por María Aguirre y Maru Laudonia

El 40 por ciento de las embarazadas de la provincia de Buenos Aires, aproximadamente 116 mil, migra por año a la Capital Federal para atender sus partos debido a que el sistema de salud bonaerense es deficitario y está atravesado por la falta de profesionales, equipamiento e infraestructura.

Los servicios de maternidad, neonatología y pediatría son algunos de los más afectados en los hospitales del mayor distrito del país por la carencia de recursos humanos, en el marco de un sistema sanitario “desarticulado y fragmentado”, según definió la ministra de Salud bonaerense, Zulma Ortiz, en una entrevista con Télam.

Para revertir esta situación, Ortiz apura el diseño de un plan que reorganizará e integrará todas las prestaciones en la provincia.

“El gran desafío no es sólo tener servicios que funcionen sino que los hospitales provinciales estén integrados en un sistema que contemple y complemente también al municipio, a la obra social y a las prepagas”, declaró Ortiz en una entrevista con Télam, en la que reconoció que Buenos Aires tiene un “problema serio de organización sanitaria”.

Reducir la mortalidad materna, neonatal e infantil está al tope de los 5 objetivos que trazó para su primera etapa de gestión el Ministerio de Salud bonaerense y que tiene como horizonte reducir en tres puntos -al menos inicialmente- los fallecimientos de los niños menores de cinco años.

La implementación de la Cobertura Universal de Salud (CUS), un sistema integrado de acceso a la atención sanitaria, la puesta en valor del Instituto Biológico para la producción de medicamentos y vacunas, y la creación de un programa de investigación provincial son otros de los pilares del plan del ministerio.

Fernando Corsiglia, presidente de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), aseguró que existe una “crisis de recursos humanos en el sistema de salud” que afecta principalmente al área pediátrica de los hospitales, las guardias y las terapias intensivas, pero que incide también en forma contundente en la ausencia de aspirantes a cubrir puestos de residentes.

Como ejemplos de esa problemática pueden mencionarse el cierre en octubre del año pasado del servicio de neonatología del Hospital Fiorito (Avellaneda) por falta de personal (tampoco funciona Maternidad) y la atención pediátrica parcial que se brinda tanto en el Hospital Petrona Cordero (San Fernando) como en el Bocalandro (Tres de Febrero) porque no cuentan con la cantidad necesaria de profesionales para cubrir el servicio semanal.

La gestión de Ortiz logró revertir este año situaciones similares que se daban en el Evita de Lanús, en el Vicente López y Planes, de General Rodríguez, y en el Lucio Meléndez, de Adrogué -estos dos últimos considerados entre los más deteriorados de la provincia- y reabrió salas de terapias intensivas pediátricas que estaban cerradas por falta de personal.

Estos hospitales forman parte un proyecto bonaerense que prevé la reconstrucción casi total de hospitales en situación de abandono, que se realizará en conjunto con el gobierno nacional, a partir del año próximo.

“Hasta ahora Nación, provincia y municipios arbitran de manera desarticulada y fragmentada, ahí empieza la problemática”, insistió la ministra y trazó como principal desafío la elaboración -junto a los municipios- de una estructura sanitaria que dé respuestas a las “necesidades del territorio en inversión y recursos humanos”.

Este proyecto bonaerense está en línea con el plan nacional recientemente lanzado que amplía la cobertura de salud para 15 millones de personas que no tienen cobertura privada y se atienden en hospitales.

Mientras tanto, a través de acuerdos y convenios con las comunas, la provincia irá ampliando el acceso y la cobertura de esos pacientes que deben buscar asistencia médica lejos de su casa porque en las salitas u hospitales de su barrio no cuentan con los tratamientos necesarios.

Este esquema ya fue puesto en marcha con los municipios de San Isidro, Vicente López y Tigre para atender enfermedades estacionales y ciclos epidemiológicos (como la bronqueolitis), que este año registraron un 25 por ciento más de internaciones de pacientes pediátricos (de los cuales el 15 por ciento fue a terapia intensiva), consignó la cartera de Salud.

