La pandemia profundizó la brecha en los barrios de la ciudad, según un informe elaborado por un grupo multidisciplinario de especialistas pertenecientes al Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales (INHUS-CONICET, UNMDP).

En el mismo se destaca que el 70 por ciento de las personas consultadas contestó que no dispusieron de lugares apropiados para permitir el aislamiento en caso que las condiciones de las viviendas no sean adecuadas y en un mismo porcentaje los vecinos no tienen acceso a los elementos que aseguren higiene y prevención del Covid-19, como jabón, lavandina, alcohol, y no se les ofrecieron soluciones a esas necesidades por parte del Estado.

Dentro del estudio se realizó el relevamiento a partir de datos censales y también encuestas bimestrales a determinados actores sociales, entre los que se encuentran referentes de los Comités Barriales de Emergencia (CBEs) y de comedores y merenderos de barrios en situación de vulnerabilidad.

Este informe sobre la situación local es el segundo elaborado por esta organización y esta nueva etapa de evaluación fue llevada a cabo durante octubre, cuando General Pueyrredon se encontraba en fase 3 del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), con circulación comunitaria del virus.

“Estos testimonios reflejan fielmente  de qué manera la pandemia profundizó las problemáticas preexistentes y generó nuevos conflictos en las comunidades analizadas. Pero también pusieron de manifiesto la forma en que esos desafíos fueron enfrentados por la red de actores políticos y sociales territoriales en relación con los distintos niveles del Estado y con otras instituciones y asociaciones”, destacaron los autores del informe.

“Entre las principales conclusiones del relevamiento se encuentran la importancia de las organizaciones nacidas de los propios barrios en el contexto pandémico, la eficiencia de los CBEs a través de su acción continua y permanente, estrechando la relación entre Estado y el entramado de organizaciones sociales, asociaciones e instituciones de la ciudad”, agregaron.

Asimismo, se remarcó que “los comedores y merenderos, generalmente administrados por mujeres, fueron el eslabón de articulación más directa entre vecinos y los CBEs”.

El informe mostró también, entre otros resultados, que las desigualdades socio-territoriales de la zona son mayores que en el relevamiento anterior, ampliando la brecha en la calidad de vida de la población.

Según los datos analizados más de la cuarta parte de la población del Partido habita en espacios con deficiencias y riesgos materiales e inmateriales que reducen marcadamente sus niveles de bienestar.

“La presencia del Covid-19 profundizó los problemas de acceso a la salud y a las fuentes laborales, problemáticas preexistentes a la pandemia pero que ahora se complejizan aún más”, señalaron con preocupación.

En ese sentido, se destacó que “hay familias enteras que sufren el aumento de despidos y ante la posibilidad de un contagio surgen deficiencias del sistema de salud: acceso, transporte, horarios, seguimiento de casos Covid-19 positivos”.

Además, se comunicó que “la totalidad de las personas entrevistadas coincidió en que desde el sondeo anterior se sumaron casos de familias que merecerían una mayor asistencia por parte del Estado, cuyas principales demandas son la asistencia alimentaria y el acceso a la salud”.

Por último, se detalló que en comparación con el primer informe, realizado en agosto, se modificaron el orden de las prioridades: “En el relevamiento anterior la situación alimentaria era la necesidad con mayor importancia por parte de los vecinos, mientras que en la segunda consulta, y en medio de un alza en la curva de contagios debido a la circulación comunitaria del virus, la mayor prioridad resulta ser la situación deficitaria de los servicios de salud“, concluyeron.