En junio de 2020 la ciudad de Mar del Plata se sorprendía a medias. Mientras se conocían las detenciones de los integrantes de la temida “Liga de Compradores”, la sensación de ser descubierta tardíamente una operatoria anclada desde hacía años en las profundidades del submundo inmobiliario le restaba efecto. E incluso a la moderada sorpresa la minimizaba aún más la incredulidad de llegar a algún resultado penal.

Casi nueve meses después, el tiempo que le llevó a la Justicia de Mar del Plata analizar la gran cantidad de documentación secuestrada durante los allanamientos, el fiscal Alejandro Pellegrinelli elaboró una hipótesis acusatoria que revela un trasfondo en el que se cruzan no solo los ilícitos en las subastas sino también la desidia del Poder Judicial y de otros actores.

Pellegrinelli llamó a comparecer nuevamente a todos los imputados, a excepción de Adolfo Salminci, fallecido en las últimas semanas en Mar del Plata. Desde el 17 al 22 de marzo deberán declarar Aníbal Raúl Simón Soria y Leandro Nahuel Soria; Oscar Roberto Larluz, Luis Alberto Puga, Héctor Ricardo Monteros y Miriam Elizabeth Lamas; Diego Alejandro Larluz, Fernando Roberto Larluz, Alejandro Javier Fernández y Sergio Alberto Puga; Gustavo Alfredo Cheppi y Horacio Jorge Panizzo, Julio César Consorte, Patricio Pablo Consorte, Roberto Daniel Andino y Leandro Andrés Marqués; Marcelo Philipp, Pablo del Corazón de Jesús Quiroz, Sergio Tadeo Mazur y José Luis Violini; y Juan Carlos Hugo Vacatello, José Luis Gallo, Carlos Héctor Abitante, Marta Susana Meriano y María Luján Fernández.

Los Soria declararán por primera vez, ya que su defensa presentó un pedido de nulidad al considerar en su momento que estaba poco especificado el cuerpo de hechos imputados. Por eso el fiscal, a pedido de la Cámara de Apelaciones, volvió a realizarlo ahora, ya con la prueba de los allanamientos incorporada.

La investigación que desnudó penalmente la mítica Liga de Compradores inmobiliarios tuvo dos etapas diferenciadas. La tarea desplegada por el CATI (Cuerpo de Ayuda Técnica a la Instrucción) durante dos años y reflejada en un informe que finalmente recaló en la fiscalía a cargo de Pellegrinelli. Con esa información se pidieron los allanamientos y se sustanciaron las acusaciones. Cuatro de los imputados fueron considerados líderes de la organización ilícita que dominaba con métodos violentos las subastas: Oscar Larluz, Luis Puga y Héctor Monteros. También se lo incluyó a Salminci. Los demás estaban involucrados en roles diferentes, según la Justicia.

La segunda etapa fue la que comenzó en el mismo momento de los allanamientos, cuando los instructores judiciales se desplegaron por toda la ciudad y descubrieron un tesoro probatorio que llevó al fiscal Pellegrinelli a sacarse todas las dudas, si es que las tenía.

“Los hechos verificados y documentados dejan ver una notable pasividad y tolerancia por parte de los principales actores involucrados en las subastas, incluyendo en buena manera también la judicial, ante el accionar de un grupo de individuos perfectamente identificables y popularmente conocidos como “La Liga de Compradores”, que durante muchísimo tiempo y a la vista de todos, se adueñó del salón de subastas mediante métodos ilegítimos cuando no lisa y llanamente ilegales, con el objetivo de adjudicarse sistemáticamente las propiedades llevadas a remate judicial”, dice en una de las 340 fojas de su llamado a indagatoria.

El hallazgo en
los allanamientos

La hipótesis acusatoria de Pellegrinelli parece haberse visto reforzada notoriamente tras el análisis de toda la documentación que se secuestró en los allanamientos del 11 de junio.

Una de las principales novedades para la causa es que en los registros a los domicilios se descubrió documentación vinculada a hechos de los años 2006, 2007 y 2011, “que resultan demostrativos de los modos ilícitos de La Liga en la mayoría de los casos”. Lo trascendente es que cada vez que esas cuestiones llegaron a la justicia penal, ya sean episodios de violencia o de amañe de subastas, las causas se archivaron.

En el allanamiento al estudio del abogado de la organización, José Luis Gallo, se encontró un expediente de un fallo del ex juez Enrique Arbizu en el que se declaró la nulidad de una subasta del 11 de octubre de 2006, por “intimidaciones a terceros y arreglo previo del acto subastario”. Ese fue el primer antecedente de la Justicia Civil y Comercial en el que se reconoce el accionar ilícito de La Liga. Sin embargo, pese a que la causa fue remitida a la justicia penal, en octubre de 2008 se archivó.

