Luego de que el Municipio adhiriera al sistema provincial de multas para quienes infrinjan restricciones en el marco de la pandemia, con sanciones de hasta 4,3 millones de pesos, el intendente Guillermo Montenegro se reunió hoy con los jueces de faltas y les pidió “máxima rigurosidad” con los organizadores de fiestas clandestinas, a quienes tildó de “irresponsables” que “ponen en riesgo la salud y el trabajo de los marplatenses”.

El viernes, tal como anticipó LA CAPITAL, mediante el decreto ad referéndum 0811/2021, firmado por el intendente Guillermo Montenegro y el secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, el Municipio adhirió formalmente al sistema de multas dispuesto por el gobierno provincial a través de los decretos 1/2021 y 242/202.

En ese marco, el jefe comunal recibió este lunes en el su despacho a los jueces de faltas Fernando Mumare, José Luis Oteiza y Pedro López Martucci para solicitarles “la máxima la rigurosidad” en los procesos administrativos para la aplicación de multas por la realización de fiestas clandestinas.

El intendente explicó que “es necesario que seamos muy estrictos y rigurosos con esto” ya que “los irresponsables deben sentir las consecuencias de semejante acto que pone en riesgo la salud y el trabajo de los marplatenses”.

“Sabemos que la mayoría de los contagios se da en los lugares donde no existen los protocolos. Ponen en riesgo no solo el sistema sanitario de la ciudad sino también el trabajo”, agregó.

Montenegro le pidió a los jueces que utilicen todos los recursos para que avancen estos procesos administrativos sobre las causas iniciadas por la organización de fiestas clandestinas, y paralelamente, recordó que quienes asisten también tendrán consecuencias penales por la violación de artículo 205 del Código Penal.

De la reunión también participó el secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti; y los subsecretarios Marcelo Cardoso (Inspección General), Julián Mascitti (Gobierno) y Mauro Martinelli (Legal y Técnica).

El decreto provincial contempla que el incumplimiento de las normas dictadas en el marco de la pandemia “dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el decreto-ley N°8841/1977“.

Este último, que como su denominación indica fue redactado por la junta militar en 1977 y sigue vigente, establece que el monto de las multas se fijará, cuando se trate de infracciones que involucren el “peligro o perjuicio para la seguridad, salubridad e higiene”, en hasta 500 sueldos básicos de categoría 5 por 30 horas de la administración pública provincial, equivalente hoy a aproximadamente a 4,3 millones de pesos.

De ahora en más, los jueces de faltas, encargados de determinar el monto de las multas, podrán decidir sancionar a los infractores de acuerdo a este indicador.

Naturalmente el valor de las multas es gradual: no será igual para quien no utilice barbijo que para quien cierre su comercio fuera de horario o para el organización de una fiesta clandestina. La determinación la tienen en su poder los jueces de faltas. Por lo pronto, el municipio está dispuesto a implementarlo principalmente en torno a las fiestas clandestinas.