El Gobierno nacional oficializó hoy el nombramiento de jueces, camaristas y representantes del Ministerio Público Fiscal mediante la publicación de los respectivos decretos en el Boletín Oficial, tras el acuerdo prestado por el Senado de la Nación.

La treintena de decretos que oficializan las designaciones llevan las firmas del presidente Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y de la ministra de Justicia, Marcela Losardo.

Entre las designaciones se encuentra la de Raúl Bejas, como vocal de la Cámara Nacional Electoral, y la de Mariano Galleta, como miembro del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.

La totalidad de las designaciones habían sido aprobadas por el Senado el pasado 5 de noviembre, en el marco de una sesión especial en la que la oposición objetó a Bejas y Galleta, por supuesta falta de imparcialidad y discriminación en detrimento de dos mujeres.

Entre el resto de las designaciones oficializadas hoy en el Boletín Oficial se encuentran el juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 59 (CABA), Carlos Javier Nagata; ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Gallegos, Claudio Vázquez; ante el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Resistencia, Ricardo Mianovich; y ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 12 (CABA), Andrea Urretavizcaya.

Se designa además ante la Cámara del Tribunal Oral de Menores Nº 2 (CABA) a Alejandra Quinteiro; como vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social a Sebastián Russo; y ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 18 (CABA) a Santiago Miño.

Le siguen como jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 41 (CABA), María Luján Garay; ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 8 (CABA), Laura D’Arruda; ante el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 (Catamarca), Guillermo Díaz Martínez; ante el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 (Formosa), María Mace; ante el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 (Azul), Gabriel Di Guilio; y vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial (CABA) Sala A, Héctor Chomer.

También fueron designados vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala I, Adriana Cammarata; juez de la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal de Tierra del Fuego, Guillermo Quadrini; y jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 21 (CABA) Viviana Dobarro.

Como jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 37 (CABA) fue nombrada Ana Clara Alfie; juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 78 (CABA), Alejandro Musa; ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 44 (CABA), María Eugenia Plaza; ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 50 (CABA), Fabiana Rodríguez; y ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 6 (CABA), Lucas Malm Green.

Siguen ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Victoria (Entre Ríos) Federico Martín; y ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 22 (CABA), Héctor Karpiuk.

En tanto, entre los designados/as en el Ministerio Público se nombra como Defensora Pública Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca a Cecilia Delgado.

También fueron designados/as Defensor Público de Víctima (Salta) a Carlos Escandar; Defensor Público de Menores e Incapaces en lo Civil, Comercial y del Trabajo N° 1 (CABA), Juan Candia; Defensora Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Villa Mercedes, María Jalil Colome; y como Defensora Pública Curadora de la Defensoría General de la Nación, Defensoría Pública Curaduría N° 1, a Mercedes Robba.

Las designaciones de Bejas para ocupar la vacante en la Cámara Nacional Electoral y de Galetta como miembro de un tribunal federal de Tucumán habían provocado en el Senado cruces de recriminaciones entre el oficialismo y el interbloque opositor de Juntos por el Cambio en torno a la idoneidad de los jueces propuestos y a la paridad de género.

Tanto el pliego de Bejas como el de Galetta habían recibido 34 impugnaciones de asociaciones de defensa de los derechos de las mujeres y de partidos de la oposición después de que el Poder Ejecutivo eligiera sus pliegos en lugar del de dos mujeres, Alejandra Lázzaro y Vanessa Lucero, que habían resultado primeras en orden de mérito en los concursos para ascensos.