Por Jorge Raventos

El gobierno que preside Alberto Fernández dedicó buena parte de esta semana a sentar las bases de un diálogo intersectorial que permita “coordinar expectativas” de los distintos sectores, contener la inflación y las presiones sobre el dólar y dar las primeras puntadas de un acuerdo que se remataría con la hasta ahora postergada instalación de un Consejo Económico Social.

Superar el retraso de la situación económica y social argentina no es soplar y hacer botella. El saldo que muestra hasta el momento el ciclo democrático iniciado en 1983 es decepcionante: irrefrenada expansión de la pobreza, desempleo, expansión de la informalidad, inflación endémica, pérdida de competitividad, decadencia educativa, polarización.

Durante estas décadas, distintas gestiones quisieron hacerlo a su modo, cada una con su propio estilo particular, olvidando por lo general una advertencia formulada hace medio siglo: “Al país lo salvamos entre todos o no lo salva nadie”. Ha quedado demostrado que no hay soluciones mágicas y la pandemia ha puesto dramáticamente en el escenario la necesidad de encontrar respuestas de conjunto y sostenidas sobre el sustrato de la unidad nacional, que es preciso rescatar de su patético agrietamiento.

Con diferencia de pocas horas, en la semana que concluye la Casa Rosada recibió a la crema de la conducción sindical, a la Mesa de Enlace agropecuaria y a una legión de capitanes de empresa del sector industrial y comercial (desde Techint, Ledesma, Newsan y Aluar, a Molinos, Quilmes, Coto, Danone y Arcor). Ese triple salto tuvo un resultado auspicioso.

El factor campo

Aunque no fue el primero de los encuentros, vale la pena subrayar la reunión con “el campo”, porque la atmósfera con ese sector venía cargada de malos presagios, que ya se habían puesto de manifiesto cuando el año último el gobierno (como suele ocurrir, “con las mejores intenciones”) irritó la sensibilidad de una franja de la producción agropecuario con el desbarrado y fallido proyecto de expropiación de la empresa Vicentín.

Ese clima se realimenta fácilmente: hay un segmento del campo que por buenas o malas razones desconfía vivamente del peronismo y una porción del oficialismo que confirma esos prejuicios con ideas tan simplistas como primitivas o disparatadas sobre la producción agraria (“la maldición de exportar alimentos”) y una permanente tentación confiscatoria.

En ese contexto probablemente no fueron oportunas algunas expresiones que días atrás se dispararon desde la vicejefatura de Gabinete de Fernández (y que éste amparó en una entrevista periodística del fin de semana) aludiendo a un aumento de las retenciones como instrumento para “desacoplar” los precios internos de los precios internacionales.

Los grupos más fácilmente susceptibles del campo se consideraron amenazados y respondieron con advertencias sobre medidas de fuerza.

En rigor, había que comprender bien de qué se trata y hubo iniciativas que desde cada una de las partes procuraron aliviar la tensión y contribuyeron a que la reunión del miércoles 10 se desarrollara constructivamente.

Aprovechar la nueva oportunidad

El gobierno está obviamente contento por el alza de los precios internacionales de los productos agropecuarios. Ese aumento es una resultante de la rápida recuperación de los pilares de la economía internacional, en primer lugar la República Popular China (que está creciendo a un ritmo superior al de la prepandemia y con su formidable mercado interno nutrido por la mejora de ingresos de su población, es el gran comprador mundial de alimentos), pero también Estados Unidos.

El fenómeno del incremento de precios no es un dato ocasional; por el contrario es una señal de mediano y largo plazo que implica una fuerte oportunidad para Argentina. Lo resume el análisis estratégico de Jorge Castro: “Se ha desatado un nuevo superciclo de los commodities en la economía global, que sería el segundo de la historia del capitalismo en el siglo XXI (el primero ocurrió entre 2001 y 2008, cuando el precio de todas las materias primas aumentó sistemáticamente sin excepción)”.

