El municipio de General Pueyrredon adhirió esta semana formalmente al sistema de multas diagramado por la provincia de Buenos Aires para aplicar sanciones económicas más duras, de hasta 4,3 millones de pesos, a quienes infrinjan las restricciones vigentes en el marco de la emergencia sanitaria.

El gobierno bonaerense endureció las restricciones que rigen a través del sistema de fases en los diferentes distritos con el objetivo de reducir los contagios. Las medidas fueron acompañadas, como anunció el gobernador Axel Kicillof a fines de abril, por un sistema de multas que sanciona a quienes no acaten las limitaciones dispuestas y que requiere la adhesión de los municipios.

El principal y más grave incumplimiento de las medidas vigentes, al menos en Mar del Plata, viene siendo la realización de distintos tipos de reuniones sociales, prohibidas por el Gobierno nacional en sintonía con lo que advierten los infectólogos: es allí, en fiestas y reuniones familiares o de amigos, donde hace tiempo está el principal foco de contagio de coronavirus.

Ante la continuidad de las reuniones pese a su prohibición, Kicillof confirmó que habrá multas “de hasta 4,5 millones de pesos” e invitó a los municipios a adherir a ese régimen.

Hasta ahora, la Municipalidad de General Pueyrredon realizaba infracciones bajo la ordenanza que fija sanciones de hasta un millón de pesos para los organizadores de fiestas clandestinas, pero no había adherido a este sistema provincial que permite no solo elevar el monto de las multas, sino a su vez integrar el fondo municipal por infracciones a la normativa Covid-19, que reintegra a los municipios los fondos provenientes del pago de las infracciones.

El viernes, mediante el decreto ad referéndum 0811/2021, firmado por el intendente Guillermo Montenegro y el secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, el municipio adhirió oficialmente al sistema y ya está facultado para aplicar multas de hasta $ 4,3 millones -monto máximo equivalente a 500 salarios de la administración bonaerense- a quienes incumplan las restricciones vigentes.

La semana pasada, el jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, especificó que las multas abarcan “todos los incumplimientos”, desde el no uso de barbijo en espacios donde es obligatorio utilizarlo hasta la realización de fiestas clandestinas, como así también a los comerciantes que no respeten el horario de apertura o cierre según la fase vigente o no apliquen el protocolo dispuesto para cada actividad.

Bianco indicó que el endurecimiento de las multas apunta a “cuidar la vida propia y la de los otros” y busca que “aquellos irresponsables que no quieran entender, lo hagan con multas bien altas, bien fuertes, para que con el bolsillo entiendan lo que con las neuronas no pueden”.

En la Fase 3 los comercios no esenciales deben cerrar a las 20 y la circulación está permitida hasta la medianoche.

El decreto

El secretario de Legal y Técnica del Gobierno municipal, Mauro Martinelli, explicó que la Provincia de Buenos Aires “decretó facultar a los municipios para adherir al sistema de fiscalización y juzgamiento de infracciones” y aclaró que “el mecanismo para adherir es mediante una ordenanza o un decreto ad referéndum”.

La gestión de Montenegro tomó el segundo camino. El funcionario confirmó que mediante el reciente decreto ad referéndum -que luego deberá ser convalidado por el Concejo Deliberante-, el municipio de General Pueyrredon “ya está adherido” al sistema de multas. El documento fue publicado en el Boletín Oficial de la Municipalidad y a su vez elevado a la Jefatura de Gabinete de Ministros.

El decreto especifica que el municipio “adhiere en todos sus términos a los decretos 1/2021 y 242/2021 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires” y a su vez arbitra a través de las áreas correspondientes “los medios necesarios para la implementación de dicha norma”.

El documento contempla que el incumplimiento de las normas dictadas en el marco de la pandemia “dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el decreto-ley N°8841/1977“.

Este último, que como su denominación indica fue redactado por la junta militar en 1977 y sigue vigente, establece que el monto de las multas se fijará, cuando se trate de infracciones que involucren el “peligro o perjuicio para la seguridad, salubridad e higiene”, en hasta 500 sueldos básicos de categoría 5 por 30 horas de la administración pública provincial, equivalente hoy a aproximadamente a 4,3 millones de pesos.

De ahora en más, los jueces de faltas, encargados de determinar el monto de las multas, podrán decidir sancionar a los infractores de acuerdo a este indicador.

Naturalmente el valor de las multas es gradual: no será igual para quien no utilice barbijo que para quien cierre su comercio fuera de horario o para el organización de una fiesta clandestina. La determinación la tienen en su poder los jueces de faltas. Por lo pronto, el municipio está dispuesto a implementarlo principalmente en torno a las fiestas clandestinas.

Reintegro de fondos

La Provincia de Buenos Aires creó a principios de este año el fondo municipal por infracciones a la normativa Covid-19, que permite el reintegro a los municipios de los fondos reunidos a partir del pago de multas.

Kicillof explicó que una vez que los municipios adhieran al sistema, se les habilitará un usuario para la gestión del trámite correspondiente a la emisión de las boletas de pago.

Cuando el infractor abona la multa, el dinero ingresa a una cuenta recaudatoria de la Provincia y luego ésta reintegra los fondos a la comuna que labró la infracción.

Al respecto, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, explicó que la Provincia trabaja con los 135 municipios para que actúen como “organismos de control de la normativa Covid” y especificó que es atribución de cada municipio el control del horario de cierre y apertura de los comercios y la gastronomía, entre otros puntos.

“Los fondos que ingresarán a las arcas provinciales provenientes de las infracciones labradas por los municipios, regresarán a los municipios”, sostuvo el vocero de la gestión de Kicillof.

En ese sentido, explicó cómo funciona el procedimiento: “Un agente municipal concurre al lugar, labra el acta y notifica al infractor, quien debe hacer un descargo. A los 60 días el municipio (a través de la Justicia de Faltas) debe determinar la sanción y su graduación. Luego se notifica la multa y se le entrega una boleta de pago para el Sistema Integrado de Emisión y Pagos No Impositivos, que se abona en el banco. Esos ingresos entran a las arcas de la Provincia y les son devueltos en un 100% a los municipios”.

Los tiempos de la justicia

Los inspectores municipales labran las actuaciones pero estas son remitidas a los juzgados de faltas.
Allí se inicia un proceso en el que el infractor puede concurrir a hacer su descargo y el juez resuelve el monto de la multa. Para algunas fiestas realizadas en verano se impartieron sanciones de entre 150.000 y 200.000 pesos. Sin embargo, el ciudadano puede apelar ante la justicia correccional.

Son procesos que “llevan un tiempo”, meses en la mayoría de los casos. Con esta adhesión al régimen de multas, destacan desde el Ejecutivo local, ahora los jueces de faltas “tienen más herramientas” para sancionar a quienes no respetan las normativas dispuestas a raíz de la pandemia.

– Fiestas y reuniones, foco de infracciones

– “Es muy elevado el cumplimiento de las normas en el comercio y la gastronomía”