No obstante, el foco del fiscal Pellegrinelli está puesto en que toda la mecánica de La Liga ya fue demostrada en una demanda civil.

No fue esa la única causa iniciada en la Justicia Penal por hechos relacionados a la Liga. Pellegrinelli, una vez más apoyado en la formidable capacidad de investigación del CATI, descubrió al menos 11 expedientes penales que nunca llegaron a ningún lado. “De lo que hasta el momento ha surgido en la presente encuesta, quedaría a la vista que al menos desde el año 2006, este accionar de “La Liga” o bien de sus integrantes más representativos —basado en las intimidaciones, las amenazas, las coacciones o en las directamente en las vías de hecho— fue en varias oportunidades sometido al escrutinio de la justicia penal, habiéndose verificado la existencia de 11 (once) causas formalizadas —sin descartar que hayan existido otras —por hechos de aquella naturaleza, cuyas investigaciones transcurrieron sin mayor trascendencia, aún cuando existían en muchas de ellas elementos objetivos que daban cuenta de la ocurrencia de este tipo de hechos graves en el seno de las subastas judiciales llevadas a cabo en el Colegio de Martilleros del departamento judicial Mar del Plata”.

Colegio de Martilleros.

Agresiones y robos

En el allanamiento a la casa de Oscar Larluz, uno de los sindicados líderes, la Justicia encontró una copia de una declaración testimonial de una persona en la comisaría primera. Esa persona acusaba a Larluz, a sus hijos y a otras personas de un hecho grave en la puerta del colegio de Martilleros: una pelea con un postor asiduo, nada menos que otro de los imputados, Horacio Panizzo. El 14 de septiembre de 2007 Panizzo fue atacado por varias personas e incluso sufrió el robo de una camioneta, que luego apareció en una cochera de la zona. Panizzo también acusó al clan Larluz.

En abril de 2008 la fiscalía N°5, pese a que a prima facie estaría probado el delito, archivó provisoriamente esa causa.

“Con todo, los hechos ventilados por Horacio Panizzo dejarían bien en claro que la existencia del conflicto con Oscar Larluz y los suyos habría sido con motivo y en ocasión de las subastas judiciales, a partir de posibles desacuerdos internos entre los integrantes de “La Liga”, como así también —nuevamente— demostrativos de los métodos intimidatorios, cuando no dignos de ser calificados como mafiosos, aplicables tanto a extraños como a los propios de la organización”.

El fiscal Pellegrinelli usó el término “mafiosos”. Y no una vez, sino varias.

Otro allanamiento que arrojó material de relevancia fue el desarrollado en la casa de Luis Puga. “Hallazgo significativo” resultó ser la aparición de fotografías del hijo, de nombre Sergio y también imputado. Esas fotos mostraban serias lesiones en el rostro de Sergio Puga y estaban junto a comprobantes de gastos de atención médica. La fecha que figuraba en los recibos era del 22 de marzo de 2011.

El fiscal Pellegrinelli rastreó y halló una denuncia en la CTCP el 22 de marzo de 2011 en la que Puga refirió haber sido atacado por Julio Consorte, un hijo de éste y otra persona. El ataque, otra vez, en la puerta del colegio de Martilleros. Pero no se quedaba solo allí, Puga denunciaba a Oscar Larluz como posible instigador. Frente a esta situación, la fiscalía le pidió al colegio de Martilleros remitir la documentación de la subasta de ese día y un video con las cámaras de seguridad. Desde la institución adujeron que no estaban las cámaras exteriores.

Fotograma de las cámaras de seguridad del salón del Colegio de Martilleros durante una subasta.

El video del salón de subastas le posibilitó al fiscal Pellegrinelli observar otra vergonzosa puja en la que, incluso, el martillero terminó diciendo “estamos regalando el chalet, porque vale el doble de eso, eh”. Es necesario decir que la subasta comenzó en 150 mil pesos, subió a 155 mil y finalmente Héctor Monteros la ganó con 155.100 pesos por un inmueble de Constitución al 8600.