Según Fernando Vilella, director del departamento de Agronegocios de la Facultad de Agronomía de la UBA, para 2030 Asia seguirá siendo un importante demandante (se calcula que habrá un déficit alimentario para 900 millones de personas). Y esa demanda sólo puede ser satisfecha por regiones que tienen excedentes netos de producción de alimentos. Argentina (junto a Brasil, Uruguay y Paraguay) y Estados Unidos son los que se encuentran en esa situación.

Los altos precios internacionales de los alimentos tienen un reflejo en el mercado interno. Este rebote (inevitable) es el que asusta a aquellos sectores del oficialismo que -sea por pulsiones ideológicas o por desconocimiento- le atribuyen el alza de los precios domésticos de los alimentos. De esa impresión surge como reflejo atávico la propuesta de usar las retenciones como herramienta de desacople.

El ministro de Economía, Martín Guzmán -como el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz y el canciller Felipe Solá, que no casualmente fueron parte de la reunión con la Mesa de Enlace- no se cuenta entre quienes alientan esas borrosas fantasías. Con ese asesoramiento en el gabinete de Fernández saben bien por otra parte lo que los elementos dialoguistas del campo se empeñaron en argumentar con paciencia (en lugar de vociferar quejas y amenazas de lucha): que la incidencia de los insumos agropecuarios es muy poco significativa sobre el precio en mostrador de los productos finales y, por lo tanto, el aumento de las retenciones no tendría efectos sobre la inflación pero, en cambio, constituiría un desestímulo a las exportaciones, al ingreso de divisas y a la recaudación (además de estimular conflictos estériles con los productores y, de paso, engrosar la clientela electoral opositora).

Así la reunión con la Mesa de Enlace, que parecía destinada a ser borrascosa, se desarrolló dentro de carriles razonables y sirvió para incluir en el proyecto de diálogo y acuerdo económico social a una parte importante del universo productivo argentino (ya estaba en esa tesitura el Consejo Agroindustrial, a través del cual se están trabajando acuerdos para contener precios del maíz, el aceite y la carne) y aislar la influencia de sus grupos más facciosos o virulentos.

Aplausos para el ministro

El diálogo con el sector gremial fue previsiblemente más aceitado: el sindicalismo está políticamente imbricado en el Frente de Todos, aunque no forme parte orgánica de él y aunque la mayoría de los dirigentes desconfíen de la influencia que el kirchnerismo y sus aliados radicalizados ejercen en el oficialismo.

Contribuyó a la armonía relativa del diálogo el compromiso, formulado por Guzmán, de garantizar a los salarios un diferencial de cuatro puntos sobre la inflación (una recuperación parcial de los 17 puntos de retraso heredados del gobierno de Macri y los 3 puntos perdidos en 2020).

Con el objetivo de alinear las expectativas y empezar a coordinarlas hacia adelante -pero no, aclaró, de fijar ningún techo a las negociaciones paritarias- Guzmán puso el eje en las previsiones del presupuesto, que prometen una inflación de alrededor del 29 por ciento para el presente año.

La pregunta central es si esa meta es verosímil. Desde algunos sectores de la oposición y desde estudios privados se vaticinan, en cambio 50 puntos de inflación a fin de año, proyectando a todo el 2020 los índices de noviembre y diciembre del año último (y ahora el de 4 por ciento de enero que el jueves último reveló el INDEC). El ministro de Economía sostiene que esa proyección es un error de análisis: esos incrementos se deberían a una situación que -afirma Guzmán- no se prolongará, porque ahora se ha contenido el dólar (algo que se acentuará cuando ingresen los de la próxima cosecha, incrementados por las buenas lluvias y los buenos precios), se está trabajando con intensidad en coordinar y ajustar razonablemente los precios y, además, se hará un esfuerzo sistemático para ordenar los costos fiscales y moderar la emisión (el presupuesto de Guzmán limita el rojo fiscal a un 4,5% de déficit primario con relación al PBI). Este compromiso es una señal más de que el ministro no endosa las fórmulas ideológicas simplonas de algunos grupos K.

