El titular del Juzgado Federal N°1 de Mar del Plata, Santiago Inchausti, ordenó el llamado a indagatoria de dos hombres acusados de violar la normativa vigente y generar un alto riesgo de propagación del COVID-19 al organizar al menos cuatro fiestas clandestinas en una vivienda del barrio Montemar.

Así lo había solicitado la Fiscalía Federal N°2, que también requirió el secuestro de sus teléfonos celulares, desde los cuales se pudieron haber realizado las convocatorias a través de redes sociales y/o mensajería instantánea. Uno de los imputados es un empresario de la noche, situación que le habría facilitado la organización.

La situación fue denunciada en reiteradas oportunidades por los vecinos y vecinas del barrio, y se constató que al menos el 16 de agosto de 2020, el 29 y 31 de enero, y el 14 de febrero de 2021, en plena pandemia, se realizaron eventos con gran cantidad de personas, lo que se enmarcaría en los delitos previstos y reprimidos en los artículos 205 y 239 del Código Penal.

Las fiestas se organizaron en una vivienda situada en la calle Calazans, del barrio Montemar, en la zona norte de Mar del Plata, y contaron con gran concurrencia, lo que llevó a vecinos y vecinas a alertar a autoridades municipales y policiales de la situación. De esta manera, se lograron constatar cuatro eventos clandestinos: una en agosto pasado, dos en enero y el cuarto en febrero. En una de las ocasiones, no sólo se observó una gran cantidad de vehículos en el patio delantero y música a alto volumen, sino que también se detectaron personas entrando y saliendo de la vivienda con pulseras fucsias, como si se tratara de una fiesta vip.

Acumulación de denuncias

Vecinos del inmueble declararon, en el marco de la investigación, que desde hacía meses las fiestas en el lugar eran recurrentes, que incluso se realizaban varias por semana, en horarios disímiles y haciendo caso omiso a las intervenciones policiales. De hecho, son 15 las denuncias acumuladas en la línea de WhatsApp de la Secretaría de Seguridad municipal. De acuerdo a la cantidad de automóviles identificados, se estima que al menos concurrieron a las fiestas clandestinas unas 30 personas, que serían organizadas por quienes son inquilinos en el lugar. Uno de ellos es dueño de un reconocido bar de esparcimiento nocturno de la ciudad, por lo que no se descarta en la investigación que haya hecho abuso de dicha condición para la realización de las fiestas en su domicilio particular.

“La organización reiterada por parte de los imputados de eventos masivos como los que aquí nos convocan (fiestas sin ningún tipo de habilitación ni control del Estado, en una casa alquilada, para un importante número de personas y en franca violación a la normativa vigente) sin duda implicó un alto riesgo de propagación de la enfermedad COVID 19”, sostuvo en su acusación el Ministerio Público Fiscal, a través de la actuación del auxiliar fiscal Hércules Giffi.