El intendente Carlos Fernando Arroyo elevó a consideración del Honorable Concejo Deliberante un convenio marco de cooperación técnico institucional entre General Pueyrredon y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional La Plata. El proyecto referido a fotomultas fue severamente cuestionado por diversos sectores habida cuenta que “la recaudación que le quedaría al municipio resta mucho de ser la mejor”, explicaron en su momento fuentes consultadas.
“El objetivo de dicho acuerdo es el desarrollo de un programa municipal de Tránsito, Seguridad Vial y Movilidad Urbana sustentable para el partido. Al respecto, el secretario de Gobierno Alejandro Vicente explicó que “se elevó un proyecto de convenio por parte del Ejecutivo a los fines de que se apruebe con la Universidad Tecnológica Nacional y que se permita implementar y desarrollar en General Pueyrredon un sistema de prevención vial de reducción de la siniestralidad y detección de infracciones de tránsito que ponen en riesgo la vida y la salud de los vecinos”.
“Buscamos reducir la siniestralidad, valorizando la vida y el cuidado de todos los vecinos, haciendo una ciudad más amigable”, declaró el funcionario. “Es similar al sistema implementado en ciudades como La Plata, Tigre, Vicente López y San Fernando, entre otros municipios de la provincia. Cuenta con el aval de la Asesoría General de Gobierno de la Provincia y tiene la particularidad de que todo el equipamiento y la capacitación estará a cargo de la Universidad. De esta manera, no se genera ningún tipo de erogación adicional al municipio, permitiendo coparticipar a la comuna en la distribución de las infracciones de tránsito sin generarle desmedro al porcentaje que se le asignó”, aseguró.
En ese sentido, Vicente explicitó cuál es la finalidad de dicho convenio. “Es el ordenamiento del tránsito y el resguardo de la vida humana en la vía pública a través de la colocación de elementos de tecnologías que capten infracciones de tránsito en lugares estratégicos. Pensamos llegar a la temporada de verano con este sistema que nos permita tener un mayor control en el volumen de autos en nuestras calles”, concluyó.

Objetivos

Básicamente, este programa tendrá los siguientes objetivos de índole social, cultural y de convivencia: a) generar sentido de pertenencia; b) facilitar la convivencia urbana; c) llevar a respetar el patrimonio común; d) promover el respeto por los deberes y derechos de los ciudadanos y e) disminuir sensiblemente la accidentología urbana”.
“La UTN gestionará para la Municipalidad la instalación del siguiente equipamiento: 24 equipos de control de violación de luz roja o senda peatonal en semáforos; 24 cinemómetros fijos para control de carriles variables; 6 cinemómetros móviles para montaje en vehículos municipales; 6 camionetas para montaje de los cinemómetros móviles y 40 equipos simuladores de controles de semáforos o exceso de velocidad”, detallaron los funcionarios.
Por otra parte, para los Juzgados de Faltas llegarán 12 computadoras de escritorio; 12 impresoras; 8 scanners; 1 conjunto de equipos para comunicaciones y 8 pantallas LCD de 42″ para observatorio vial.
Entre los considerandos del convenio, se destaca que “resulta primordial cuidar los intereses del municipio, pues el cuidado del erario público persigue la custodia y buena administración de los recursos públicos, cuyos destinatarios directos son los miembros de toda la comunidad. En el marco de la emergencia económica vigente, el Ejecutivo evaluó la necesidad de no afrontar erogaciones a cargo del municipio. Además de eso, la Municipalidad recibirá al cabo del, convenio todo el equipamiento suministrado por la UTN debidamente homologado y certificado por las leyes nacionales y provinciales”. Asimismo, surgen de los términos y condiciones del convenio que la universidad estará a cargo del mantenimiento del soporte técnico, de las reparaciones del equipamiento provisto y de las actualizaciones tecnológicas.

Recaudación

Si bien en el parte que la Municipalidad envió a los medios no se menciona el porcentaje del sistema de recaudación para cada “socio”, en su momento, según detalló Vicente, “el 40% del cobro que se haga de cada multa será para el municipio, el 20% para la Provincia y el 40% para la universidad”, que como es estatal no necesita ser contratada a través de una licitación. Además de los porcentajes de reparto de fondos, el funcionario dijo que “no hay ninguna empresa privada involucrada” en el convenio y que todo el equipamiento tecnológico que le aporte la UTN quedará para el municipio.
Así las cosas, en su momento, las palabras de Vicente llamaron la atención en el Concejo Deliberante. El 13 de junio, en una nota de opinión publicada en la página web de LA CAPITAL, el jefe del bloque del Frente Renovador, Lucas Fiorini, advirtió que el convenio sería desventajoso para el municipio en comparación con una licitación que había preparado la gestión anterior. “Se contemplaba un 66% de esos ingresos para la comuna y apenas un 14% para el adjudicatario privado”, diferenció.
El edil también mencionó que la UTN La Plata “acarrea una denuncia por asociación ilícita y enriquecimiento ilícito por supuestas irregularidades en el sistema de foto multas que brindó hace algunos años en la capital provincial”.

Licitación de 2015

A través de la licitación pública 21 de 2015, la administración de Gustavo Pulti convocó a la licitación pública para la instalación de lo que vulgarmente se conoce como foto multas. Se presentaron dos oferentes: Boldt y Cecaitra (Cámara de Empresa de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina). Aunque al término del mandato de Pulti una comisión técnica estaba evaluando las ofertas, el entonces subsecretario de Control, Adrián Alveolite, subrayó que la propuesta de Boldt era “más sólida” que la de Cecaitra, que por otro lado, según pudo averiguar extraoficialmente, “no había cumplido algunos requisitos”. Lo curioso es que, según contó a este diario un dirigente opositor que tuvo acceso al expediente, la UTN realizará la tarea de la mano de “su empresa asociada Cecaitra”. Es decir que el mismo oferente que marchaba hacia una derrota en la licitación de 2015 prestará el servicio menos de un año después a través de una universidad. Con esto se derrumbaría una de las definiciones de Vicente: aquella que daba por seguro que ningún privado intervendría en el convenio con la Municipalidad.

La denuncia

En 2011 fue presentada una denuncia anónima en la Oficina Anticorrupción contra las autoridades de la UTN regional La Plata por supuesta “asociación ilícita y enriquecimiento ilícito”. De acuerdo a la presentación, la empresa de informática Dinatech firmó un acuerdo de “Cooperación y Asistencia Técnica Recíproca” con la UTN La Plata para digitalizar fotomultas. Según surge de los argumentos de un pedido de informes presentado en la la Cámara de Diputados de la Nación por Alberto Asseff, por ese servicio la empresa “facturó al menos $ 9 millones sólo en 2010”, pero “lo hizo con una ventaja: se instaló en cuatro aulas de la UTN en la calle 125 y avenida 60, y utilizó como mano de obra a unos 200 alumnos”. Los estudiantes, “divididos en tres turnos, recibían entre $ 500 y $ 1.100 mensuales en concepto de beca por trabajar seis horas diarias, y habrían cobrado el cheque a través de la universidad”.
“En abril de 2011, un grupo de alumnos realizó una denuncia al Ministerio de Trabajo bonaerense. La cartera envió inspectores a la facultad y Dinatech decidió mudar el negocio a otras instalaciones. La mayoría de los alumnos fueron despedidos”, explicaron. Vicente, en su momento, dijo desconocer la denuncia. Asseff, por ese entonces, contó a LA CAPITAL que el pedido de informes se aprobó pero nunca tuvo respuesta del Gobierno.