Por Ramiro Melucci

No hay acuerdo en el diagnóstico de la situación sanitaria. Ni en las medidas que se toman. Ni en los parámetros que se adoptan. La gestión de la pandemia, tan consensuada en sus inicios, exhibe al promediar el año electoral un amplio abanico de discordias. Con las candidaturas por definir y los discursos partidistas en ciernes, nada hace suponer que los ánimos puedan sosegarse. Más bien todo lo contrario.

La tensión entre el municipio y Zona Sanitaria VIII, el organismo provincial al mando del Comité de Emergencias, aumenta cada semana. Después de la última reunión con los directores de los hospitales y las clínicas quedó al descubierto la desconfianza mutua. La dependencia dirigida por Gastón Vargas envió a los medios un comunicado que el municipio no suscribió. El documento mencionaba un sistema sanitario estresado y al límite, hablaba de guardias que ofician de espacios de internación y subrayaba que Mar del Plata está tercera en cantidad de casos de coronavirus en la provincia, solo por debajo de La Matanza y Quilmes.

Vargas explicó luego que el gran drama de los últimos días se había vivido con las camas de cuidados intermedios. Contó que la internación de los pacientes que asistían tanto a las clínicas como al Hospital Interzonal sufría demoras y había que mantenerlos en las guardias. En el municipio escuchan esas peripecias con cierto malestar. “¿Por qué no usan los hoteles que pusimos a disposición?”, se preguntan.

Los parámetros con los que se evalúa el escenario de Mar del Plata son otro foco de conflicto. Si la semana anterior había generado controversia la cantidad de habitantes sobre la que se hacen los cálculos epidemiológicos (650 mil), ahora el asunto medular es la cantidad de camas de terapia intensiva que figura en el tablero de gestión de la Provincia.

El oficialismo advirtió que de un día para el otro hubo un descenso de 196 a 175. La primera explicación que dio Vargas aludió a un relevamiento de las camas reales que se estaba haciendo en toda la provincia. Comentó que en un principio se cargaban en el sistema todas las unidades con respirador, más allá de que algunas no reunieran las condiciones para atender a pacientes covid, como las del Inareps o las de las unidades coronarias de algunas clínicas. Al dar esos argumentos, el funcionario admitió que todavía no había ingresado para verificar lo que Juntos por el Cambio estaba diciendo. Un día después negó las modificaciones: dijo que el oficialismo había cometido un error con el mouse y había sumado las camas sin contemplar las pediátricas.

La chicana no pasó inadvertida en el entorno del intendente. “Ahora parece que no sabemos manejar la computadora. ¿Por qué no explican lo que realmente pasó?”, respondieron en las últimas horas, y ratificaron que entre el último día de mayo y el primero de junio hubo una disminución de 21 camas de terapia intensiva. Un dato no menor si se toma en cuenta que el nivel de ocupación se considera para determinar en qué fase se encuentra un municipio.

Hoy, de todos modos, ese no es el parámetro que más preocupa, porque ni aun con menos camas UTI el porcentaje llega al 80%. La mayor dificultad la proporcionan los contagios: no hay ninguna chance de que la incidencia en las últimas dos semanas cada 100 habitantes esté por debajo de 500, por lo que Mar del Plata continuará en fase 2. 

“Ahora parece que no sabemos manejar la computadora. ¿Por qué no explican lo que realmente pasó con las camas?”, preguntan en el municipio. 

El funcionamiento de la ciudad con las nuevas restricciones es otro motivo de discrepancias. El municipio declaró la intención de controlar la clandestinidad, lo que se traduce en un permiso tácito para que el resto de las actividades abra con protocolos. Como nadie desconoce las desdichas económicas y emocionales que genera pandemia, el reclamo de mayores controles ya no sale tanto de la oposición como de los efectores de salud. Aquel comunicado impulsado por Zona Sanitaria también pedía que se garantizara el cumplimiento de la fase 2, en un indisimulado cascoteo al municipio.

El Frente de Todos, que observa el mismo escenario, asoma entrampado en esa discusión. Después de ensayar algunas críticas por la falta de controles, en los últimos días optó por no meterse en el barro de lo que se inspecciona y lo que no. Evita así generar susceptibilidades en el sector gastronómico, tan golpeado a lo largo de la pandemia.

Prefiere, en cambio, retransmitir buenas noticias. La principal es la aceleración de la campaña de vacunación, que en Mar del Plata se volvió evidente en la última semana, al margen del equívoco sobre la inmunización para los menores de 60 sin comorbilidades. También celebró el aporte de $ 218 millones que hará la Provincia para obras en el marco del Fondo de Infraestructura Municipal y el concurso de ideas que abrió el Consorcio Portuario para reacondicionar la banquina de los Pescadores, una de las postales de la ciudad.

Mientras, Guillermo Montenegro se fue mimetizando con Horacio Rodríguez Larreta. El coordinador de gabinete, Alejandro Rabinovich, reveló que si Mar del Plata fuese una provincia hubiera realizado una presentación judicial contra la suspensión de las clases presenciales. Como es un municipio, solo aguarda lo que vaya a resolver la Justicia sobre los recursos presentados por colegios privados. Y ve con entusiasmo el fervor que la causa despierta en parte de la comunidad educativa local. Al punto que anticipa una “lluvia de amparos” como no se registra “desde los tiempos del corralito”.

El municipio fue enarbolando de a poco la bandera de las clases presenciales. A fines del año pasado, cuando las aulas se mantenían cerradas, sostenía que la prioridad era la reapertura de las actividades económicas. Cuando Larreta desoyó la decisión de Alberto Fernández de suspender la presencialidad, tampoco se entrometió. Pero ahora que dejó de ser una pelea ajena se involucró de lleno, a riesgo de que eso genere nuevos roces con el gobierno bonaerense.

Antes que meterse en el barro de lo que se controla y lo que no, el Frente de Todos optó por retransmitir buenas noticias, como el ritmo que adquirió la campaña de vacunación.  

En medio de esa contienda, Montenegro tomó una decisión que se esperaba para morigerar la carga de los contribuyentes: reinstaló el plan de regularización de tasas y un régimen de bonificaciones para los sectores más castigados por la pandemia. Enseguida anunció que él, sus secretarios y los presidentes de entes no cobrarán el aguinaldo.

Esos gestos compensaron la determinación que estaba a punto de caer: el aumento de boleto. El incremento a $ 51,80 desde el 21 de junio y a $ 59,90 a partir de septiembre, que responde a la espiral inflacionaria, es decididamente menor al que había arrojado el estudio técnico de la Subsecretaría de Movilidad Urbana ($ 93,69) y al pedido que habían hecho los empresarios ($ 96,06), pero igual supone un costo político para el intendente en plena pandemia.

Montenegro se aseguró de que quedara en claro que la falta de mayores aportes nacionales y provinciales no permite establecer una cifra menor. Las gestiones que compartió con el intendente de Rosario, Pablo Javkin, y el de Córdoba, Martín Llaryora, buscaron reflejar la clara discriminación que sufre el interior en el reparto de subsidios. También hubo reuniones e intercambio de llamadas con el Ministerio de Transporte de la Nación, de las que habría surgido la promesa de reforzar las partidas con un monto común para las ciudades que estén fuera del área metropolitana de Buenos Aires.

La última novedad del transporte es la extensión de los contratos con las actuales concesionarias por un año y medio. El municipio confirmó que en ese plazo buscará licitar el servicio. Parece un tiempo razonable, pero en la práctica podría resultar insuficiente. Tic, tac, tic, tac. El reloj empieza a correr de nuevo. Y no hay margen para otro fracaso.