En la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata comenzó este lunes el juicio oral y público a una organización integrada al menos por catorce varones y cuatro mujeres, que se dedicaba al abastecimiento de estupefacientes en la Villa Mateotti o Villa 35, en la zona sur de Mar del Plata, o en casas situadas en sus inmediaciones, para su comercialización. En la práctica, la zona resultó para la investigación judicial “un centro de acopio de marihuana y cocaína para su distribución al público consumidor”, y para ello los imputados y las imputadas habrían contado con protección policial.

La acusación será detallada por el fiscal general Juan Manuel Pettigiani el próximo lunes cuando se retome el debate, que preside el juez Roberto Falcone, acompañado por sus colegas del tribunal, Nicolás Toselli y Fernando Machado Pelloni. Sólo dos de los acusados estuvieron presentes en la sala junto a sus abogados defensores; el resto lo siguió por videoconferencia.

El barrio donde se desarrollaron los hechos es conocido con dos acepciones: “Mateotti”, por ser una de las calles de ingreso al asentamiento, que terminan de delimitar Mario Bravo, Benito Lynch y Talcahuano; y “35” porque se encuentra a escasos metros de la escuela primaria provincial N°35, donde también se emplazan el jardín 919 y la secundaria 47, lo que resulta uno de los agravantes imputados para el delito de comercialización de estupefacientes.

La teoría del caso que presentará el Ministerio Público Fiscal ha sido confirmada por los 13 imputados que rubricaron el acta de juicio abreviado, elevada al tribunal, que resolverá su convalidación –al final del debate- en conjunto con la sentencia que discernirá las responsabilidades de quienes afrontan el juicio oral y público: Luis David Novile, Orlando Ezequiel Menghini, Pedro Ismael González, Carlos Alberto Fernández y Darío Guillermo Fernández.

Durante la investigación, se logró determinar algunos nexos entre los acusados al igual que acciones delictivas. De acuerdo a la acusación fiscal, Novile conducía un automóvil para tareas de remís, aunque también le habría servido como una herramienta para el transporte de material estupefaciente que compraba en el barrio, por lo cual cobraba un extra. Cada vez que le llegaba un pedido a su celular, se comunicaba con un tercero, a quien le pedía “un 25”, “50 gramos” o “500 pesos”.

Novile, además, resulta ser medio hermano de Menghini, quien trabajaba en el servicio de calle de la comisaría Quinta. La fiscalía entendió en la investigación que intercambiaban información útil para la tarea policial que tenía asignada Menghini, quien a su vez, la trasmitía al ex agente de Drogas Ilícitas, González. La información era intercambiada, de acuerdo a la acusación, por el preaviso de los procedimientos que podían llegar a darse en el barrio, “logrando que los sujetos buscados por la justicia provincial se den a la fuga, o quienes tengan estupefacientes a la venta obtengan un cierto lapso de tiempo para que puedan esconder la mercadería y todos aquellos elementos que los incriminen”.

Los policías, de acuerdo a la acusación fiscal, habrían brindado la ayuda necesaria para el despliegue de la actividad ilícita. En tanto, Carlos Fernández habría sido uno de los principales proveedores de estupefacientes en “Villa Mateotti” y quien habría provisto a su hermano Darío la droga para la venta en la zona ubicada detrás del barrio SOIP.

La postergación de la lectura de la acusación para la próxima semana obedeció a que Carlos y Darío Fernández, quienes habían convenido un acuerdo de juicio abreviado, decidieron afrontar el juicio oral y público en los momentos previos al inicio del debate.