El intendente Guillermo Montenegro rechazó el reclamo del pago de vacaciones no gozadas impulsado por Eduardo Leitao, ex presidente del Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur), y se apresta a firmar una resolución similar en respuesta a la presentación del ex intendente Carlos Arroyo.

Por primera vez, el gobierno municipal dictó un acto administrativo en el Boletín Oficial sobre los pedidos de funcionarios de la gestión anterior para que les abonen los días de descanso que no se tomaron cuando correspondía.

El decreto 0202/21, rubricado el 29 de enero y publicado este martes, hace alusión puntual al caso de Leitao y lleva las firmas de Montenegro; el secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, y el presidente del Emsur, Sebastián D’Andrea.

Entre los argumentos, el municipio menciona que el 15 de diciembre pasado la Justicia hizo lugar a una acción de amparo por mora y dispuso un plazo de 30 días para que se dicte un acto administrativo.

Sin embargo, el 27 de enero la Subsecretaría Legal, Técnica y Administrativa emitió un dictamen en el que sostiene que “no se está ante la presencia de un agente municipal”, por lo que la relación de Leitao con el municipio no está regulada por el Estatuto de Empleo Público Municipal de la Provincia de Buenos Aires (ley 14.656).

“La propia ley excluye del régimen a todos los funcionarios superiores y/o personal con designación política de los Departamentos Ejecutivo y Legislativo”, agrega.

En ese sentido, citó un dictamen de la Asesoría General de Gobierno bonaerense en el que asegura que las vacaciones existen con el objetivo del “goce real y efectivo del descanso temporal acordado”. Por lo tanto, se descarta “toda posibilidad de que (el monto correspondiente a vacaciones) se transforme en un motivo para incrementar el salario” y se perciba “el importe respectivo del lapso vacacional sin gozarlo real y efectivamente”.

El municipio recordó que en noviembre de 2019 el organismo provincial también señaló que “las vacaciones anuales revisten carácter netamente personal, siendo su finalidad sanitaria y por ende social”, lo que “implica que la licencia anual debe cumplir con el objetivo perseguido, esto es, el goce real y efectivo del descanso temporal acordado, evitando que su compensación monetaria se transforme en un motivo para incrementar la remuneración del agente”.

El referido a Leitao es el primer acto administrativo definitivo publicado por la Municipalidad sobre estos reclamos. “Estamos redactando el correspondiente a Arroyo. En los próximos días también va a estar publicado en el Boletín Oficial”, anticiparon este miércoles fuentes municipales a LA CAPITAL.

Arroyo y otros funcionarios de la gestión que gobernó el municipio entre 2015 y 2019 también recurrieron a la Justicia para cobrar vacaciones no gozadas. Patrocinados por Alejandro Vicente, ex secretario de Gobierno y otro de los incluidos en el reclamo, presentaron una acción de amparo por mora contra la Municipalidad.

Además de Arroyo y Vicente, al recurso lo impulsaron Patricia Leniz (ex secretaria de Desarrollo Social), Gustavo Gil de Muro (ex subsecretario de Legal y Técnica), Susana Rivero (ex subsecretaria de Educación), Marcelo Marcel (ex director de Prensa), Cristian Tait y Jorge Alí (ex directores coordinadores de Desarrollo Social).

Según cálculos de la administración de Montenegro, el monto de la licencia no gozada de Arroyo sería de alrededor de $ 1 millón más intereses. “Puede llegar a un millón y medio”, señalaron las fuentes. Más allá de los argumentos administrativos, desde el plano político el gobierno ya había calificado de “inoportuno” el reclamo debido a que las arcas del municipio están sufriendo las consecuencias de la pandemia.