Por Federico Cermelo*

La Cámara de Diputados de la Nación entra en la recta final de un nuevo debate por la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Su tratamiento es indispensable, se necesita la ley para prevenir y acabar con el negocio y la perversidad de la clandestinidad. Para la prevención, necesitamos generar conciencia en la sociedad y sobre todo en los jóvenes y, por eso, es necesario que la ley de Educación Sexual Integral (ESI) se cumpla y el Estado realice fuertes campañas de concientización.

Sin dudas, la prevención debe tener como principal eje promover el uso del preservativo porque es el único método anticonceptivo que además, previene las enfermedades de transmisión sexual en un momento donde la sífilis se ha triplicado durante los últimos años y no se logra bajar el promedio de nuevas infecciones del virus del HIV.

Ahora bien, existe en la realidad y nadie lo puede negar, una gran cantidad de IVE en situaciones muy adversas, en donde el Estado debe intervenir porque se trata de un problema de salud pública y también, de justicia social. En este sentido, según datos el Ministerio de Salud de la Nación, en 2016 fallecieron por embarazo derivado en aborto 43 mujeres, mientras que en el 2018 se registraron 35 muertes, calculándose más de 3000 desde la vuelta a la democracia. Por el contrario, quienes tienen poder adquisitivo, pueden tomar su decisión y llevarla adelante en sanatorios y consultorios médicos con las mejores condiciones o bien, seguir indicaciones muy sencillas para llevarlo adelante.

En consecuencia, estamos también ante una grave problemática de justicia social porque aquellas mujeres sin recursos económicos imposibilitadas de interrumpir su embarazo en el sistema público de salud, acuden a los peores métodos, sufren consecuencias de salud terribles (muchas veces la muerte) y luego se dirigen desesperadamente a las guardias de los hospitales públicos. Al llegarse a esta instancia, la Corte Suprema de Justicia ha ratificado en reiteradas oportunidades que un profesional de la medicina que atiende a una mujer que provocó su aborto y que por ello, corre riesgo su vida, no tiene la obligación de denunciarla y sí lo hace, el Estado no debe perseguirla. Por lo cual, ese hospital público que hoy no puede practicar la IVE, luego tiene la obligación de intervenir para intentar salvar a esa misma mujer que previamente el Estado le dio la espalda y cayó en las peores manos.

A su vez, esa atención médica ya requiere de internación e intervenciones quirúrgicas complejas, situación muy distinta a lo que sería una IVE en términos normales. Justamente por ello, según se desprende de datos brindados por la Subsecretaría de Medicamentos e Información Estratégica, el sistema de salud gasta entre 2,4 y 8,4 veces más que sí se decidiera avanzar en la legalización, pudiendo ahorrar entre $3.658 y los $4.394 millones por año.

A su vez, otro elemento positivo que traería la legalización es contar con estadísticas precisas y una disminución de las muertes como de la cantidad de IVE. Desde hace tiempo, la Organización Mundial de la Salud, así lo viene advirtiendo y tiene que ver con un mejor acceso a la prevención y al seguimiento médico. De hecho, en Uruguay que obtuvo su ley en octubre de 2012, prácticamente ha desaparecido el aborto como una causal de muerte al registrarse tan solo un fallecimiento desde la sanción de la normativa.

En definitiva, no podemos seguir viviendo en una sociedad que condena a la mujer vulnerable y premia el negocio de la clandestinidad. Por eso, es importante que salga la ley: para salvar vidas, hacer justicia y terminar con la hipocresía. Como decía nuestro astro médico argentino, René Favoloro “Con el divorcio decían que era el fin de la familia y sólo fue el fin de la vergüenza para los separados ilegales. Con el aborto legal no habrá más ni menos abortos, habrá menos madres muertas. El resto es educar, no legislar”.

*El autor es Abogado y Director del Observatorio de la Juventud de la Cámara de Diputados de la Nación.