Por Jorge Raventos

Hasta el último martes de septiembre la Corte Suprema de Justicia asimiló todo tipo de presiones encontradas. Se la acusó de “desertar de sus obligaciones constitucionales”, hubo “escraches” en Rafaela ante el domicilio de Ricardo Lorenzetti y hasta el presidente Alberto Fernández consideró pertinente desafiar al alto tribunal.

Corona de espinas

El titular de la Corte, Carlos Rosenkrantz -un favorito de la opinión opositora-, soporta un rasgo incómodo que suele adjudicársele a Fernández: preside un dispositivo que no consigue controlar.

Con todo, la semana anterior el número uno de la Corte utilizó un recurso que permanece entre sus atribuciones y dispuso que el martes 29 de septiembre, en un acuerdo extraordinario, el cuerpo tratase la situación de tres jueces federales que requirieron que, a través de un per saltum, el alto tribunal suspenda un desplazamiento decidido por un trámite en el que participaron el Consejo de la Magistratura, el Senado y el Presidente de la Nación, y los ratifique en las posiciones que acababan de perder (a las que habían accedido en su momento por disposición del entonces presidente Mauricio Macri).

La convocatoria de Rosenkrantz pretendía dar “una respuesta adecuada a derecho” al pedido de los tres magistrados y puso al Cuerpo ante el desafío de pronunciarse con urgencia, algo que le reclamaba con vehemencia un sector de la opinión pública y de los medios y que los jueces supremos parecían inclinados a postergar, para que el caso fluyera por sus canales naturales y se desarrollara el procedimiento ordinario.

En su deliberación virtual del último martes la mayoría de la Corte decidió no acatar ni presiones ni pronósticos. Contradiciendo a una legión de augures que vaticinaban que no lo haría, esa mayoría decidió conceder el recurso de per saltum.

Decepcionó a los expertos del oficialismo que esperaban que el tribunal no admitiera el per saltum, encaminara la protesta de los tres jueces hacia el recurso extraordinario y permitiera, así, que se cumpliera el rechazo del Senado y el decreto del Presidente. Pero desilusionó asimismo a los opositores que estimaban que, si se involucraban en el asunto, ante la excitada atmósfera de opinión pública los supremos rechazarían ipso facto las medidas que habían devuelto a los tres jueces a sus puestos anteriores.

Los cuatro miembros de la Corte que compartieron su voto (Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos  Maqueda) se diferenciaron asimismo de Rosenkrantz e hicieron saber dónde se encuentra la mayor influencia. Ellos no fundamentaron la aceptación del recurso de per saltum en una situación de “gravedad institucional inusitada”, como sí hizo el titular del Cuerpo, sino en que “las circunstancias originarias se han modificado a la luz de acontecimientos sobrevinientes que implican pasos concretos destinados a obtener la inmediata ejecución de las medidas impugnadas”. El párrafo alude a que la instancia natural del proceso, la Cámara Contencioso Administrativo Federal, no había podido resolver un recurso ordinario presentado allí por los tres magistrados del caso porque se produjo un empate entre los dos únicos miembros en condiciones de decidir y podía demorarse mucho un fallo. Esa es la clave de la admisión del caso por la Corte, en condiciones en que “el planteo constitucional ventilado en estas actuaciones excede el mero interés de las partes en el presente proceso y atañe al de la comunidad, desde que está en juego la interpretación constitucional de los traslados de los jueces federales”.

La batalla es por el fondo

La parte resolutiva de la decisión de la Corte no se pronuncia sobre el tema de fondo, se limita a abrir un compás de espera: es, si se quiere, una medida cautelar de lujo (requirió una decisión del tribunal superior) que suspende tanto el traslado oportunamente decidido por el decreto de Macri, como el que dictó el decreto de Fernández. Los tres jueces quedan en un limbo y licenciados de funciones hasta que la Corte se defina sobre el corazón del tema. Se supone que lo hará pronto, entre otras cosas porque las presiones no cesarán hasta que lo hagan (y habrá qué ver qué ocurre después de que lo hayan hecho).

Los escenarios que se abren ante la decisión del alto tribunal son tormentosos en cualquier caso. Si rechaza el reclamo de los tres magistrados estará defraudando las expectativas de un amplio e influyente sector de la sociedad argentina (y de interesados externos), que vería ese fallo como un triunfo del oficialismo (de Cristina Kirchner) y una confirmación de sus fervientes sospechas sobre la intención de la vicepresidenta de controlar la Justicia y, en particular, los tribunales que tienen vínculo directo con los casos que la afectan a ella. Se pone en juego una óptica sobre la seguridad jurídica.

