Por Jorge Raventos

Las cifras de contagios, internaciones y muertes relacionados con el Covid 19 no dejan de trepar y quebrar records. No sólo el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, considera que la segunda ola de la pandemia adopta en el país los rasgos de un tsunami.

Con imágenes no tan hiperbólicas, que se corresponden con su estilo más mesurado, el doctor Fernán Quirós, ministro de Salud porteño, coincide en la notable envergadura de esta etapa de continuidad y reencarnación de la peste, sobre la que él venía alertando hace semanas.

La opinión virtualmente unánime de los especialistas (infectólogos,epidemiólogos, etc.) concuerda en asignar extrema seriedad a la situación y en recomendar medidas tendientes a impedir la circulación del virus mientras no se alcancen los niveles de inmunidad que se esperan de las vacunas.

La caja de herramientas

En este sentido el mundo no ha inventado muchas herramientas el barbijo  (de rigor; en España se exige hasta en las playas), el distanciamiento social,  distintas formas de confinamiento (localizado en las zonas más afectadas o de alcance nacional) restricciones fronterizas y fuertes limitaciones al tránsito interno.

En Francia, desde el 20 de marzo,  el toque de queda en París y un gran número de ciudades y pueblos dejó de ser parcial -por unas horas-   y pasó a cubrir el día completo.  En Bélgica, hasta para las compras cotidianas hay que solicitar turno en los comercios y las escuelas y universidades permanecerán cerradas por lo menos hasta fin de mes. Varias regiones españolas restringieron  la movilidad interna de sus ciudadanos en Semana Santa.

La alemana Angela Merkel, partidaria de medidas  más estrictas que las ya vigentes (ella propone un confinamiento nacional), por ahora está trabada por la presión de varios estados federados (länder) que no quieren afectar la economía. “La cuestión central es la salud, y la economía viene después”, acaba de recordarle el expresidente brasilero Fernando Henrique Cardoso a su colega en funciones, Jair Bolsonaro, que subestimó largamente la pandemia y rechazó las restricciones en nombre de la apertura de la economía.

El caso chileno muestra que, en ciertas circunstancias  amenazantes, ni siquiera una buena campaña de vacunación exime de decisiones  rigurosas. Pese a su gran eficacia para  llegar velozmente a la población con las vacunas (en poco más de un mes y medio Chile alcanzó a seis millones de personas, un 40 por ciento de su población adulta) el país se encuentra con los servicios de terapia intensiva desbordados, un incremento  de contagios, de enfermos graves y fallecimientos. En Chile rige el toque de queda  desde hace casi un año; ahora se ha vuelto más extenso: a partir del 5 de abril se inicia a las 9 de la noche. Y el gobierno de Sebastián Piñera decidió cerrar las fronteras.

La Organización Mundial de la Salud advirtió que  las vacunas “son sólo una de las herramientas para frenar los contagios y no se puede descansar sólo en ellas, hay que seguir tomando el resto de medidas (distanciamiento físico, higiene de manos, ventilación,  evitar lugares concurridos)”.

El viernes una pequeña manifestación protestó frente a la Casa Rosada contra las medidas restrictivas que ha decidido el gobierno. Algunos de los protestantes argumentaban que “el Covid es un invento”. Otros sectores hipercríticos han cuestionado al gobierno por la falta de vacunas y ahora censuran también las medidas destinadas a disminuir la circulación del virus.

Justamente en una Argentina en la que las vacunas han escaseado resulta evidente que, ante “el tsunami”, es más imprescindible aún recurrir a los instrumentos tradicionales. Esto fue lo que resolvió  Fernández, en imprescindibles consultas con los mandatarios provinciales y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Con Horacio Rodríguez Larreta, que además de jefe de gobierno es presidente del Pro porteño, hubo tire y afloje sobre el tema de las restricciones. Larreta siente la presión del ala dura de su partido y de  Juntos por el Cambio.  Convencido de que lo astuto es acordar, Larreta tiene simultáneamente que mostrarle a su electorado más intolerante que él no es un capitulador y naturalmente debe exhibir una cuota de resistencia. Así, expuso sus objeciones y luego se refugió en su responsabilidad institucional para aclarar que “aunque estoy en desacuerdo, acataré”.

