Buscan prohibir por ley las fiestas clandestinas en la provincia de Buenos Aires
La iniciativa fue presentada por la senadora oficialista Agustina Propato y pretende establecer fuertes sanciones a quienes organicen fiestas clandestinas
Una de las fiestas clandestinas desbaratadas en la ciudad. Advierten que "no hay contagio masivo" en lugares de trabajo, sino en las reuniones.
Un proyecto de ley presentado hoy en la Cámara de Senadores bonaerense busca prohibir las fiestas, encuentros o celebraciones clandestinas, en el marco de la pandemia de coronavirus con el objetivo de frenar los contagios.
La iniciativa, presentada por la senadora oficialista Agustina Propato, prevé un marco legal para la intervención de las autoridades frente a la detección de fiestas ilegales de más de diez personas mientras se encuentren en vigencia los decretos que regulan las actividades durante la emergencia sanitaria.
“Prohíbase en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires la realización de fiestas privadas, bailes, festejos, o celebraciones y de cualquier tipo de espectáculos de características similares que superen las 10 personas y por tanto sean consideradas ilegales o clandestinas, sean en espacios cerrados o al aire libre, mientras se encuentren vigentes los decretos 287/2020 y 135/2020“, señaló la propuesta parlamentaria.
Propato explicó en un comunicado que la “prioridad y la única campaña de este año, será la de vacunar y atender a todos y todas las bonaerenses” y dijo que el proyecto busca “fortalecer las medidas adoptadas por el gobernador Axel Kicillof, tendientes a mitigar los efectos de la pandemia”.
La iniciativa pretende establecer fuertes sanciones a quienes organicen fiestas clandestinas “para desalentarlas en el peor momento sanitario que atraviesa la provincia de Buenos Aires”.
Así, contempla clausuras y multas de hasta un 2.000% del haber mensual de un agente de seguridad bonaerense y arrestos de hasta 120 días para quienes incumplan.
La propuesta plantea las diferentes responsabilidades entre organizadores y propietarios de los espacios destinado para tal fin, cómo así también a los padres de los menores de edad, que serán solidariamente responsables de violar la normativa.
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