por Maximiliano Abad (*)

Hoy se cumplen cuatro años de la sanción de la ley 14.848 que estableció la paridad de género en la Provincia de Buenos Aires. Desde entonces las listas de candidatos a concejales, consejeros escolares, diputados y senadores provinciales incluyen un 50% de mujeres, que se alternan los lugares de forma secuencial con los hombres.

Para todos los que participamos del debate legislativo de una ley tan esperada por amplios sectores de la sociedad, no fue una jornada más. Luego de varios años en los que se comprobó que las normas de cupo mínimo funcionaban en los hechos como un techo y no como un piso que alentara la participación creciente de las mujeres, fue avanzando y fortaleciéndose la demanda horizontal de avanzar hacia un marco legal que remueva definitivamente la subrepresentación de ellas en los cargos públicos.

En ese sentido, quienes estamos a favor de la igualdad y estamos convencidos de que la pluralidad y la diversidad redunda en una mejor política, tenemos el desafío de aprender todos los días, de no dejar de escuchar, de estar dispuestos a desarmar preconceptos que, aunque no nos demos cuenta, están allí y sesgan nuestra visión de las cosas.

Del otro lado están los que no acusan recibo de los tiempos que corren, ya sea porque se resisten a perder privilegios o porque piensan que el auge de los colectivos de mujeres es una moda pasajera. De todas formas, no tengo dudas que el tiempo y las luchas, más temprano que tarde, los hará comprender el contexto actual y abrazar la búsqueda de la igualdad.

Las últimas décadas han sido testigo de un gran avance en la participación laboral de las mujeres, sin embargo las disparidades de género en las oportunidades de trabajo aún son notables. La proporción de mujeres se reduce a medida que se asciende hacia los niveles más altos de remuneración o en cargos directivos. Situación que echa luz sobre la persistencia de modelos culturales y estereotipos de género.

Un denominador común para todas las mujeres es la sobrecarga de tareas fuera del ámbito laboral, que afecta su trabajo y su calidad de vida, y que ha quedado expuesto con mayor intensidad durante la pandemia.

Hace unos días supimos que se perdieron casi 4 millones de puestos de trabajo registrados y el grupo más afectado fue el de las mujeres jóvenes (menores de 30 años). La desocupación que ya estaba en un nivel altísimo del 23,9% trepó hasta el 28,5%.

Estos datos evidencian que las consecuencias sociales y económicas que nos va a dejar la pandemia requieren que con urgencia tomemos medidas para atender la situación de las mujeres.

Por su parte, esta semana el Presidente tomó la decisión de nominar para ocupar la vacante de la Cámara Nacional Electoral a un juez de cuestionable imparcialidad, ignorando a quién quedó en el primer puesto en el concurso y sería la primera mujer en integrar la autoridad superior de aplicación de la legislación político-electoral, la doctora Alejandra Lázzaro. Todo esto apenas unos días después de que el mismo Alberto Fernández acusara a la Corte Suprema de no ocuparse de la temática de género.

Por eso, en este contexto, sería mucho mejor si en el día de hoy en lugar de sólo limitarnos a recordar con alegría la aprobación de la ley de paridad en 2016, hacemos el ejercicio de repasar dónde estamos y cuáles son los pendientes para continuar aproximándonos a nuestros objetivos de mayor igualdad.

La participación de las mujeres en la función pública, en los cargos de definición política y de fuerte liderazgo, es una deuda para con ellas pero también con los ideales de la Argentina que queremos. Con una Argentina diversidad y pluralidad. Con una Argentina más justa y pujante.

(*) Diputado provincial.