Fue noticia en Mar del Plata. Sobre el cierre de la semana pasada, y tal como lo adelantó este medio, concesionario de Playa Grande, a través de su abogado, solicitó a la justicia la detención del ex intendente Carlos Arroyo, del ex de Hacienda, Hernán Mourelle, del ex de Educación, Luis Distefano y de quien fuera director de la secretaría privada, Ricardo Gutiérrez. Además, se reclamó que los cuatro sean llamados a prestar declaración como imputados, en relación a la causa en la que se investiga el acuerdo transaccional firmado por la comuna con la firma Playa Azul SA, concesionaria de las cocheras de Playa Grande, a través de la cual, a cambio de la realización de una serie de obras (no intervino el Concejo Deliberante) se le autorizaba a habilitar un boliche bailable en ese espacio, lo cual generó una serie de polémicas y medidas previas encaradas por el resto de los concesionarios de ese sector. En la denuncia judicial del concesionario Sergio Goransky se hace hincapié en que el decreto correspondiente fue firmado entre gallos y medianoche.

De hecho, lo escandaloso del caso fue que, según la denuncia, el ex intendente Arroyo, quien en la mañana del 10 de diciembre debía entregarle el cargo al actual intendente Guillermo Montenegro, horas antes, el 9 de diciembre, estampó su firma en el referido documento. Un decreto que, cabe recordarlo, fue anulado por Montenegro a horas de haber asumido, teniendo en cuenta que el mismo no contaba con el respaldo de los dictámenes técnicos, contables y legales, careciendo del refrendo obligatorio de los secretarios auxiliares de las áreas competentes. En definitiva, nadie quería dejar los dedos pegados…

Hasta allí, parte de la denuncia. Hasta el momento no se habían expresado los responsables de haber firmado el citado decreto. Sin embargo, conocido este pedido a la justicia, quien hizo pública su posición fue el ex secretario de Educación, Luis Distefano, en su cuenta de Facebook. El ex funcionario -son muchos los que sostienen que pecó de ingenuo en toda esta novela- terminó reconociendo que firmó el decreto dos horas antes de que finalizara su mandato, y en una escuela donde estaba dando clases. “Si bien el borrador del decreto con la intervención de la secretaria de Educación fue remitido a la subsecretaria de Coordinación Administrativa el 29 de octubre de 2019, me fue alcanzado para su firma definitiva dos horas antes de finalizar el mandato, a la puerta de la escuela donde daba clases, en manos de los funcionarios Ricardo Gutiérrez y Matilde Ladrón de Guevara”, admitió. Un testimonio que coincide con lo que, entre otras cosas se denunció. También resalta Distefano que a la fecha, y luego de un año y cuatro meses de finalizar la gestión, “no he recibido siquiera una citación para declarar al respecto”. Seguramente la recibirá en los próximos días…

“Absolutamente confirmado que se trataba de algo turbio que quisieron sacar cuando ya estaban yéndose de la función pública, quién sabe con qué intereses”, se señalaba en Playa Grande, conocidos los dichos de Distefano. De hecho, en la presentación judicial se hace especial hincapié en el tema. “Todo se hizo a espaldas de los funcionarios más cercanos al intendente”, se apunta en el escrito presentado en sede judicial, remarcándose que el 9 de diciembre, a apenas un día de abandonar su cargo en el municipio, y a menos de una semana de haber sido ingresada la denuncia que diera inicio a este proceso, Arroyo firmo el polémico decreto. Los denunciantes avalaron esta posición debiéndose recordar que en su declaración como testigo, el ex secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, dijo que el último día de la gestión saliente se realizó en el hall del municipio un ágape a las 19.30 y que hasta ese momento no tenía conocimiento del decreto. “Me enteré al otro día a través de los medios de comunicación”, reveló Vicente, uno de los funcionarios de mayor confianza de Arroyo. Similar resultó la declaración del ex secretario Legal y Técnico, Gustavo Gil de Muro. El 9 de diciembre se retiró con sus pertenencias de la Municipalidad a las 20.15 (último día de función, conviene recordarlo). “A esa hora desconocía si el decreto estaba firmado o no y quién lo había refrendado. Me enteré al día siguiente por los medios de prensa”, confesó.

“De esta forma, -y a pesar de que el intendente actual suspendió de inmediato el decreto firmado a horas de finalizar el mandato de Arroyo- es que se le dio cierre al plan delictivo establecido a los fines de aprobar la construcción de una confitería bailable en el estacionamiento de Playa Grande, proyecto en el que el acusado, según sus propios dichos, tenía un especial interés. Ello en directo perjuicio de todos los concesionarios de Playa Grande”, se sostiene en el escrito presentado ante la justicia por el abogado César Sivo, patrocinante de Goransky. Conviene recordar que el artículo 265 del Código Penal dispone que “será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo”. En definitiva, aparece como más que comprometida la situación judicial del ex intendente y algunos de sus ex colaboradores.

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El letrado también argumenta el pedido de detenciones, esencialmente en la peligrosidad procesal que “objetivamente es dable desprender, en primer orden, de la penalidad en expectativa que se sigue para los delitos que son objeto de reproche, las que para los casos de Arroyo, Mourelle y Gutiérrez superan los ocho años de prisión en su máximo de expectativa”. En el caso de Mourelle, se hace hincapié en su carácter de foráneo, lo cual “disminuye de manera drástica los niveles de arraigo, tan importantes a la hora de valorar el peligro para la investigación que la libertad absoluta implica”. Asimismo, se resalta que “no es esta la única pesquisa que involucra a los aquí requeridos, siendo que se han proferido multiplicidad de denuncias penales contra el accionar delictivo que han desplegado durante el tiempo en el que se encontraron en funciones”.