“No siento que hayamos tenido diferencias -señaló por su parte el Presidente-, creo que nos pusimos de acuerdo. No sé si a él le gusta más o le gusta menos el cierre del tránsito a la noche, pero lo que sí sé es que cuando habló conmigo compartió que la circulación nocturna, como convoca al vínculo social, tiene un efecto muy perjudicial a la hora de los contagios, por eso se ha cerrado la nocturnidad en todo el mundo, no es que se me ocurrió a mí”.

Las restricciones son, en principio, por tres semanas. El gobierno confía en que la vacunación adquirirá velocidad de ahora en más. El ministerio de Salud anunció que ya se han vacunado más de cuatro millones y medio de personas con la primera dosis y que a mediados de mes (es decir, en una semana) serán distribuidas una partida de las vacunas provistas por el sistema de la OMS, otra importante cuota de vacunas chinas  y  el reinicio de las provisiones de Astra Zeneca, que en mayo seguirá normalizando sus entregas.

En este último punto conviene dar el crédito al sistema de la Cancillería argentina, que a través del ministro Felipe Solá y del embajador en Washington, Jorge Argüello, consiguió remover un obstáculo que bloqueaba el mecanismo de producción de esas vacunas.

La firma  MABXscience, que produce en Argentina las dosis de la vacuna, debía por contrato hacerlas envasar en México, pero por una disposición del gobierno de Estados Unidos (Donald Trump) la firma no pudo recibir insumos norteamericanos indispensables, de exportación prohibida por esa disposición que Trump hizo aplicar. Y cuya vigencia Joe Biden extendió.

Una semana atrás, el canciller Solá conversó telefónicamente con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken y  en ese cordial intercambio planteó el tema de las dificultad con aquellos insumos. La traba acaba de levantarse y en mayo  comenzarán a envasarse en México las vacunas producidas en la planta de Garín, provincia de Buenos Aires, lo que permitirá normalizar  la recepción de la vacuna (contractualmente Astra Zeneca había  comprometido seis millones de dosis “para el primer semestre”)

Vacunas y rumores de mercado 

El episodio permite comprender mejor todos los entreveros que condicionan la obtención de vacunas a los países que no son potencias. Desde la competencia descarnada de quienes están en mejores condiciones de pagar más alto o presionar políticamente, a la aplicación de normas internas de un país poderoso que pueden frenar una línea de producción por un detalle.

Conviene, pues, no banalizar los temas serios. Una explicación simplificadora que solía ofrecerse en las últimas semanas desde usinas hipercríticas consistía en afirmar que el gobierno “monopolizaba” con un interés faccioso la compra de vacunas y prohibía a distritos o a sectores privados (institutos o farmacias) hacerlo.

Ese argumento, urdido con interés político, era luego amplificado sin mayor verificación por repetidoras mediáticas. El último miércoles el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, lo desmanteló con elegancia: “Ese es un error que se está magnificando. Las provincias y el Gobierno de la Ciudad pueden comprar vacunas por su cuenta y los privados también. No está prohibido en Argentina. En la ley de vacunas que se aprobó el año pasado está muy claro”.

Rápidamente, el gobierno de la ciudad (y tras él, otros distritos administrados por Juntos por el Cambio) declaró que  saldría a comprar vacunas: “Ahora que la compra no está centralizada -declaró con picardía el jefe de gabinete del gobierno porteño, Felipe Miguel-  vamos a hacer todos los esfuerzos”. Cafiero insistió en que la  presunta centralización no había existido, era sólo un error que se había generalizado y no estaba contemplado en las normas: “De hecho, la ley de compra de vacunas  se aprobó en el congreso el año pasado y  hasta incluso tuvo el apoyo de miembros de la oposición”.

Algunos lo tenían claro desde antes. Por ejemplo, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires: “El debate para acceder a una vacuna que pueda ser aplicada en los próximos dos meses es un debate que no es posible de resolver a través de contrataciones -explicó el doctor Quirós-, porque serían recién para fin de año o el año que viene”. Seguramente el eficaz  titular de la cartera sanitaria porteña no quiso extenderse en la respuesta (ni usarla anticipadamente) para no herir a sectores de su propia coalición (o de su periferia propagandística) que son los que han venido batiendo ese parche para explotar la cuestión vacunatoria, en la que el gobierno ha afrontado dificultades de otro orden (así como grandes errores no forzados).