Si, por el contrario, la Corte convalida los traslados decididos bajo la presidencia de Mauricio Macri, estaría chocando de frente con actos políticos del Senado, resoluciones del Consejo de la Magistratura y con el decreto presidencial que anuló la decisión de Macri. ¿Conflicto de poderes?

Desde el kirchnerismo imaginan que un fallo de esta última naturaleza puede ser visualizado como un revés, pero puede también abrir ciertas ventajas políticas. En lo retórico, le facilitaría mostrarse, una vez más, como víctima de una “entente de jueces, poderosos y medios hegemónicos”, y en lo práctico, bajo la sombrilla de un fallo que consagrara los traslados de Macri, se abriría la puerta a un manejo administrativo discrecional de los traslados de jueces.

Esto último, si es que la Corte no circunscribe un eventual fallo de esa naturaleza a los casos específicos de los tres jueces, y no sienta paralelamente un criterio doctrinario que aclare el tema y rija de ahora en más, como insinúa el voto de los cuatro supremos cuando señala que “está en juego la interpretación constitucional de los traslados de los jueces federales”.

Romper la inercia

En cualquier caso, el fantasma de un conflicto de poderes flotará sobre las deliberaciones del alto tribunal, pero también recorre las preocupaciones de la Casa Rosada, donde cada vez se analizan con más inquietud los riesgos de ingobernabilidad y los datos inquietantes que presenta la actualidad.

El INDEC acaba de revelar que en el último año la pobreza subió cinco puntos y medio, y que en el primer semestre del 2020 cuatro de cada diez argentinos se encontraban en esa categoría y de ellos, uno de cada cuatro estaba hundido por debajo de la línea de indigencia.

La situación social erosiona las bases del oficialismo, pues golpea especialmente a los sectores que constituyen el grueso de su electorado. Atemperar los efectos de una economía paralizada en el contexto de la pandemia exige esfuerzos financieros cada vez más insostenibles al Estado. El paisaje llena de inquietud a los cuadros políticos que ya anticipan problemas electorales en los comicios de medio término si la situación no se modifica.

Las encuestas radiografían en el conurbano la pendiente por la que desciende la imagen del Presidente y trepa la de un dirigente opositor (moderado) como Horacio Rodríguez Larreta. Y en la clase media, donde el octubre pasado Alberto Fernández también cosechó votos, lo que muestran los estudios es pesimismo sobre el futuro e irritación ante el presente.

Al difícil escenario económico hay que sumar otro factor: la autoridad presidencial luce decaída. No se trata sólo de decisiones que -con veracidad o no- se le atribuyen más bien a la señora de Kirchner que a la Casa Rosada, sino también a la falta de decisiones.

La Unión Industrial Argentina viene quejándose de que bloqueos interjursdiccionales de determinadas rutas provocan graves daños al suministro de diferentes líneas de producción (desde la automotriz hasta la de alimentos, desde la construcción a la del sector salud) y reclaman acción del gobierno nacional. “A raíz de estos hechos, el transporte y la distribución de mercadería e insumos vinculados a la cadena de producción ingresaron en una zona que pone en riesgo uno de los activos que el sector puso al servicio del país durante la pandemia: abastecer a todos los argentinos”, señalaron los industriales en un comunicado esta semana.

Los bloqueos a que se refiere la UIA están, en rigor,  determinados por protestas de productores agropecuarios, transportistas y comerciantes contra decisiones políticas del gobierno de la provincia de San Luis, que invocando la pandemia impone protocoles de gran exigencia al transporte que atraviesa ese distrito desde y hacia provincias limítrofes (Córdoba, San Juan, Mendoza, La Pampa). Las consecuencias de esas acciones tienen alcance nacional, por eso es plausible la expectativa de los empresarios en sentido de que el gobierno central tome cartas en el asunto y haga algo.

El sindicalismo y un amplio espectro del peronismo que abreva en fuentes diferentes de las del kirchnerismo, se mueve en estos días con el objetivo de que el Presidente fortalezca su autoridad. Algunos dirigentes que se ven con Fernández han insinuado la necesidad de que mueva algunas piezas del gabinete para darle mayor dinamismo al gobierno. Y que ponga en marcha ideas que expuso al iniciar su mandato y luego -por la pandemia o por otras razones- quedaron postergadas. Por ejemplo, el Consejo Económico Social y el lanzamiento explícito de un programa productivo.

En función de esas metas -y con la expectativa de que crezca el don de mando presidencial- se organiza un gran acto por vía telemática para el Día de la Lealtad, en el que Fernández sería el orador principal ante una plaza virtual de (esperan) cientos de miles de participantes unidos a través de internet y reunidos por medio de aplicaciones creativas.

