Luego que manifestantes destrozaran parte de un balneario en defensa de las playas públicas y esto generara el repudio del Municipio y empresarios del sector, la Casa del Trabajador de la ciudad presentó una medida cautelar para reducir en un 30% la ocupación de privados sobre la arena y garantizar el distanciamiento social.

La acción fue interpuesta ante la Justicia por Jorge Nicolás Ardito, integrante de la Casa del Trabajador, quien,  patrocinado por el abogado Julio Hikkilo, advirtió la necesidad de dar lugar a la medida con el objetivo de “prevenir mayores contagios, cuidar la salud pública, las fuentes de trabajo y cumplir con el Distanciamiento Social Preventivo en las playas”.

Además de cuestionar “la inacción del Municipio”, el letrado argumentó que “el inminente inicio de la temporada 2020/21” pone el foco en “la necesidad de contar con mayor espacio de arena pública para evitar amontonamientos de personas en las playas en este contexto de pandemia del Covid 19 y cumplir con el distanciamiento social preventivo y obligatorio (DISPO) dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional”.

Además, destaca que “como se observa en las playas concesionadas (zona norte de la Perla), el sector privado nuevamente está acaparando la totalidad del sector de arena seca, con la instalación de carpas y cerramientos, lo cual implica un claro abuso de derecho que va en desmedro del bien común e interés general y los usuarios del espacio de arena pública“.

“El estado municipal no adoptó medida alguna para controlar y/o supervisar el cumplimiento y respeto de los pliegos de licitaciones por parte de los concesionarios, lo cual generó un gran malestar en la población, con la realización de acciones directas sobre balnearios, que dan cuenta diferentes medios locales y nacionales”, indica en otro fragmento de la medida judicial.

Para Hikkilo y Ardito esta situación coloca en desventaja a la ciudad “como punto de referencia turística y vacacional, con la consiguiente afectación de importantes sectores de la economía vinculada al turismo y por ende la creación de puestos de trabajos para esta temporada”.

“Ante la omisión y/o inacción del ejecutivo a cargo de Guillermo Montenegro, la justicia debe actuar en forma rápida y efectiva en defensa del interés general, de lo contrario se pone en serio riesgo la paz social”, agregaron los demandantes.

En este sentido, en la medida se solicita que se ordenen de manera “urgente” una serie de “inspecciones en los balnearios de la zona centro y norte de la ciudad a fin de verificar el cuadro de situación y ocupación del espacio de arena por parte de los concesionarios privados y demás cumplimiento de las obligaciones impuestas en los pliegos de adjudicación”.