En cuanto a los pronósticos de los estudios privados, Guzmán exhibió ante los gemialistas (volvería a hacerlo frente a los empresarios) cuáles habían sido los vaticinios el año pasado de esos mismos actores (algunos habían anunciado una explosión hiperinflacionaria, otros una alta inflación y el real fue unos 36 puntos, casi 20 menos que en 2019).

“La economía es muy volátil -argumentó el ministro con cierta ironía-. Muchos estudios se equivocaron con nosotros hacia arriba, y con el gobierno anterior se equivocaban a la baja”.

Los gremios aseguraron confiar en los planes del ministro pero siguen el principio de ver para creer. El gremio bancario, por caso, cerró su paritaria en 29 por ciento, pero se reserva la carta de una reapertura en el último trimestre para el caso de que los cálculos de Guzmán sufran algún desvío.

Los sindicatos van a jugar un papel muy activo en el diálogo económico social. De hecho ya hay fluidos vasos comunicantes con sectores empresarios (inclusive con la Asociación Empresaria Argentina, AEA) que ponen nervioso al kirchnerismo de paladar negro. Por otra parte, aseguraron su apoyo al proyecto del gobierno impulsado por Sergio Massa, de elevar notablemente el piso de los ingresos gravados por el impuesto a las ganancias.

Esa propuesta no sólo es celebrada en la CGT sino también en sectores amplios de las clases medias, muchos de los cuales constituyen base electoral de Juntos por el Cambio. La oposición, en este sentido, se ve incómodamente arrastrada a apoyar la iniciativa oficialista para no divorciarse de esos sectores, asalariados y trabajadores independientes.

Sintonía fina

La reunión del jueves con los empresarios de industria, comercio y servicios fue el remate de una buena semana: Guzmán terminó aplaudido por ese numeroso y jerarquizado público. El ministro volvió a insistir en la necesidad de cuidar las cuentas fiscales y, como resumió uno de ellos, “dijo los puntos que los empresarios quieren escuchar, como la importancia de la seguridad jurídica y la seguridad para la producción”.

Dejando de lado el consignismo que surge de los sectores más toscos del Frente de Todos, el Ejecutivo busca ahora alcanzar sus objetivos con diálogo y sintonía fina. Procura mecanismos de coordinación que permitan trabajar los costos de cada cadena de valor para encontrar con la ayuda de todos los puntos dónde se encuentran los cuellos de botella. Es una manera de que el conjunto de los sectores presione sobre los más desprolijos, ineficientes o avivados y de abandonar las culpabilización genéricas para centrarse en las responsabilidades específicas. En ese terreno, el propio Estado tendrá que mostrar su performance y transparentar sus números.

La tarea es estratégica. Argentina necesita un diálogo económico social maduro que aborde los problemas estructurales que impiden afrontar con eficacia los desafíos y aprovechar a pleno las oportunidades que presenta el mundo.

Necesita también una atmósfera política en la que la competencia, lógica entre fuerzas con ópticas y bases diferentes, no sea un obstáculo para la cooperación.

En estos días también en este terreno se observan señales auspiciosas, que parten principalmente de quienes, en una fuerza o en otra, tienen responsabilidades de gobierno: coincidencias en el tema educativo (se inician las clases, con una presencialidad ordenada con protocolos serios), convergencias en torno a la vacunación, los testeos y las prevenciones ante la pandemia. En el Congreso, entretanto, oficialismo y oposición, juntos, votarán favorablemente las reformas al impuesto a las ganancias, más allá de que quedarán asentadas dudas y disidencias parciales de la oposición.

Paulatinamente se va gestando una plataforma de moderación y diálogo, aunque persista el empeño de quienes prefieren la polarización y la virulencia.