El Gobierno analiza 25 mil contratos y podrían haber nuevos despidos
Se trata de contratos iniciados en los últimos tres años. Desde el Ejecutivo buscan conocer si cumplen alguna función específica o si tienen origen en la militancia kirchnerista.
El Gobierno advirtió hoy que está analizando 25 mil contratos de empleados públicos firmados durante los últimos tres años y podrían concretarse nuevos despidos en los próximos días.
Así lo expresó el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, quien indicó que “podría haber más (despidos) en el caso de que se detecten contratos que no están cumpliendo una función específica o que tenían origen de una militancia, entre comillas, financiada por dineros públicos”.
El funcionario señaló que el Gobierno hizo “un corte” con los despidos el 31 de enero, cuando se dieron de baja 6.300 contratos, pero ahora está analizando nuevos casos, por lo que “puede haber otras no renovaciones”.
En diálogo con radio La Red puntualizó que el Gobierno está revisando “24, 25 mil contratos que se habían iniciado en los últimos tres años, lo que era un número bastante importante respecto a lo que se venía haciendo”.
También manifestó que otro tema que están analizando “son situaciones de convenios con universidades porque en algunos casos se está escondiendo recurso humano aplicado a distintas tareas”.
“Es tremendo que haya convenios que, por ejemplo, impliquen la prestación de pagar el auto del ministro de Salud (Jorge Lemus)”, cuestionó Ibarra, quien expresó que “el Estado nacional no sabe cuánta gente trabaja en el Estado porque no sabe cuánta gente trabaja en esos convenios”.
En este sentido, dijo que no descarta “que haya convenios que no correspondan y otros que sí”, pero señaló que no puede decir cuántos contratos se van a dar de baja porque “es responsabilidad de cada ministerio”.
En este sentido, Ibarra sostuvo que lo primero que quiere hacer el Gobierno “es ordenar el empleo público” para “saber en cada área cuánta gente está trabajando efectivamente”.
“Si no tenemos idea de la dotación del Estado mal podemos hacer una política pública asociada a jerarquizar al empelado público”, sentenció el funcionario.