Por Ramiro Melucci

Treinta y cuatro días. Ese es el plazo de vigencia que le quedan a los contratos del transporte público de pasajeros. Tras el frustrado paso del pliego de licitación por el Concejo Deliberante, el municipio activó la batería de medidas para estirarlos, en un contexto dominado las carencias del sistema y las tensiones del año electoral.

Las intenciones del gobierno de Guillermo Montenegro quedaron plasmadas en los informes que elevó el subsecretario Legal y Técnico, Mauro Martinelli, a la comisión de Movilidad Urbana. Puntualizó que es posible una nueva extensión contractual por dos años o hasta que haya una nueva adjudicación y sostuvo que nada impide que el cuerpo legislativo declare, como solicitaron los empresarios, la emergencia del servicio.

La propuesta, que se debatirá mañana en comisión, es apelar al mismo artículo al que recurrió Carlos Arroyo hace dos años, después de que el Concejo no considerara su pliego licitatorio y rechazara la prórroga por tres años que permitían los contratos. Se trata del artículo 5° de la ordenanza 16789 (el pliego de 2005), que autoriza una continuidad de dos años con el requisito de notificar a los concesionarios con 30 días de anticipación. En aquella oportunidad, se determinó por decreto a fines de abril, cerca de dos meses antes del 19 de junio, la fecha límite.

La diferencia con aquel proceso es que el tratamiento del pliego demandó más tiempo. Recién después del naufragio legislativo el gobierno le dio las puntadas finales al plan B. ¿Por qué no antes, si igual hubiera sido necesaria una extensión contractual con la licitación aprobada, a la espera de la adjudicación? Porque la idea original era una continuidad por menos tiempo, hasta que entrara en vigencia el nuevo sistema.

Ahora el calendario apremia. Sobre todo porque, a diferencia de Arroyo, Montenegro busca un aval político del Concejo. El tiempo de las negociaciones tornaría imposible el aviso a las concesionarias con un mes de anticipación. En el gobierno aseguran que tal notificación no es necesaria si hay un entendimiento con las empresas. “Son las únicas que pueden objetar que no se les haya avisado sobre la continuidad, pero ya ven que el municipio transita ese camino”, justifican.

Para el gobierno municipal, es posible una nueva extensión contractual con los actuales concesionarios, por dos años o hasta que haya una nueva adjudicación 

En la oposición dudan sobre la posibilidad de otorgar una nueva extensión por dos años. Contra lo que indicó el dictamen legal, hay concejales que interpretan que eso era factible por única vez. Y otros que empezaron a consultar al Tribunal de Cuentas de la Provincia.

El plazo podría ser incluso menor. En la administración de Montenegro deslizan que con un año y medio les podría alcanzar para convocar a una licitación y adjudicarla. El enunciado, si se lee con detenimiento, contiene una novedad: el gobierno no da por muerto al pliego.

Después del estridente voto en contra de Alejandro Carrancio, la comisión de Legislación firmó un dictamen de archivo. Quiere decir que regresó a su comisión de origen: Movilidad Urbana. Allí, el oficialismo podría revertir el dictamen –tiene los votos para hacerlo– o archivarlo definitivamente. No hará ninguna de las dos cosas. El Ejecutivo pedirá el expediente para introducirle modificaciones y lo volverá a enviar al Concejo cuando estime pertinente. “Será este año”, anticipan en el gobierno. En otras palabras, el Servicio Integrado de Transporte Urbano (SITU) tendrá una nueva oportunidad.

El escenario podría aceptar además algunas excepcionalidades bajo el paraguas de la emergencia. Según datos de la Subsecretaría de Movilidad Urbana, durante la pandemia subió a los colectivos, en promedio, el 30% de los pasajeros que lo hacían antes. La caída abrupta fue en el primer confinamiento. Ahora el índice, según el gobierno, ronda el 50%.

El debate adquiere más temperatura por el pedido de las empresas de aumentar el boleto a $ 96, el estudio técnico del municipio que dio $ 93 y la postura política del Ejecutivo de no otorgar esa cifra. La jugada abrió un océano de interrogantes en el Concejo, donde escasean las voluntades dispuestas a avalar un incremento. Se impondría la delegación de facultades al intendente, como sucedió el año pasado. Al punto que la discusión subterránea ya no es aprobar el aumento o delegar, sino qué tope tarifario se le pondría a esa cesión de atribuciones.

Las razones por las que el municipio emitió la tarifa técnica al mismo tiempo que tomaba distancia de ella hay que rastrearla en la política. Que el boleto deba costar $ 93 pone de relieve la insuficiencia de los subsidios: en el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) compensan el 66% de los costos; acá no llegan al 33%, detalló la radical Vilma Baragiola. El pedido de mayores subsidios fue reiterado por Montenegro al ministro de Obras de la Nación, Gabriel Katopodis, en su última visita a Mar del Plata. ¿Por qué a él? Porque había reemplazado temporariamente al fallecido Mario Meoni en el Ministerio de Transporte antes de la llegada de Alexis Guerrera.

El mensaje que envía el municipio es claro: así como no quiere parecerse en nada al AMBA en las restricciones por la pandemia, anhela asemejarse a esa región en las condiciones para el funcionamiento del transporte público.

En el municipio dicen que con un año y medio les podría alcanzar para convocar a una licitación y adjudicarla. El enunciado contiene una novedad: el gobierno no da por muerto al pliego.

Con esa encrucijada de fondo, el intendente logró oficializar la incorporación de Mercedes Morro a su bloque menos de una semana después de la ruptura que motivó el voto negativo de Carrancio. Exhibió así su buena sintonía con el gastronómico Luis Barrionuevo.

El oficialismo busca ahora restarle protagonismo al ex presidente de la bancada. Con el argumento de que los lugares son de los bloques y no de los concejales, pugna por removerlo de comisiones claves. Por lo pronto, lo desplazarán de Legislación y le quitarán la vicepresidencia de Turismo. Consecuencias similares –incluso peores– sufrió Santiago Bonifatti cuando hace tres años dejó Acción Marplatense.

En el municipio también miran otras escenas de la película. Mientras el acuerdo con los municipales se hace esperar –en el último mes llevan seis días de paro–, las rendiciones de cuenta del primer año de Montenegro avanzan en el Concejo pese las críticas opositoras y los casos de coronavirus pegaron un salto en el último tramo de la semana, la dirigencia política aplaudió de pie el proyecto de ley para recategorizar a Mar del Plata como zona fría en el cuadro tarifario del gas, avalado por distintos bloques y firmado por Máximo Kirchner.

La iniciativa despierta expectativas tras 15 años plagados de reclamos contra los aumentos del gas, nutridos de recursos de amparo, de insistentes pedidos de recategorización y de un antecedente prácticamente olvidado: en 2017, el entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, otorgó a Mar del Plata y a otras localidades bonaerenses los umbrales de consumo de Bahía Blanca.  Una medida que en la práctica resultó insuficiente y que se chocó de frente con los tarifazos de esos años. De vez en cuando, la desmemoria tiene motivos de sobra.