Esa subasta, con características singulares como la mayoría de las que intervenían los mismos postores, fue la que generó, probablemente, el desacuerdo y la posterior pelea. Lo insólito es que la CTCP archivó la causa porque no había elementos más que el relato de las víctimas del ataque. Pero el fiscal Pellegrinelli y el CATI pidieron el expediente y al revisar el DVD entregado por el Colegio de Martilleros había un archivo que no había sido visto: contenía la grabación de las cámaras exteriores y no como había dicho la institución. Entonces, casi 10 años después de la denuncia, se pudieron ver las corridas, y al mismo Puga comentar al policía Gustavo Faramiñan que lo habían golpeado y a “Sergio también, le rompieron toda la cara a Sergio, el ojo todo”

Para el fiscal Pellegrinelli, Luis Puga, sindicado como uno de los jefes de la asociación ilícita, fue el denunciante y al “igual que su hijo Sergio no ha dudado en echar mano a los mismos métodos mafiosos por los que oportunamente acusó a Oscar Larluz y su grupo”.

Para el fiscal, lo que Luis Alberto y Sergio Puga afirmaron en aquella oportunidad, no es otra cosa que “la confirmación de primera fuente de una de las nociones principales sostenidas en esta encuesta: cualquier ciudadano que quisiera comprar un inmueble u otro bien en remate, necesariamente debía previa y compulsivamente acordar con los integrantes de “La Liga” o con personas con llegada a estos, las condiciones de la adquisición; y en caso contrario, asumir las eventuales consecuencias de ello”.

Variedad de pruebas
y documentación

La causa de la Liga generó otras dos en la Justicia Federal por lavado de activos, expedientes que están en trámite y todavía no fueron definidas imputaciones. Ese entrecruzamiento de información y necesidad de saber si hubo otros delitos con las ganancias surge de distintas constancias que fueron apareciendo.

Algunas de las subastas investigadas tenían sus fondos de capital, al menos, en la duda. Y también la evasión tributaria al simularse montos irreales e incluso con la sospechosa creación de sociedades.

Por ejemplo, el fiscal Pellegrinelli recuerda en su llamado a indagatoria que una de las sociedades en las que estaba como socio Diego Larluz, desde el año 2009, llamada “The Tides Corp SA” tenía entre algunos de sus integrantes a Daniel Fumaroni mencionado en “investigaciones de la justicia federal local y estadounidense por la presunta comisión de conductas delictivas vinculadas al lavado de activos en la firma “La Moneta SA”, de la cual formaba parte”. Precisamente, en el allanamiento al domicilio de Larluz, dentro de un sobre de papel madera que reza “Papeles de informes en inglés de interés para Robert”, se halló una copia de la demanda que guarda vinculación con posibles maniobras de lavado de dinero por las que fueron acusados los integrantes de “La Moneta”. Dice el fiscal al respecto: “La tenencia de dicho documento por parte de Oscar Larluz, revela sin dudas un interés de parte suya en aquél caso en tanto y en cuanto, como se encuentra acreditado, Daniel Fumaroni, resulta ser uno de los socios de sus hijos en “The Tides Corp SA”, junto a Diego Vespa”.

Por último en el domicilio de Monteros se secuestró un boleto de compra y venta por un inmueble de Libertad al 4100. Esa operación tiene una historia increíble. Según se desprende de las actas oficiales, el 13 de octubre de 2016 hubo una subasta en el Colegio de Martilleros por una ejecución hipotecaria sobre ese domicilio, pero como no se presentaron ofertas de la base de 4 millones de pesos, se volvió a realizar una semana más tarde, esa vez ya con una base de 3 millones. La primera y única oferta fue de Monteros, por la base, es decir 3.000.000 de pesos. Unos meses después, el 5 de mayo de 2017, cedió los derechos de propiedad por 3.100.000 y en septiembre el juez interviniente la aprobó. Esto quiere decir que acá el ganador de la Subasta no ganó demasiado. Al contrario, perdió, porque la inversión total alcanzó los 3.175.000 a partir de los gastos de la operación. Sin embargo, nadie de la Liga perdía.

En el allanamiento a la casa de Monteros se reveló la verdad: en el boleto de compra venta, fechado en diciembre de 2016, esto es mucho antes de que el juez aprobara la operación, decía que la venta en verdad se efectuó por 5.300.000 pesos y no por 3.100.000 como lo hicieron incorporar al expediente. En los videos de la subasta se ve no solo que Monteros participa de la operación, sino que varios integrantes de la Liga aportan dinero. Es decir, todos ganaron.

Sin la misma capacidad operativa por la digitalización y democratización de las subastas, La Liga de Compradores o simplemente la Liga parece ser hoy un recuerdo que la Justicia se esfuerza a no olvidar. El fiscal Pellegrinelli la definió, en su acusación varias veces. “El apego a la anacrónica cultura de la patota fue moneda de uso corriente de la Liga para asegurar su hegemonía en las subastas judiciales frente a ajenos de la organización”.