Pese al argumento del doctor Quirós,  el sector político del gobierno porteño no ha querido desaprovechar la ocasión de exhibir dinamismo y buenos reflejos. Confían, además,  en que la muy exitosa vacunación que ya ha llevado a cabo Estados Unidos disminuya la presión de demanda en el mercado y abra la oportunidad de acceder a algunas partidas. En caso de conseguir dosis de Pfizer, por pocos que fueran, Larreta  se adjudicaría un éxito simbólico.

¿Manipulación o coincidencia política?

Otro tema sobre el que se han sembrado sospechas en relación con las restricciones antipandemia es el del designio político. ¿El gobierno  usa la peste como argumento para cambiar el calendario electoral de este año, con una postergación de las elecciones primarias “simultáneas y obligatorias” (PASO)?. ¿La apelación al coronavirus es una “manipulación electoralista”?.

Un prestigioso analista político a quien nadie podría señalar como afín al oficialismo, Carlos Pagni, desplegó el último jueves una serie de argumentos inapelables sobre el tema.

“La razón en la que se justifica la manipulación del calendario electoral es la disparada de la pandemia. Algunos dirigentes de la oposición no se animan a discutir en público esa presentación del problema. Más aún: las autoridades porteñas la comparten”.

 En rigor, de la información que prodiga Pagni parecería deducirse que el interés en modificar las fechas no es una exclusividad del oficialismo.

La Coalición Cívica, con Elisa Carrió a la cabeza- observa el comentario- no se opondría a la postergación porque “en la medida que se pueda, hay que eludir el conflicto” ya que, según Carrió, “la democracia corre el riesgo de que un desencanto generalizado provoque un colapso que abra puertas a lo desconocido.” Además, entre otros criterios menos dramáticos para aceptar la postergación estaría – dice Pagni-  que “Juntos por el Cambio necesita más tiempo para ordenar su situación interna”.

 No sólo Carrió y Larreta, según este enfoque, acompañarían la idea de cambiar la fecha electoral. Hasta Mauricio Macri se habría mostrado predispuesto: “Esperemos a que nos digan qué quieren. Si es algo razonable, no tendremos formas de rechazarlo”. Quizás esto explique porqué  el primo Jorge -intendente de Vicente López y una de las cabezas del grupo de barones Pro del conurbano que articula con el expresidente- fue uno de los dos dirigentes cambiemitas que  una semana antes conversó sobre el tema  con Sergio Massa, Máximo Kirchner y los ministros Wado de Pedro y Gabriel Katopodis en la Casa Rosada. Habrá ido a ver si oía algo razonable.

En definitiva, más que ante una manipulación electoralista del gobierno se estaría ante el lento, trabajoso tejido de un acuerdo  basado en conveniencias políticas convergentes y  todavía enredado porque, como señala Pagni, en la oposición “aún no se ha logrado un consenso sobre lo que conviene hacer”.

La postergación que se está conversando, en rigor, no es nada exagerado: se trataría de un mes: pasar las primarias de agosto (invierno) a septiembre (primavera) para que las multitudes votantes estén menos expuestas a un clima que puede favorecer al virus. El retraso de las PASO empujaría a la elección general de octubre a noviembre.

La postergación que se está conversando, en rigor, no es nada exagerado: se trataría de un mes: pasar las primarias de agosto (invierno) a septiembre (primavera) para que las multitudes votantes estén menos expuestas a un clima que puede favorecer al virus. El retraso de las PASO empujaría a la elección general de octubre a noviembre.

Aunque ese cambio mostraría la razonabilidad a la que aludía Macri,  seguramente su aliada Patricia Bullrich, que ha decidido expresar al antioficialismo más exaltado, expondrá su reticencia. También lo haría un sector del radicalismo.  “La posición de la UCR, expresada sobre todo por Alfredo Cornejo, es -considera Pagni-  aferrarse a las pautas actuales, al menos para que el oficialismo pague un costo mayor con el cambio”.

Pero el analista señala un hecho curioso: “la negativa a una postergación se basa, en muchos casos, en una coincidencia con el Gobierno: el paso del tiempo mejorará el clima económico y social. La inflación cederá un poco por el atraso cambiario y con el transcurso de los meses habrá más gente vacunada”.

Se trataría de un pronóstico muy optimista, especialmente si su origen es la oposición: menos inflación y más vacunas (y a no tan largo plazo).  ¿Se deduce de él un resultado electoral?