El secretario de Seguridad municipal, Horacio García, conoce en detalle el decreto migratorio implementado durante la gestión de Mauricio Macri como presidente.

De hecho fue uno de los protagonistas de la elaboración del régimen destinado a evitar el ingreso de inmigrantes con historial delictivo y facilitar los mecanismos de expulsión de aquellos que contaran con antecedentes penales.

El actual funcionario de Mar del Plata se manifestó en contra de la decisión del gobierno de Alberto Fernández de anular ese decreto y consideró que es “una muy buena oportunidad para que la Argentina empiece a discutir sobre un tema fundamental en el Congreso”.

Cuando se redactó el decreto 70/2017, que modificó aspectos de la Ley N° 25.871 que establece el régimen de la política migratoria argentina, Horacio García era el director nacional de Migraciones.

“El decreto lo que buscaba era acelerar las expulsiones de las personas extranjeras que venían al país y rompían el pacto de confianza. En la Argentina, hasta ese momento, expulsar una persona era una tarea ardua que tardaba muchísimos años y el decreto dinamizaba los plazos sin perder las garantías”, analizó en diálogo con LA CAPITAL

En igual sentido, García puntualizó en que “se mantenían las garantías del debido proceso, de ser escuchado, de tener una defensa, un traductor, la doble instancia judicial y la doble instancia administrativa”.

En ese contexto, el funcionario enfatizó que “todas las expulsiones que se llevaron a cabo fueron con intervención judicial, por lo tanto, el proceso, estuvo validado por el poder judicial”.

La medida publicada ayer en el Boletín Oficial restituye “la vigencia de las normas modificadas, sustituidas o derogadas por el Decreto N° 70 del 27 de enero de 2017” y dispone la creación de una “Comisión Asesora de Política Migratoria” que deberá “proponer medidas no vinculantes relacionadas con la aplicación y actualización de la Ley de Migraciones N° 25.871”.

Respecto al impacto que tendrá este cambio, García, señaló que “ahora vuelve a una instancia anterior donde era mucho más engorroso el proceso porque los plazos eran muy largos”.

Tras afirmar que Argentina es “un país muy abierto a la migración”, el secretario de Seguridad de Mar del Plata destacó que, en los cuatro años que estuvo en la Dirección Nacional de Migraciones, se radicaron 820 mil personas.

“Es una cifra impresionante en el mundo. Y expulsamos, entre personas que cometieron delitos y que infringieron la ley de Migraciones, a 3 mil personas”, apuntó y consideró que “la proporción marca a las claras que estábamos orientados era hacia un sistema justo, abierto para los que vienen a trabajar, producir y estudiar, y cerrado para los que vienen a delinquir”.

– ¿Por qué cree que el gobierno decidió este cambio?

– Evidentemente era un reclamo de algunos sectores vinculados a los derechos humanos. Realmente me parece que es una muy buena oportunidad para que la Argentina empiece a discutir sobre un tema fundamental, en el Congreso. Evidentemente, la apertura y la declaración de derechos constante que tiene la Argentina con los extranjeros tiene que ir acompañada de una visión rápida, justa, equilibrada y lógica, con respecto a los que rompen el contrato de confianza.

– ¿Ve posible que se discuta en el Congreso?

– Es el ámbito más propicio. Esto fue un decreto que tenía urgencia por las cuestiones que expresaba el poder ejecutivo en ese momento. Lo que hay que entender claramente es que al tema hay que debatirlo. La Argentina, cuando manejó bien la cuestión migratoria, a principios del siglo 20, floreció. Evidentemente los que vinieron a trabajar, producir o estudiar, fueron orientados a distintas zonas del país que necesitaban mano de obra. En el caso de los presidentes, cuatro fueron hijos de inmigrantes en primera generación.

– ¿Qué riesgo considera que acarrea este cambio?

– El proceso de expulsión va a ser un poco más poroso. Lo que queda claro es que un proceso que era más rápido, va a ser más lento. Después, las conclusiones las dará el tiempo. Eso generó que muchos sectores vinculados a la delincuencia pusieran una luz de alerta porque ya no era tan simple.
Se puede solucionar si hay voluntad política de discutir en el ámbito propicio, el perfil migratorio que tiene que tener Argentina, siempre muy abierto.

– ¿Lo sorprendió la decisión?

– Siempre estaba dando vuelta la posibilidad y me parece que se cumplió lo que preveían muchos.

Argumentos

El Gobierno nacional derogó el decreto al entender que los cambios efectuados bajo el Gobierno anterior “resultan irreconciliables con la Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos”.

La ley establece que el régimen de política migratoria argentina, dispone reglas de admisión, ingreso, permanencia y egreso de personas, así como los derechos y obligaciones de los extranjeros y las extranjeras que desean habitar en el país.

El decreto derogado hoy “modificó aspectos sustanciales” de esa ley, según explican las autoridades en los considerandos de la norma, y agregan que como resultado de esas modificaciones se observan violaciones a los derechos humanos.