En poco tiempo el ex intendente Carlos Fernando Arroyo debería prestar declaración indagatoria ante el Poder Judicial en el marco de la causa “Cochera de Playa Grande”, en la que se lo investiga a él y a algunos de sus funcionarios por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros delitos.

Esta semana, Gabriela Magnoler y Mónica Rábano, ex presidenta del Emtur y directora de Recursos Turísticos respectivamente, aportaron su testimonio en el marco de la reanudación de las audiencias del proceso judicial que tiene en la mira a Arroyo por el “bochornoso” proceso para habilitar un boliche en Playa Grande y que había quedado frenado por la pandemia de Covid-19.

Meses atrás se solicitó ampliar la causa, retomar la ronda de audiencias pendientes y citar a declarar al ex intendente, quien quedó todavía más incriminado tras las recientes declaraciones de las entonces responsables del Ente Municipal de Turismo, en sintonía con lo ocurrido cuando brindaron sus testimonios Alejandro Vicente y Gustavo Gil de Muro, ex secretarios de Gobierno y de Legal y Técnica respectivamente.

En esta oportunidad, Magnoler y Rábano centralizaron en el ex intendente la responsabilidad de los delitos investigados en el marco de la causa iniciada a partir de la denuncia del concesionario Sergio Goransky contra el ex intendente Arroyo.

Dicha denuncia, cabe recordar, fue presentada luego de que Arroyo firmara un acta transaccional en la que autorizaba a Playa Azul SA -concesionaria del estacionamiento-, a comenzar la ejecución de obras para instalar un boliche.

El estacionamiento de Playa Grande, eje de la denuncia.

La causa es escandalosa y contiene “bochornosos incumplimientos”. La prueba documental, afirman, “es determinante” y configuraría en forma explícita la comisión de al menos siete delitos que involucran a Arroyo y sus entonces funcionarios.

El testimonio de Magnoler adquirió una significativa relevancia, ya que la ex titular del Emtur fue obligada a renunciar a su cargo por el entonces intendente, al negarse a firmar y avalar esta y otras actuaciones referidas al complejo de Playa Grande.

La ex funcionaria declaró que “no fue consultada por Carlos Arroyo” para la elaboración del decreto 1281, por el cual se vetó la ordenanza anterior, aunque sí fue requerida su presencia para acompañar la firma del decreto, el cual abrió la polémica y dio impulso al proceso judicial.

Magnoler ratificó que decidió no refrendar el decreto por no considerarlo apropiado y tras ello renunció a la presidencia del Emtur, no sin antes manifestarle y aclararle al intendente Arroyo que su accionar “no contribuía a la solución de la necesidades planteadas” en torno a las cocheras de Playa Grande y a la sana colaboración entre el Estado y el sector privado.

La declaración de Rábano no fue menos contundente. La profesional de larga trayectoria dentro del Emtur indicó que a raíz de las modificaciones solicitadas por el concesionario se laboraron dos infracciones. En la segunda “intervino el intendente Carlos Arroyo en forma directa”, lo que de desencadenó toda una situación que motivó el proceso judicial, porque “al tomar el intendente el expediente se modifica el proceso natural que determinaba el pliego”, más aún al hacer intervenir “otras variables ajenas al mismo” y a la situación del contrato, expuso la funcionaria.

A raíz de la intervención del ex intendente, razonó Rábano, se comenzó a operar con “lineamientos paralelos” al pliego, por fuera del marco legal. La funcionaria aclaró que el procedimiento resultante no fue avalado por el área a su cargo ni por el ente de Turismo.

Declaró además que el Emtur no participó del “acuerdo” por no considerar resueltos los elementos que llevaban al proceso de caducidad. También aclaró que en la propuesta original “no estaba incluida” la explotación de una confitería bailable en el sector comprometido de las cocheras de Playa Grande.

Ambos testimonios reforzaron la incriminación del ex intendente Carlos Arroyo en la comisión de al menos siete delitos. En poco tiempo, el ex jefe comunal debería ser citado a declarar, aunque las cartas en el marco del proceso judicial parecen estar en su contra.