Concebido como una forma alternativa  de “ganar la calle” frente al desafío de los banderazos, la movilización internética busca que el oficialismo recupere la iniciativa frente a la oposición y, simultáneamente, que ese repechaje lo lideren el Presidente y el peronismo, no la vicepresidenta y sus falanges. Como frutilla del postre, esperan que Fernández, que razonablemente se ha negado a encabezar (o a que siquiera se organice) una fracción albertista, acepte ser presidente del Partido Justicialista (en cuyo caso, asumiría el cargo en noviembre, cuando concluye el período del sanjuanino José Luis Gioja. Todo muy bien intencionado, pero conviene recordar que hace falta más que una titularidad. El peronismo tuvo muchas autoridades. Por ejemplo, el propio Perón; y también el contralmirante Alberto Teisaire. El hábito no hace al monje.

El movimiento y la quietud

El movimiento se demuestra andando (y la quietud es su antónimo).

El gobierno muestra muchas manifestaciones de conflicto irresuelto en su propio seno. Esta semana se apreció otro, de dimensión significativa. El embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos, Carlos Raimundi, pronunció un discurso en representación del gobierno en el que se apartó solapadamente de la línea que tanto Alberto Fernández como el canciller Felipe Solá han fijado en relación con los derechos humanos bajo el régimen de Nicolás Maduro.

Raimundi ha zigzagueado largamente en el espinel político antes de alcanzar su presente destino en Washington. Empezó siendo radical, después siguió a Chacho Alvarez en el Frepaso, luego fue diputado en las listas de Elisa Carrió y a mediados de la década pasada recaló en el kirchnerismo a través de una colectora propia. Hizo carrera hasta llegar a la OEA.

Esta semana, al comentarse allí el informe de la comisión de derechos humanos de la ONU, que preside la socialista chilena y ex presidenta Michelle Bachelet, y el de observadores independientes que lo ratifican, Raimundi se quejó de que “hay una apreciación sesgada de lo que son las violaciones a los derechos humanos en determinados países” y argumentó que “Venezuela ha sufrido un fuerte asedio de intervencionismo. Hubo amenazas de intervención, operativos y cortes de energía a las centrales que han generado serias cuestiones de violación a los derechos humanos”.

A la Isla de Barataria

La postura de Raimundi vino a garabatear una línea que Fernández y Solá quieren tirar con sutileza. Ese garabato dibujó en cambio con transparencia una postura de choque con Estados Unidos y una defensa apenas disimulada del régimen de Caracas, y tiende a confirmar casi exactamente lo que la oposición le atribuye al gobierno.

En el marco de un posicionamiento que rechaza la intervención extranjera en Venezuela y que para la oposición es tibio o capitulador ante el régimen de Maduro, el gobierno incuestionablemente ha venido respaldando el informe de la Comisión Bachelet y reclama asimismo la “democratización” del país. Hace equilibrio entre gestos de autonomía relativa frente a Washington y la necesidad de no provocar a una potencia con la que el país necesita tener lazos fluidos. La delicadeza es más necesaria aún en momentos en que el Presidente negocia en paralelo con el presidente chino Xi Jinping una inserción mayor del gigante asiático en el desarrollo y en el intercambio del país.

Situaciones como la planteada por Ramundi son, si bien se mira, oportunidades. Tanto Solá como el Presidente pueden hacer un más que necesario ejercicio de autoridad no sólo desautorizándolo (tarea sencilla y de manual), sino convocándolo a dar explicaciones y recomendándolo para algún otro destino. La Iglesia Católica dispone para casos de este tipo de obispados en diócesis extintas, cuyo cargo no corresponde a ninguna circunscripción eclesiástica presente. El recurso tiene la ventaja de que los titulares no pueden perjudicar a la institución con sus ocurrenciaas ideológicas o de otro tipo. Raimundi podría ser, por ejemplo, representante ante el Principado de Seborga o en la Isla de Barataria.

Hace apenas tres meses, en la ONU, el país había fijado con prolijidad una postura que Raimundi borroneó. Anteayer el secretario de Política Exterior, Pablo Tettamanti, ratificó la posición oficial: “hemos manifestado nuestra gran preocupación por las graves violaciones de los derechos humanos que se reportan tanto en el informe de la Alta Comisionada como en el de los expertos independientes, y trabajamos con el Grupo de Contacto para fomentar en Venezuela elecciones libres, justas y creíbles”. La semana próxima, esa posición sera ratificada en la ONU. Sólo quedará, como tarea pendiente, la mudanza de Raimondi.

Como sospechan los cuadros del peronismo (y no sólo ellos), las señales de autoridad que necesita dar el gobierno son muchas, y en distintas direcciones. Al menos debería empezar rápido con las más fáciles.