No fue en las playas, la gastronomía, el comercio, el teatro ni el transporte público donde estalló el problema. La temporada de verano atravesada por la pandemia se puso en jaque por los desmanes en la nocturnidad y la irresponsabilidad de quienes organizan y concurren a fiestas clandestinas, eventos que se triplicaron en las primeras noches de enero y que exhiben la desobediencia de marplatenses y turistas pero también el lucro detrás de lo prohibido.

“No es una cuestión de seguridad, sino de salubridad”, asegura Horacio García, responsable de la Secretaría de Seguridad del municipio de General Pueyrredon, área que interviene junto a otras dependencias y la policía por noche en hasta 30 eventos con entre 50 y 500 personas que sin ningún tipo de medida sanitaria -barbijos y distanciamiento social brillan por su ausencia- disfrutan en playas, quintas, casas y hasta en boliches de un tipo de diversión que se volvió clandestina por evidentes cuestiones sanitarias.

Se difunden por redes sociales. Por grupos de Whatsapp e historias privadas de Instagram, los organizadores comunican los eventos e invitan a adherirse a una lista de difusión. El mensaje convoca a una fiesta, pero la dirección se proporciona apenas una o dos horas antes de que se encienda la música para evitar que la ubicación trascienda.

Crecieron en diciembre, pero en lo que va de enero se triplicaron. Cada noche el municipio recibe a través de la línea telefónica (223 436-8599) más de 40 denuncias -los fines de semana hasta 75- que advierten sobre lugares donde se llevan a cabo fiestas. No todas resultan ser tales, en muchos casos se trata de reuniones familiares que elevan la música, pero en otras sí el descontrol queda en evidencia.

Solo algunas se realizan en las playas del sur. Los agentes de la Secretaría de Seguridad saben que el problema se está suscitando en propiedades privadas, en casas -muchas de ellas de los barrios Los Troncos, San Carlos, Punta Mogotes y el bosque Peralta Ramos, entre otros- campings y quintas a veces considerablemente alejadas de la ciudad.

Días atrás los inspectores recibieron una denuncia que refería al desarrollo de una fiesta en una propiedad rural ubicada entre Batán y Sierra de los Padres. Atravesaron 45 minutos de camino de tierra hasta llegar al lugar, donde había más de 150 personas y gran cantidad de alcohol.

Al arribar, ya se habían apagado las luces y desarmado los gazebos: alguien especialmente apostado en el camino para advertir la llegada del operativo multiagencial había avisado que era momento de levantar todo.

A principios de enero se desarticuló una fiesta en una playa del sur con más de 1.500 personas. La semana pasada, se intervino en otro evento clandestino en Punta Mogotes con 500 participantes en una casa. En el Bosque también hubo corridas y jóvenes huyendo entre los árboles con las linternas de su celulares ante la llegada de las patrullas.

En algunas fiestas se cobra entrada, en otras no. Los organizadores de algunas solo exigen llevar bebidas para ingresar. Varios lucran con el evento y piden entre 250 y hasta 2.500 pesos para participar y costear los gastos del dj que pasa la música, la barra de tragos, las luces, el equipo de sonido, los gazebos y hasta personal de “seguridad”.

En todos los casos, aseguran, “son organizadas por jóvenes”, en su mayoría de menos de 35 años, generalmente marplatenses, aunque también se han registrado eventos convocados por turistas, como un grupo de rosarinos que realizó una fiesta en Punta Mogotes con 500 personas y otro de La Plata que convocó a 150 en un camping.

Otras se han realizado en boliches, como días atrás ocurrió a la vista de todos en Playa Grande, con cientos de jóvenes unos pegados a otros. Más de un boliche las realiza a puertas cerradas, con cortinados oscuros y bajo la orden de no permitir sacar fotos adentro para encubrir la clandestinidad, incluso suprimiendo libertades individuales.

“Guardá ya ese teléfono”, suelen repetir “patovicas” en algunos de estos establecimientos y por orden de los organizadores advierten que “está prohibido” registrar imágenes. En ciertos lugares se pegan stickers en los celulares para inhabilitar las cámaras. Algunas fotos sin embargo trascienden y luego se publican en redes sociales.

La clandestinidad detrás de las fiestas puso en jaque la temporada de verano en medio de la pandemia. Ante el aumento de estos eventos y el crecimiento de los contagios, la Provincia determinó este fin de semana restricciones horarias: a partir de este lunes, todas las actividades quedan suspendidas entre la 1 y las 6.

Aquellos comerciantes que cumplen los protocolos pagarán los platos rotos por aquellos que infringen el límite de lo permitido en el marco de la pandemia.

Investigan a organizadores

Existe una premisa básica, al borde de lo obvio, pero real: no hay fiesta clandestina sin jóvenes que participen, pero tampoco sin gente que las organice.

A raíz de la experiencia adquirida en este último mes, la Secretaría de Seguridad tiene indicios suficientes para creer que hay una red -o varias- de organizadores de estas fiestas. En medio de los operativos para desactivar dichos eventos en puntos tan céntricos como recónditos de Mar del Plata, hacia allí van los esfuerzos: la organización.

Propiedades que reinciden en esta contravención, el mismo tipo de equipos de luces y sonidos en uno y otro lugar, y hasta mensajes por redes sociales para convocar con similares características.

“Se puso mucho énfasis en que los boliches cumplan con ser café-restaurante con show, algo más tranquilo, porque lo demás no está permitido. Pero el problema se está repitiendo en casas alquiladas, incluso a veces subalquiladas y se está buscando determinar responsabilidades y ver si desentrañamos la madeja de quién las está organizando“, reveló Horacio García, secretario de Seguridad municipal.

Para el titular del área, una cosa es una reunión familiar o de amigos y otra es la contratación de un dj, un barman, equipos de luces y audio, entre otros elementos que “dejan en evidencia que hay montado un trabajo intelectual para lucrar”.

García y la Justicia Federal van detrás de desarticular posibles organizaciones. “Judicialmente hay que desentrañar eso y la punta puede estar en la manera de comunicarse, porque se convocan por redes sociales y Whatsapp, entonces si pudiésemos secuestrar teléfonos, el rastro queda en las comunicaciones y podrían peritarse para avanzar en un escalón más de la organización”, dijo.

Al desactivar los eventos, el 90% de los participantes “responde bien”

Los operativos para desactivar estas fiestas se realizan con cautela y la participación de efectivos policiales y personal de la Patrulla Municipal, REBA, Inspección General, la Secretaría de Seguridad, agentes de Tránsito y más áreas.

Hay un “equipo estable” de más de 30 personas abocadas a la detección de fiestas e intervención en los procedimientos, que en más de una oportunidad demandan refuerzos.

Un grupo interno de Whatsapp llamado “Clandestinidad” permite compartir información sobre posibles fiestas clandestinas.

“Con semejante presencia multiagencial no queda mucho espacio para la reacción de la gente, que sabe que está haciendo algo indebido y en un 80% responde bien y se va”, comentó el secretario de Seguridad.

Solo en casos puntuales los operativos se vuelven más complejos y se registran reacciones de los participantes en contra de los agentes.

En algunos eventos se han registrado corridas, gritos, insultos y cierta resistencia, pero “en general la gente entiende y se retira”.

Multas más caras, pero aún no se aplican