El Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público se pronunció casi por unanimidad en favor de la “temporalidad de los mandatos” del procurador y del defensor General de la Nación, así como también de que la designación por parte del Poder Ejecutivo sea “con acuerdo de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros del Senado”.

Estas recomendaciones fueron volcadas en un documento de 1.000 páginas que los once expertos que integran este órgano concluyeron esta semana pero que, según fuentes consultadas por Télam, aún no fue elevado formalmente al Poder Ejecutivo.

En el documento, al que tuvo acceso esta agencia, el comité de especialistas recomienda casi por unanimidad la modificación de la forma de designación del procurador General de la Nación y del defensor, que deberá ser por el Poder Ejecutivo, con acuerdo de “la mayoría absoluta de los miembros del Senado”, y no por mayoría agravada, lo que demandaría “modificar el actual régimen legal”.

Además, se plantea la temporalidad del mandato, con posibilidad de reelección.

“Los titulares del Ministerio Público son los únicos funcionarios con mandato vitalicio que dirigen un órgano unipersonal equiparado a un poder del Estado”, argumentan los miembros de este cuerpo creado el 30 de julio último por el decreto 635 que lleva la firma del presidente Alberto Fernández, y que comenzó a reunirse el 18 de agosto, para concluir su tarea el 18 de noviembre.

En los 90 días con los que contaron para debatir y escuchar diferentes voces vinculadas al Poder Judicial, los once notables que integraron este consejo se inclinaron mayormente por mandatos de “5 años”, por considerar este plazo temporal “suficiente para la implementación de una política institucional”.

Algunos sumaron como recomendación “la alternancia” como opción de “renovación”, mientras que otros lo hicieron por la posiblidad de “reelección”.

En su argumentación, por ejemplo, Gustavo Raúl Ferreyra, catedrático de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, abonó la idea de que sean “designados por un término de 5 años con posibilidad de renovación en la misma forma en que fueron nombrados”.

También propone “cambiar las mayorías jurídicas requeridas para la designación de ambos funcionarios en favor de una mayoría absoluta sobre la totalidad de los miembros del Senado” en el marco de un “proceso abierto, dialógico, consensuado y robusto y que garantice la comprensión, perspectiva y equidad de género”.

En tanto, la mayoría también recomendó que la elección del procurador y del defensor no coincida con “los años en el que se elige presidente” y para su remoción sugirió “mantener el actual régimen legal y el mecanismo”, que es el juicio político previsto por los artículos 53 y 59 de la Constitución.

Además, existen recomendaciones con perspectiva de género para contrarrestar el denominado “techo de cristal”, régimen de licencias paritario a partir del nacimiento de hijos/as y la diversidad de género en la integración de las Fiscalías y Defensorías, entre otras.

El informe incluye también recomendaciones para el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura, los juicios por jurados y la transferencia de las competencias no federales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de las expuestas para el Ministerio Público.

Para la Corte Suprema se plantea la posibilidad de crear un tribunal intermedio para descongestionar de causas al máximo tribunal, en tanto que para el Consejo de la Magistratura se recomienda su ampliación de 13 a 16 integrantes (4 representantes por cada estamento: jueces, abogados, académicos y organismos políticos).

Llegar al documento final llevó varias reuniones semanales durante los últimos tres meses y una ardua tarea para reflejar las coincidencias y las divergencias de los miembros de este órgano, que buscó tener diversidad de miradas en su integración.

El consejo asesor está conformado por Claudia Beatriz Sbdar, Hilda Kogan, María del Carmen Battani, Marisa Herrera, Inés Weinberg de Roca, Carlos Alberto Beraldi, Andrés Gil Domínguez, Omar Palermo, Raúl Gustavo Ferreyra, León Arslanian y Enrique Bacigalupo.

El grupo de expertos tuvo listo el informe el 18 de noviembre, que era la fecha fijada, pero el Presidente se encontraba en aislamiento preventivo debido a haber tenido un contacto estrecho con un caso positivo de coronavirus y el encuentro formal para la entrega del documento no pudo realizarse.

En los próximos días, dependiendo de la agenda del mandatario, los expertos entregarán formalmente el documento de 1.000 páginas en las que exponen su mirada para recomendar reformas de fondo en el sistema judicial.

Para ello, además de reuniones (virtuales) entre ellos, tuvieron unos 25 encuentros con entidades e instituciones relacionadas al Poder Judicial, y otro con enfoques transversales acerca de cómo implementar el federalismo y las cuestiones de género en el funcionamiento de la Justicia.