Entidades que nuclean a empresas, comercios e industrias están dispuestas a recurrir a la Justicia para frenar el tarifazo de gas y lograr una medida similar a la que ayer a Corte dispuso para los usuarios residenciales. Para el presidente de la UCIP, Raúl Lamacchia, la Justicia debería colocar al sector productivo “en igualdad de condiciones” con respecto al resto de los clientes del servicio.

Por eso anticipó que seguramente se harán presentaciones para que haya un pronunciamiento de los jueces, debido a que las tarifas vigentes perjudican al comercio y a las pequeñas y a las medianas empresas.

En ese contexto, secretario de prensa de CAME, Vicente Lourenzo, expresó la sorpresa del sector cuando se conoció el fallo de la Corte que decidió suspender el aumento en la tarifa de gas para los usuarios residenciales.

En declaraciones a AM 950 Belgrano, Lourenzo expresó: “El fallo de la Corte nos sorprendió negativamente, más cuando la mayoría de los fallos que hablaban en ese sentido no hacían ninguna distinción entre las Pymes y los usuarios.”

“Inmediatamente después de conocido fallo, el presidente de CAME dió instrucciones a los abogados para que, de la misma manera que favorecieron a una parte de la población, favorezcan al resto porque el fondo de la cuestión es el mismo”, explicó.

En este sentido, reveló: “Podemos reclamar todo lo que se haya pagado desde marzo hasta el día que se haga la audiencia, además de cómo aplicar el monto.”

“Hay empresas de uso intensivo y de bajo consumo de gas. No es lo mismo que le apliquen un 500% de aumento a una empresa que tiene un horno prendido todo el día a una que tenga dos estufas y un calefón”, aclaró Lourenzo.

“Hay casos donde una empresa pasó de pagar una factura de 120 mil pesos a 600 mil”, ejemplificó.
Por otra parte, adelantó: “Nuestros abogados están estudiando cuál es la mejor manera de presentarse a reclamar, separados o en conjunto. Lo importante es solucionar el problema de la gente.”

“Es una locura que los comerciantes y las Pymes no tengan derecho a realizar una acción colectiva según la jurisprudencia de la Corte”, sostuvo.

Por otra parte la Asamblea de la Pequeños y la Medianos Empresarios de Mar del Plata (Apyme) reconoció al fallo de la Corte como “un avance” pero manifestó su preocupación porque el sector comercial y productivo no haya sido incluido en sus alcances.

“En el actual contexto de recesión, caída de la actividad, aumentos de precios e ingreso de importaciones, la vigencia de un cuadro tarifario con aumentos como los que dispuso el Poder Ejecutivo resulta insostenible para miles de unidades productivas, del comercio y los servicios. El límite del 500% con retroactividad del cobro de facturas sigue resultando desproporcionado y confiscatorio. Al no haber una segmentación adecuada hacia el interior del entramado productivo, serán los eslabones más débiles de la cadena los que sufran las peores consecuencias”, advirtió la entidad.

Asimismo APYME resaltó el dictamen de la procuradora general de la Nación Gils Carbó, donde se dice que si por una parte “el servicio público domiciliario de gas es un servicio indispensable para la salud y la vida digna”, asimismo “el acceso al servicio básico del gas es indispensable para la continuidad de la actividad económica de los comerciantes, las empresas —en especial, las pequeñas y medianas—, las fábricas recuperadas y las cooperativas, de las cuales depende en gran medida la conservación de las fuentes de trabajo”.

“Debemos recordar que este universo de empresas representa más del 90 % de las unidades productivas y genera el 80 % del empleo. Dejar instalada la inseguridad jurídica sobre el valor de las tarifas para este sector equivale a decretar el cierre de miles de empresas, suspensiones y despidos de trabajadores, situación que sin duda agravará la crisis ya existente”, sostuvo

APYME señaló que “debe tratarse de modo urgente esta situación por las vías legislativa, jurídica y política. Uno de los caminos es crear de modo urgente la figura del ombudsman de las Pymes, como se propuso oportunamente durante el tratamiento de la ley de fomento a las Mipymes, a fin de impulsar un proceso colectivo que ampare al sector. Este camino debería seguirse también respecto del resto de los aumentos tarifarios, en particular de la electricidad y el agua, que también fueron fijados por el Gobierno de modo unilateral, sin audiencias públicas y con completo descuido por sus devastadores desequilibrios sociales y productivos sobre el conjunto de la población”.