El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, afirmó que a partir de que se “despejaron variables que generan incertidumbre” en el mercado cambiario comenzaron a verse movimientos de ventas de granos que “estaban paradas”, y estimó que en los próximos dos meses los productores irán “progresivamente desprendiéndose” de su producción.

En un reportaje con Télam, Basterra destacó además que el sistema de compensación de retenciones para pequeños productores de soja, apunta a “darle competitividad” a los sectores que “no tienen las escalas que tienen las grandes empresas”.

– ¿Qué impacto va a tener en los pequeños productores de soja y en cuánto los ayuda el nuevo sistema de compensaciones?

– Con esta compensación lo que se hace es devolver el equivalente a determinados puntos de retención. Cuando se cerró la campaña al 31 de julio, que fue el momento donde se definieron los rendimientos y los montos, se definió que un productor de 1 a 100 hectáreas (has) va a tener por cada tonelada entregada una retribución de $ 1.543. Si uno lo considera sobre el valor de lo que se pagaba en julio esto equivaldría a un 7% de disminución de los derechos de exportación (que en la actualidad se ubica en 33%). Es decir que es como si el sistema lo hubiese cobrado a las exportaciones a un 26%. Si es el caso de 100 a 200 has la retribución es de $ 1.100; de 200 a 300 has es de $ 661; y en el caso de 300 a 400 has es de $ 441. Esto lleva a que en el límite de habilitación de un productor de 400 has que tuvo un rendimiento de 2,9 toneladas por hectárea son alrededor de $500.000 que puede recibir. Esto es para los productores que están en la región núcleo.

Para los que están fuera de 0 a 100 hectáreas la retribución es de $2.205; de 100 a 200 hectáreas es de $1543; de 200 a 300 hectáreas de $882; y de 300 a 400 hectáreas es de $661. Esto es así porque tienen menores rendimientos y, además, están más lejos del puerto.

Esto apunta a darle competitividad a los sistemas de commodities que no tienen las escalas que tienen las grandes empresas.

– Usted dijo que la baja de retenciones temporales a la soja no dio los resultados que esperaban en la venta de granos, ¿Por qué?

– Se dio parcialmente. Los que aprovecharon la baja de los DEX fueron los industriales y lograron exportaciones por más de US$ 1.700 millones. Nuestro objetivo original era lograr que se alcancen los US$ 3.000 millones en tres meses, es decir, que todavía el horizonte está a la vista. No obstante, quienes llevaron a cabo estas ventas fueron los industriales y no los productores. Éstos siguen reteniendo el grano y, en alguna medida, es comprensible porque se conjugaron dos factores: la soja empezó un movimiento alcista de US$ 315 a US$ 400, con lo cual la tendencia a la venta es muy baja cuando el valor de un producto esta en alza. Y el segundo elemento fue esta corrida del dólar ilegal que generó una expectativa de devaluación, algo que desde el primer momento hemos dicho que no iba a suceder, sino que se iba a continuar con el modelo de devaluación progresiva vinculada con el proceso inflacionario.

De esta forma el productor durante octubre estuvo en una actitud comprensible de quedarse fijo en un producto que se cotiza en dólares que estaba en aumento y que, además, estábamos en un escenario de variables de incertidumbre. Lo que ha ocurrido en estos días fue pasar de estar por encima del 100% el dólar ilegal respecto de la cotización del Mercado Único de Cambios al 60%, y esto marca que hay una férrea decisión de sostener la política monetaria y cambiaria y empieza a despejarnos una variable que genera incertidumbre. En consecuencia, ya se empiezan a ver movimientos de ventas de granos que estaban paradas. Nosotros creemos que en los próximos dos meses vamos a tener buenos resultados, donde no sólo la industria va a liquidar sino que también los productores van a ir progresivamente desprendiéndose de los granos.

– En los últimos tiempos, las críticas de algunos sectores del campo fue creciendo respecto de la política agropecuaria del Gobierno, también respecto de cuestiones contra la propiedad privada, como en el caso Etchevehere, o contra la producción. ¿Cuál es la visión y relación del Gobierno con el sector?

– Nosotros no vemos ningún elemento que fundamente ese debate. Cuando plantean el debate por la propiedad privada no entendemos cuál es la motivación si ésta es una garantía constitucional y nosotros somos los principales defensores de la Constitución. El último gobierno -en referencia a la presidencia de Mauricio Macri- ha sido un violador sistemático de las garantías y nos reclaman a nosotros institucionalidad y constitucionalidad. En realidad, nosotros consideramos que una usurpación es un delito. La rotura de un silobolsas también. Lo que ocurre es que la motivación que tienen algunos individuos dentro del sector es de promover una grieta porque tienen otros intereses que no son que le vaya bien al campo sino prosperar en el campo de discusión política. Ese debate lo damos cuando quieran, pero hablemos con franqueza con los elementos que hay que discutir.