En el caso de Mourelle, por ejemplo, cabe recordarlo, tiene una denuncia por “daños y perjuicios y afectación a la dignidad”, presentada por el contador municipal Guillermo Costanzo. El ex secretario de Hacienda no concurrió a la audiencia de conciliación. También tiene otra denuncia similar presentada en forma conjunta por el ex secretario de Gobierno, Alejandro Vicente y el ex de Legal y Técnica, Gil de Muro. De hecho, tanto Costanzo como Vicente y Gil de Muro debieron acudir a un escribano para poder notificar a Mourelle a través de sendas cartas documento, lo cual se concretó en un recordado y “fellinesco” episodio registrado en el hall del palacio municipal, poco después de que Arroyo echara a quien meses antes había calificado como “el mejor secretario de Economía de la historia de la Municipalidad”.

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No se agotan allí las presentaciones contra el ex titular de Hacienda. En sede judicial también se tramita una denuncia por acoso sexual presentada contra él por una empleada municipal, Daiana Yanina Mongiardini Siano. De hecho, el próximo 21 de abril se le completará la pericia a la denunciante en la causa, iniciada el 27 de agosto de 2018, que se tramita en el juzgado de Garantías Nº2. Mientras tanto, el Tribunal de Cuentas de la Provincia sigue acumulando observaciones contra medidas adoptadas por Mourelle a lo largo de su gestión en el ámbito municipal.

Fue precisamente Mourelle, junto al ex intendente Carlos Arroyo, quien ideó y defendió a rajatabla la decisión de quitarle la bonificación a los docentes municipales, situación que se judicializó incluso con el enfrentamiento -inédito en una gestión comunal- entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante que sistemáticamente rechazó esta medida. De hecho, el actual intendente restituyó ese histórico beneficio a los docentes municipales a quienes “les metieron la mano en el bolsillo”, a los pocos días de haber asumido. Lo hizo Montenegro pero idéntica medida hubiera adoptado cualquier otro intendente ya que todos los candidatos, en la última campaña electoral, se comprometieron, firmando un documento, a restablecer esa bonificación. Firmaron todos, claro está, salvo Arroyo, quien en esos comicios en los cuales buscaba la reelección logró cosechar el 3 por ciento de los votos.

Lo cierto es que la justicia también sigue actuando en el tema. Y acaba de ordenar que se le abone a un docente municipal damnificado, todo lo que no percibió desde el momento en que se interrumpió el pago de esta bonificación, hasta que lo restituyó Montenegro. El juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 de Mar del Plata reconoció el derecho de un docente municipal de percibir la bonificación especial interrumpida el 25 de octubre de 2018 -decreto 2272- y condenó al municipio a abonar el importante que resulte de la liquidación más los intereses, en el plazo de 30 días corridos. “El juez definió que corresponde abonar el retroactivo, que, en definitiva, es el fondo de la cuestión”, admitieron en la comuna, desde donde se apelará la decisión. “Otro regalito del peor gobierno que se recuerde en la ciudad. La jodita y el capricho de Arroyo y Mourelle le van a salir caros a todos los marplatenses. Todos sabíamos que esto iba a suceder… La resolución del juez sienta un precedente clave que llevaría al municipio, a los marplatenses y batanenses en definitiva, a tener que pagar una millonada por el error de la gestión anterior”, resaltaban desde cercanías del actual jefe comunal.

En tal sentido, trascendió que, en caso de quedar fija la medida y siendo abarcativa para todos los docentes municipales que resultaron afectados, hoy debería erogarse una suma cercana a los 170 millones de pesos. “Sería saludable la autocrítica de quienes cometieron esta torpeza y del par de cantamañanas, hoy en la reconversión, que, le hicieron creer a Arroyo que era un estadista”, pedía en vano el actual funcionario que sigue sin comprender como pudieron cometerse tantas barbaridades en tan corto lapso. “Al menos -dijo el secretario del actual gabinete- el Tribunal de Cuentas va a sancionar a quien emitió este acto administrativo contrario a la ley, y le va a poner cargo pecuniario por los intereses y las costas judiciales, en caso de que quede firme la sentencia. Para Arroyo va a ser un cargo millonario”, dijo y especuló con que eso puede llegar a concretarse recién en el próximo gobierno municipal teniendo en cuenta que, inexorablemente, este planteo terminará llegando a la Corte.

Arroyo, en tanto, ya viene acumulando sanciones del Tribunal de Cuentas por algunos de sus desaguisados. Por el ejercicio 2018, el ex intendente fue multado con 60 mil pesos y se le establecieron cargos por 20.974,41 pesos. Hernán Mourelle sólo fue multado por 15 mil pesos. En el ejercicio 2017, la multa para Arroyo fue de 40.000 pesos y los cargos por 808.658,56 pesos mientras que el ex titular de Hacienda fue multado con 20.000 pesos. Por el ejercicio 2016, en tanto, Arroyo fue multado por el Tribunal de Cuentas de la Provincia por 60.769 pesos y se le registraron cargos por 15.063.478 de pesos. En síntesis, computando tres años de análisis, el Tribunal dispuso multas para Arroyo por 160.769 pesos y cargos por 15.893.110 pesos. Aún restan las sanciones por el 2019, último año de su olvidable gestión.