Por Juan Salas / @juasalas

El 8 de enero de 2019, la policía Gisela Romina Varela (33) fue asesinada por su ex pareja en Alberti y Las Heras mientras esperaba el colectivo, el agente de seguridad de camiones de caudales Alejandro Cejas. En su cartera llevaba una orden judicial, en la que el Juzgado de Familia N° 4 le prohibía a Cejas acercarse a menos de 300 metros. Al femicida no le importó, el mecanismo de prevención del Estado no sirvió.

El Estado volvió a fallar -como tantas otras veces- en el femicidio de Ursula Bahillo, ocurrido el 8 de febrero en Rojas, cuando su expareja, a quien había denunciado por episodios de violencia, el policía Matías Martínez, la asesinó de 15 puñaladas.

En estos casos, que no son aislados en un país en el que se registra prácticamente un femicidio por día y en una ciudad en la que se tramitan unas 4.000 causas por violencia de género al año, dejan en evidencia que una medida judicial de restricción de acercamiento, sin control ni seguimiento del Estado, no parece bastar como prevención, y su cumplimiento sólo queda librado al criterio de la persona a la que se le impone.

Como mecanismo de control para casos graves de violencia de género, la Justicia tiene a su disposición los dispositivos electrónicos de pulseras duales, con los que se pueden monitorear y asegurar que las medidas cautelares se cumplan.

Para los especialistas, las pulseras duales son eficaces para disuadir a los agresores, ya que su control es efectivo. Sin embargo es un recurso escaso: en Mar del Plata, con una población que roza el millón de habitantes, hay diez pulseras, de las cuales ocho ya están colocadas. Es decir, la ciudad cuenta solo dos pulseras duales disponibles para ser colocadas.

Estas pulseras se colocan tanto en las mujeres como en agresores. A través de mecanismos de geolocalización, activan una alarma cuando se detecta la proximidad de la otra persona que porta la pulsera.

Esto permite que la víctima pueda llevar adelante sus actividades cotidianas fuera y dentro de su lugar de residencia, sin quedar desprotegida en ningún momento por parte del Estado.

El dispositivo electrónico permite reducir los tiempos y complementar los sistemas preventivos del personal de seguridad, en conjunto con las obligaciones de la Justicia en cuanto a medidas restrictivas para resguardar a la víctima.

Protocolo estricto de colocación

Jueces y fiscales de Mar del Plata son “celosos” a la hora de ordenar la colación de una pulsera dual, porque saben que hay pocas. Además, deben cumplir con las exigencias de un protocolo en el que se evalúa el riesgo del caso.

Cada situación en la que se coloca una pulsera dual es porque el agresor que la lleva es considerado de riesgo y porque el Estado concluye que la mujer está en peligro. Un riesgo y un peligro que no es suficiente para detener al agresor.

Los indicadores para que se pueda ordenar la colocación de una pulsera dual son: incumplimiento de medidas de prohibición de acercamiento; antecedentes penales por delitos contra la integridad física, como violencia de género o sexual; oposición, resistencia u obstaculización al normal desarrollo del proceso; amenazas graves y reiteradas de muerte.

Además, la Justicia debe indagar en la existencia de ataques previos, de acoso, control, hostigamiento; antecedentes de denuncias de violencia y de destrucciones de objetos, entre otros.

La medida de restricción de acercamiento ordenada para la colocación de una pulsera dual es de 700 metros como mínimo, y es monitoreada desde La Plata.

Todas las comisarías deben tomar las denuncias de violencia de género. También se puede llamar las 24 horas a la línea 144, a la Comisaría de la Mujer al 472-0804 o la línea Malva de la Municipalidad, al 108. 

Falta de recursos

La fiscal Graciela Trill, titular de la Unidad Funcional de Composición Temprana de Conflictos Penales, considera que las pulseras duales son “más efectivas que los botones antipánico” y las califica como un “método disuasorio efectivo para que el acusado no se acerque a la víctima”.

Para la fiscal Trill la cantidad de pulseras duales en Mar del Plata es insuficiente y considera que en la ciudad tendría que haber “al menos 100”.

Cabe remarcar que la ley de violencia familiar está enmarcada en la órbita civil, por lo que los casos y las medidas son dispuestas por los Juzgados de Familia, que no tienen competencia para solicitar la detención de un violento.

La Justicia Penal interviene recién cuando la orden de restricción no se cumple, lo que muchas veces viene sumado a golpes y amenazas que la mujer sufre en ese contexto.

“Hay que asistir a las víctimas, ayudarlas a salir del círculo de violencia, contenerlas, apoyarlas, sostenerlas en todo el proceso”, dijo la fiscal y remarcó: “Faltan recursos técnicos, pero también humanos y capacitación”.

La titular del Juzgado de Familia N° 5, Alejandra Obligado.