“Si un niño nace con menos de 1.500 gramos de peso, o sea prematuramente, dependerá de dónde haya ocurrido el parto para que pueda tener acceso a una terapia intensiva neonatal o pueda ser trasladado fácilmente a un municipio que lo reciba”, graficó Ortiz y planteó como desafío de su gestión lograr que “el sistema acompañe ese tipo de derivaciones”.

Si no, en esos casos, las chances de sobrevida de los prematuros están atadas a las posibilidades geográficas, a la buena voluntad de los profesionales y a los recursos de las familias.

La provincia registra aproximadamente 290 mil embarazadas por año, de las cuales el 40 por ciento elige parir en la ciudad de Buenos Aires, explicó la ministra y -por eso- su gestión apuntará fuerte a “mejorar la oferta de servicios perinatales”, no sólo para evitar la migración a Capital Federal, sino también para que las embarazadas puedan atenderse en su propia localidad o comuna.

En la Matanza, el más grande y numeroso distrito de la provincia, nacen unos 10 mil niños sólo en el sector público (de un total de 29 mil). Hasta hace pocos años había apenas cinco maternidades y, por eso, los últimos hospitales inaugurados (Alberto Balestrini, René Favaloro y Néstor Kirchner) fueron ideados con un perfil materno-infantil.

Sin embargo, el Balestrini no funciona al ciento por ciento y el Favaloro y el Kirchner tienen sus obras interrumpidas y brindan servicios básicos.

“Nadie quiere un mal salario y peores condiciones de trabajo, ni siquiera los residentes, sobre todo si podes mudarte o viajar a Capital Federal, donde los sueldos y los centros asistenciales son un poco mejor”, planteó Corsiglia y advirtió que debería cubrirse el faltante de 1500 profesionales recién recibidos como un aporte al sistema.

La secretaria gremial de ATE, Vanina Rodríguez, alertó sobre las dificultades para el nombramiento de personal auxiliar en los centros de atención, a partir del decreto 618 de la gobernadora María Eugenia Vidal, que congeló nuevas contrataciones.

“Desde hace 25 años que no existe una real decisión política de invertir en salud”, concluyó.

Con la iniciativa “Quiero ser residente”, la provincia intenta volver más atractivas las condiciones laborales del sector público y frenar el éxodo de los médicos recién recibidos hacia al ámbito privado, a través de convenios con los municipios, que prevén 4500 becas para 700 puntos del distrito, salarios más altos y en algunas zonas, pasantías más extensas (de 4 a 7 años) y proyectos de viviendas.

Para el Cicop, debería aumentar cuatro puntos el presupuesto que se destina a salud en la provincia para abordar las problemáticas más urgentes y mejorar los salarios, pero desde el gobierno alertaron que, por ejemplo, duplicar los sueldos de los médicos y llevarlos de 15 mil a 30 mil equivaldría al 40 por ciento del total del cálculo anual de costos e ingresos de la provincia.

El Presupuesto bonaerense 2016 destina 22.544.682.600 pesos para que el Ministerio de Salud administre 79 hospitales, 17 Unidades de Pronta Atención (UPA) y 184 Centros de Prevención y Atención de Adicciones (CPA).

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con un presupuesto similar (22.838.135.479 pesos) para menos de la mitad de hospitales, en total 33.

En el caso de la provincia, el presupuesto en Salud representa el 6,3 por ciento del total, y en la ciudad es del 20 por ciento.

Por el momento, el Ministerio de Salud recomendó a la administración de María Eugenia Vidal posponer proyectos para la construcción de nuevos centros de salud y destinar, en cambio, las primeras acciones a poner en funciones los hospitales atravesados por graves déficits de personal y de infraestructura, o con sus servicios cerrados o interrumpidos.

(*): Del equipo de investigación de la Agencia Télam.