La Justicia Federal le ordenó al Poder Ejecutivo, tanto nacional como provincial, que vacunara contra el coronavirus a una joven de 27 que tiene Síndrome de Down y sufre de una cardiopatía.

El amparo lleva la firma del titular del Juzgado Federal N° 4 de Mar del Plata, Alfredo López, quien dio lugar al pedido de la mujer de recibir la vacuna contra el Covid-19.

La mujer es patrocinada por su padre abogado, Alejandro Vega, y el amparo obtenido podría sentar un precedente y generar una ola de presentaciones judiciales de otros ciudadanos en su misma condición. La demandante se había inscripto en el plan de vacunación contra el Covid-19 el 23 de febrero pasado. A pesar de que se trata de una paciente de riesgo, no fue llamada por el Estado y aún aguarda por su vacuna, mientras cursa sus estudios en la Escuela Secundaria para Adultos.

En el amparo, el juez López consideró que “dada la discapacidad de la accionante, ésta requiere una especial atención por parte de quienes deben proteger y garantizar sus derechos” y agregó que, si bien se anotó en el plan de vacunación “las autoridades no han establecido fecha cierta de vacunación”.

“Los derechos de las personas con discapacidad están resguardados por la Constitución Nacional y tratados internacionales, en los que se reconoce que tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud, sin discriminación por motivos de discapacidad. Surge acreditado en autos que la actora se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad, por lo que goza de la protección de todos los derechos constitucionales y convencionales por los cuales se debe velar para procurar su total cumplimiento”, remarcó el titular del Juzgado Federal N°4 de Mar del Plata.

De esta manera, el juez López ordena al Estado Nacional, Ministerio de Salud de la Nación, a la provincia de Buenos Aires y al Ministerio Salud de la provincia de Buenos Aires, en forma inmediata se le provea la vacuna a la demandante, con la aplicación correspondiente, con las dosis pertinentes.

En el amparo, el magistrado mencionó las “irregularidades” en torno al plan de vacunación y aclaró que el amparo se ordena “bajo responsabilidad de la requiriente, del Estado Nacional, de la Provincia de Buenos Aires y de las empresas que provean la vacuna”.