En un episodio inédito en la Justicia de Mar del Plata, un fiscal retiró la acusación contra el imputado de cometer un asalto después de que la víctima se negará a participar en las audiencias por tener miedo.

Sin embargo, el tribunal ante el cual se iba a desarrollar el debate calificó de inadmisible e irrazonable la solicitud del representante del Ministerio Público y ordenó reprogramar el juicio.

“Su actuación apresurada en este proceso genera una ruptura de las reglas del juego de tal entidad que puede provocar una pérdida de confianza o autoridad por parte de la ciudadanía en la administración de justicia”, señaló el juez Roberto Falcone en su resolución que fue acompañada por sus colegas Nestor Conti y Alfredo Deleonardis.

El caso que derivó en esta controversia judicial se inició con una investigación del fiscal Marcelo Yanez Urrutia, del Fuero de Menores, en la que se reunió prueba para elevar a juicio a una persona mayor de edad –interviene menores porque había un segundo imputado adolescente- por el asalto a un taxista a mano armada.

El delito imputado fue el de robo doblemente agravado por el uso de arma y por ser cometido en poblado y en banda y resistencia a la autoridad.

El fiscal introdujo su decisión de desistir de la acusación porque el taxista víctima del hecho se negaba a participar, primero por aducir un viaje y luego, por tener miedo. Este último factor habría sido el verdadero y gravitante.

El pedido de juicio se introdujo en enero de 2009 y luego de los cabildeos procesales se sorteó el Tribunal y el debate recayó en el Oral Criminal Nº2.

En el mes de marzo de ese año se realizó la audiencia de presentación de prueba pero fue un trámite que se dilató por la imposibilidad de notificar al imputado, quien, en otras palabras, se fugó.

Finalmente en mayo de 2015 el hombre acusado de perpetrar el asalto contra el taxista se presente en sede judicial y se ajustó a derecho, acto que permitió establecer la fecha del juicio.

El 31 de agosto último se reunieron las partes ante el Tribunal para iniciar el debate, por un lado la defensa y por el otro el fiscal Guillermo Nicora, como representante del Ministerio Público. Pero en lugar de proseguir la natural estructura del juicio, el planteo inicial la desacomodó. Es que el fiscal introdujo su decisión de desistir de la acusación porque el taxista víctima del hecho se negaba a participar, primero por aducir un viaje y luego, por tener miedo. Este último factor habría sido el verdadero y gravitante.

Según consta en el expediente, la víctima le manifestó al fiscal que tenía un viaje programado y que no podría ir al juicio. Nicora aseguró que “le dije que sin su declaración no había posibilidad de continuar con el juicio. La víctima manifestó comprender esto. Así, considerando el art. 86 del ritual y entendiendo que traer por la fuerza pública a una víctima para decir que no se acuerda, resultaba ser una situación inviable e insostenible, por lo que hice desistir del comparendo a los policías. En ese sentido desisto de toda la prueba, no puedo pedir una condena sin prueba y al no tener elementos no puedo continuar con la acción pertinente”.

La defensa del imputado, sin sorprender a nadie, adhirió y pidió la “libre absolución de mi pupilo”.

Por último el fiscal reveló el que creía principal factor de reticencia del taxista. “En realidad no quería y no iba a venir a declarar (…) Creo que la víctima tiene miedo (…) Aunque lograra torcer su decisión, de qué manera podía convencer al Tribunal por este hecho solamente por las declaraciones policiales y unos indicios posteriores encontrados en circunstancias que la defensa iba a cuestionar. Incluso si los policías venían y daban explicaciones de los hechos, todo dependía de que el taxista señalara quienes eran los que lo habían asaltado. La víctima me dijo que no iba a exponerse y que no iba a declarar en contra del imputado.”

En el contexto actual en el que delincuentes amenazan a las víctimas de sus propios delitos, si la Justicia no le da respaldo, el sistema colapsaría.

Ante esta situación inesperada los jueces del Tribunal interrumpieron el juicio y se reunieron para definir los pasos a seguir. En la jornada de ayer se conoció la contundente respuesta: ordenó reprogramar el juicio, comunicar a la defensa y pedir al fiscal general Fabián Fernández Garello que decida qué nuevo fiscal continuará ejerciendo la acción.

Para resolver en ese sentido los jueces utilizaron argumentos técnicos que podrían resumirse en que el Tribunal tiene custodia sobre la legalidad de los actos y que no se halla indefenso ante un incumplimiento de las partes. Es decir que, en todo caso, si el fiscal pierde una prueba importante de cara al debate, deberá convencer a los jueces con la prueba remanente. El peor rédito para el acusador sería que no convenza a los jueces, pero eso solo puede suceder durante un juicio.

Además, en su fallo el Tribunal advirtió una consecuencia gravísima: que podría “sentarse un precedente cuanto menos controvertido si se convalidara el retiro de la acusación fiscal con fundamento en el temor de una víctima”.

En el contexto actual en el que delincuentes amenazan a las víctimas de sus propios delitos, si la Justicia no le da respaldo, el sistema colapsaría.

Por todo ello, el pedido del fiscal fue rechazado y ahora se deberá reprogramar el juicio.