La delegación Mar del Plata del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) denunció que en el colegio Alejandro Fleming se despidió a una docente “luego de enterarse de su estado de embarazo” a pesar de que está vigente la prohibición legal de los despidos y de la protección especial que la Ley de Contrato de Trabajo le brinda a la maternidad.

“La persecución en relación a la maternidad que se lleva adelante en algunas instituciones privadas es una de las formas más recurrentes de violencia de género en los colegios privados”, advirtieron desde el gremio y recordaron que anteriormente ya han ocurrido situaciones similares en el mismo colegio privado.

Pese a que más de un 80% del personal docente son mujeres, en muchos colegios -indicó SADOP mediante un comunicado- la maternidad “incide negativamente en la forma en que se condiciona el acceso al empleo, la continuidad en el mismo o las posibilidades de acceder a cargos directivos”.

El despido, explicaron, se llevó adelante “valiéndose de causas inventadas” y “sin ningún tipo de sumario o apercibimiento previo”. No obstante aclararon que pudo haber sido revertido en la audiencia de conciliación que el sindicato solicitó en el Ministerio de Trabajo.

Sadop acusó directamente a los propietarios del colegio y explicó que a raíz de la denuncia del sindicato y de la “evidente improcedencia” del despido, el Ministerio de Trabajo de la Provincia intimó a la empleadora a reincorporar a la docente.

“Situaciones como esta implican un violentamiento a la trabajadora, al derecho a formar una familia y a conservar el empleo. Como sociedad debemos erradicar estas prácticas, que remiten al siglo pasado y desnaturalizar la penalización de la maternidad que se produce a menudo en el mundo del trabajo”, agregaron.

Desde SADOP se exige a los dueños de los establecimientos privados el estricto apego a la ley. “Hoy tenemos, además, la ratificación del convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que con fuerza legal y en conjunto con todo el arco normativo, prohíbe toda forma de discriminación y violencia, en particular hacia las mujeres”, recordaron.

“Sabemos que la reincorporación es un hecho, porque no hay forma legal de sostener ese despido y lamentamos tener que llegar a la instancia judicial habiendo existido oportunidades de revertirlo”, indicaron.

Por último insistieron en la importancia de que las trabajadoras conozcan sus derechos y que ninguna advertencia o “acuerdo” previo pueden ser motivo para negárselos.