Corresponsabilidad del Estado

“La ley de violencia doméstica es preventiva. La denuncia de violencia es la antesala de un delito penal: de un femicidio, de lesiones o amenazas”, dice la titular del Juzgado de Familia Nº5, Alejandra Obligado, y agrega: “La víctima le dice al Estado: ‘te estoy avisando que me agrede, que se está acercando, sacámelo porque me va a matar’”.

Para la jueza Obligado, las pulseras duales son “una forma importante de persuadir” al agresor, pero que lo importante también es el seguimiento a la víctima. “Ese es el inconveniente y hacen falta recursos”, dice.

“En cuestiones de violencia hace falta corresponsabilidad de todos los sectores que participamos activamente en el Estado: municipio, provincia, nación, justicia familiar, penal y la policía”, considera.

La jueza remarca la necesidad de que el Estado controle a los agresores y acompañe a las víctimas. “La denuncia es singular y hasta solitaria, pero luego tiene que estar el Estado al lado de esa víctima, tiene que haber un organismo social al lado, de la mano con la Justicia”, declara Obligado.

Para la titular del Juzgado de Familia N°5 es necesaria una reforma legislativa, para que haya una ley de violencia con corresponsabilidad de competencia con la Justicia Penal.

“No hay reciprocidad entre lo que le sucede a la víctima y lo que sucede con el agresor, a quien se le llama la atención o se le hace hacer trabajo comunitario”, concluye.

Es obligatorio que toda comisaría -no importa su jurisdicción- y en todo momento tome denuncias en casos de violencia de género, y no solo la Comisaría de la Mujer -Juan B. Justo 3600-, sin embargo, para que esto se cumpla el personal policial tiene que estar capacitado.

“La capacitación es fundamental, tanto como para tomar la denuncia, como para hacer el seguimiento. Hace falta más recurso humano, más psicólogos especializados”, reclama y, en cuanto a las pulseras duales dice: “Como jueza cuando doy la orden tiene que estar el recurso a disposición. Tiene que ser automático: tiene que estar a disposición para los casos particulares, siguiendo el protocolo. Y que los operadores estén capacitados para colocarlas y hacer el seguimiento”.

Para la jueza la clave es la disponibilidad y que la víctima que tenga un dispositivo dual esté acompañada por el Estado.

“A la víctima le sirve ver que la entienden como víctima, que el Estado la proteja, le crea y que haya recursos para cuidarla”, concluye.

La necesidad de un Estado capacitado

El sábado hubo una intensa actividad en la Dirección de Políticas de Género de la Municipalidad, ya que la policía les informó que habían localizado a un hombre al que le tenían que colocar una pulsera dual, por lo que ahora tenían que comunicarse con la víctima de violencia de género, entregarle a ella la otra parte del dispositivo y explicarle las funciones.

Así funciona esta corresponsabilidad que mencionó la jueza Obligado: la Justicia ordena la restricción y la colocación de la pulsera, la policía busca al agresor y, luego, la Secretaría de la Mujer a la víctima.

La titular de la Dirección de Políticas de Género, Belén Berruti, remarca que para que estos dispositivos funcionen “hace falta personal técnico con una capacitación específica” y que, además, es fundamental explicarle a la mujer que recibe el dispositivo cómo funciona, que no se puede descargar y que lo tiene que llevar a todas partes.

“La lectura feminista que hago es que termina siendo un sistema de control que recae sobre la mujer. Esa liberación de la mujer de la violencia termina siendo un sistema que controla su libertad de movimiento”, reflexiona la psicóloga Berruti.

“Estas políticas pueden ser muy buenas, pero tiene que haber capacidad tecnológica y de recursos humanos para llevarlas a cabo. Porque, si no, genera violencia ese crear una expectativa que luego el Estado no puede cumplir”, dice la titular de la Dirección de Políticas de Género.

Para la funcionaria, siempre será una deuda que haya más recursos para prevenir casos de violencia de género y, sobre todo, que haya disponibilidad de esos recursos. “Hace falta una inyección importante de recursos en todo el país, una fuerte inyección de personal y capacitación”, dice.

El peso de los mecanismos que utiliza el Estado para prevenir los casos de violencia de género parecen recaer en las mujeres. “El riesgo se evalúa desde el relato de la denunciante, que lo hace en un contexto de estrés. No se llama al denunciado, no se evalúa su historia de vida. Hay que poner la mirada hacia el varón. Hay que citarlo, tomarle la declaración, explicarle la situación y las consecuencias”, dice Berruti.

“La tobillera dual tiene la gran ventaja que genera una prueba de desobediencia y con eso se puede detener al agresor”, dice la titular de la Dirección de Políticas de Género y concluye: “Nuestro objetivo es articular mejor con las áreas de Salud, Desarrollo Social y Educación. Llegar antes, estar cerca de las personas con estos problemas”.