La decisión de avanzar con la discusión de la reforma a la ley del Ministerio Público quedó formalizada el jueves pasado cuando el oficialismo se impuso en una votación durante la sesión del Senado contra el pedido de la oposición para retirar los proyectos en cuestión.

Las iniciativas que comenzaron a tratarse en la comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta fueron presentadas en diciembre por los senadora Lucila Crexell, del Movimiento Popular Neuquino, y Martín Lousteau, de Juntos por el Cambio.

Los senadores opositores pidieron retirar de la discusión del Senado las iniciativas de su autoría pero el oficialismo rechazó la solicitud al considerar que una vez presentados pertenecen al pleno del cuerpo, y decidió avanzar con la discusión del tema en comisión.

Para ello, el presidente de la comisión de Justicia, el senador del Frente de Todos Oscar Parrilli, convocó para el próximo lunes a las 15 a una segunda videocoferencia a la que invitó a exponer a tres expertos.

El primero de los especialistas que hablará ante los senadores será Alberto Binder, presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), quien además es profesor de posgrado de Derecho Procesal Penal en la Universidad de Buenos Aires.

El segundo de los expositores es Maximiliano Rusconi, exfiscal general de la Procuración General de la Nación y abogado especialista en derecho penal y procesal penal, y cerrará la exposición Daniel Ernetta, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe.

El primero de los proyectos a tratar es el de la senadora Crexell, que propone la modificación de la ley orgánica del Ministerio Público respecto del procurador general, cargo que actualmente está en poder de Eduardo Casal.

Tanto Crexell como Lousteau pidieron en sendas notas a la Presidencia de la Cámara el retiro de los proyectos por considerar que “no es el momento oportuno” para discutirlos en medio de la pandemia.

También consideraron que el oficialismo pretendía “utilizar con fines políticos” las iniciativas para avanzar en el reemplazo de Casal sin el acuerdo de la oposición.

Uno de los proyectos de Crexell establece que el procurador general dure en su función cinco años y que pueda se reelegido por única vez con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en el Senado.

El segundo expediente de la legisladora neuquina propone los mismos requisitos, pero en el caso del defensor general de la Nación.

La iniciativa del porteño Lousteau establece una duración de seis años para el procurador general, igual que para el defensor; y sólo pueden ser reelegidos una vez.

Para designar a un nuevo procurador se requieren los dos tercios de los votos del Senado, por lo que el oficialismo del Frente de Todos necesita sumar voluntades de la oposición.

Desde el oficialismo se impulsan acciones parlamentarias para desplazar a Casal por mal desempeño de sus funciones a raíz de acusaciones por irregularidades en la designación de fiscales.

El Poder Ejecutivo propuso al juez federal Daniel Rafecas para el cargo, pero parte de la oposición de Juntos por el Cambio rechazó la nominación.

La exdiputada y fundadora de Cambiemos Elisa Carrió se diferenció de los dirigentes de su propio espacio y pidió apoyar la postulación, en una actitud que fue criticada hacia el seno de la coalición opositora.

Parrilli criticó el rechazo de la oposición y acusó el macrismo de haber promovido “una campaña despiadada” en su momento para lograr la renuncia de la procuradora designada durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, Alejandra Gils Carbó.

El legislador acusó a la oposición de “llenarse la boca con las instituciones y la República y lo primero que hacen es no cumplirla cuando se quiere debatir”.

“Llegamos a 2019 con los salvadores de la República, con la República a medias porque teníamos un procurador interino”, sostuvo en alusión al actual procurador Casal.