seguir avanzando para ver y esclarecer lo que haya sucedido”.

A pesar de los carteles de “obra clausurada”, el dueño de los departamentos decidió alquilarlos durante el verano

Y en referencia a la conversación registrada, justificó: “La denuncia no nombra a ningún funcionario y ese audio no es actual, no sé el tiempo que transcurrió porque habla de secretario de Gobierno y hace más de tres años que no existe la figura de secretario de Gobierno. No hace hace referencia a tiempos actuales, el fiscal tendrá que evaluar y ubicarlo en el espacio y el tiempo que ocurrió y ya citará a quien tenga que citar”.

El arquitecto Gerardo Galli, secretario de Planeamiento de la municipalidad, declaró por aquel entonces: “Es una barbaridad, nosotros lo queremos demoler y tengo el compromiso y la orden expresa del intendente de demolerlo, eso tiene que ser una casa y no 16 casas. Y vamos a ir por ello. Tiene sucesivas paralizaciones que no fueron respetadas, por eso tiene clausura y por eso se dio traslado a la Justicia penal. Es un trabajo tedioso, no tenemos siempre las herramientas administrativas para llevar adelante esto pero estamos fehacientemente trabajando en esa dirección”.

La paralización de la obra no impidió que el dueño de la estructura alquilara los departamentos durante la temporada de verano ante la demanda turística, a pesar de que el propio secretario Galli colocara las fajas de clausura durante el verano. “No colocó ni cestos de basura. Los turistas la tiraban en los tachos de los otros vecinos”, señalaron.

“Del exterior no culminó nada, los acomodó y alquiló solo por el verano. Pero como los publica ‘con vista al mar’ y los árboles le tapan esa posibilidad, decidió podar todos los árboles que habíamos plantado”, dijo a este medio la víctima.

La familia damnificada aseguró que iniciará acciones legales y exigirá las explicaciones correspondientes ante el municipio acerca de por qué no ejecutó todavía la demolición de los departamentos.

“La obra respeta las medidas de altura y retiro, y se ajusta a la reglamentación vigente, y especialmente al nuevo COU ordenanza municipal 3063/20. El Juzgado Correccional Nº 2 de Dolores declaró nula las sentencias del Juzgado de Faltas de Villa Gesell y mandó a investigar la desaparición de la autorización otorgada oportunamente. El decreto de demolición se realizó en contradicción de lo ordenado por el Juzgado de Dolores y se encuentra apelado en la actualidad. La obra está realizada con autorización municipal, la municipalidad expidió ocho partidas municipales y se reconocieron los 826 metros cuadrados de construcción por los que se paga tributo”, completó Paternay.