Integrantes de diferentes organizaciones proteccionistas se manifestaron ayer frente al Palacio Municipal para reclamar que la comuna dé marcha atrás con el recorte en el servicio de castración de mascotas, por el que se dispuso no seguir realizando este tipo de prácticas en los barrios.
Según denunciaron, la decisión del Ejecutivo de reducir de manera considerable las prestaciones del área de Zoonosis ocasionaría graves riesgos sanitarios en todo el Partido de General Pueyrredon debido a que la proliferación de perros callejeros podría propagar enfermedades tales como sarna, tétano o leptospirosis, entre otras.
Según le explicó a LA CAPITAL Graciela Ríos, de la Asociación de Protección y Ayuda al Animal Abandonado (Apaaa), este mismo reclamo ya fue planteado ante el intendente Carlos Arroyo y varios de sus funcionarios, como el secretario de Salud, Gustavo Blanco, y el secretario de Economía y Hacienda, José Cano, quienes hasta el momento, no dieron ninguna señal en favor de rectificar la medida.
Según Ríos, por el contrario, la postura oficial fue la de justificar el recorte por razones “presupuestarias”.
A raíz de esta decisión, en la actualidad las castraciones sólo se realizan de manera gratuita en la sede de Zoonosis, la cual atiende de lunes a viernes, en el horario de mañana y los martes por la tarde.
“Primero nos informaron que la dependencia no atendería más los sábados y después suspendieron el cronograma de visitas a las sociedades de fomento”, explicó Ríos.
Según explicó la referente de Apaaa, la Municipalidad venía realizando “un excelente trabajo” que permitió que durante todo el año pasado se efectuaran unas 13.000 castraciones de perros y gatos.
“Los funcionarios como José Cano argumentan que la Municipalidad no tiene dinero para seguir prestando este servicio con la intensidad con la que se lo venía haciendo. Por eso decidieron hacer frente al pago de otras cosas que ellos consideran más importantes”, sostuvo la mujer.
Ríos remarcó que más allá de esta justificación, la decisión de ponerle fin a la tarea itinerante de Zoonosis “es muy preocupante” porque “podría causar serios problemas sanitarios en toda la ciudad”.
Según explicó, gracias a que los profesionales de esa área visitaban anualmente casi todas las sociedades de fomento, los vecinos tenían acceso a un servicio que no podrían afrontar por sí mismos.
“Una castración privada puede costar entre 700 y 1.000 pesos y esa es una suma de dinero que muchas familias no pueden pagar. Las personas de bajos recursos tampoco están en condiciones de trasladarse con sus perros hasta Zoonosis durante un día de semana y en un horario laboral. Por eso es importante que el servicio vuelva a ser prestado igual que antes”, indicó.
Como parte de las manifestaciones que las asociaciones proteccionistas están llevando adelante, también, resolvieron impulsar una petición a través de la plataforma charge.org para sumar apoyos a su reclamo.
La protesta de ayer, además, tuvo lugar luego de que el concejal radical Mario Rodríguez también se diferenciara de la política oficial promovida al respecto y adelantara que pedirá que en la discusión del presupuesto se asignen fondos para darle continuidad a esta tarea.
Otro que había expresado su inquietud al respecto había sido el concejal de Acción Marplatense, Marcelo Fernández. “Nos preocupa la decisión de suspender por tiempo indeterminado la esterilización de mascotas ya que se trata de una acción que además de mejorar el estado sanitario de los perros y gatos, contribuye al bienestar de la comunidad en su conjunto”, dijo al presentar dos proyectos: uno para que el cuerpo exprese su preocupación y rechazo y otro, instando al Ejecutivo a darle continuidad del servicio.
Fernández recordó que el programa “contaba con un gran apoyo de los vecinos” y que “en su paso por las sociedades de fomento realizaba anualmente unas 13.000 castraciones”, lo que permitió que en 10 años se efectuaran “más de 95 mil cirugías”.