BARCELONA, España.- La Policía española da por desarticulado lo que considera un grupo criminal con ocho detenidos de varias nacionalidades, entre ellos seis anarquistas italianos, a los que acusa de violentos disturbios en la ciudad de Barcelona en protestas por el encarcelamiento de un rapero.

Según los Mossos d’Esquadra, la Policía de la región de Cataluña, este martes pasaron a disposición judicial estos ocho supuestos miembros de un grupo anarquista detenidos tras los disturbios del pasado sábado en Barcelona, acusados de delitos como uno de tentativa de homicidio por la quema ese día de una furgoneta de la Guardia Urbana con un agente dentro, que pudo salir ileso.

Los detenidos son cinco hombres y tres mujeres, de ellos seis de nacionalidad italiana, uno francés y otro español, a los que la Policía catalana también les atribuye delitos de pertenencia a grupo criminal, desórdenes públicos y daños.

Según los Mossos, que mantienen la investigación abierta y no descartan más detenciones, los detenidos actuaban “conjuntamente” con un alto nivel de organización y con un “grado de violencia muy elevado”, dañando entidades bancarias, comercios, mobiliario urbano e incendiando el vehículo de la Guardia Urbana, la Policía local de Barcelona.

Protestas y disturbios

Las protestas comenzaron el pasado 16 de febrero tras la detención y encarcelamiento ese día en la ciudad catalana de Lérida del rapero Pablo Hasel, con disturbios violentos durante varios días en ciudades españolas como Barcelona, Madrid, Valencia, con cerca de 140 detenidos, algunos de ellos menores, y decenas de heridos, muchos de ellos policías.

Los disturbios generaron críticas de sindicatos policiales que denunciaron falta de apoyo de las autoridades, lo que derivó en una amplia polémica en el ámbito político criticando inacción ante grupos antisistema y quejas de empresarios por los cuantiosos daños económicos.

La condena a Hasel

Pablo Rivadulla, de 32 años y conocido como Hasel, fue condenado a nueve meses de prisión, seis años de inhabilitación para ejercer cargo público y al pago de casi 30.000 euros de multa por delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la Corona y las instituciones del Estado español.

La Audiencia Nacional española tuvo en cuenta, al desestimar el último recurso del rapero para evitar su ingreso en prisión, circunstancias como su “historial delictivo”, pues había sido condenado en 2014 a dos años de cárcel por enaltecer el terrorismo de ETA, los Grapo, Terra Lliure o Al Qaeda, aunque en 2019 la condena quedó en suspenso, y recientemente se confirmó otra de dos años y medio de cárcel por amenazar a un testigo de un juicio.

Su ingreso en prisión fue denunciado por numerosas voces de ámbitos como el cultural en España, incluidos reconocidos artistas, y por organizaciones como Amnistía Internacional, mientras el Gobierno español se comprometió a revisar la legislación para que determinadas manifestaciones en el contexto artístico no conlleven penas de cárcel.

EFE.