La diputada Vanesa Siley (Frente de Todos) presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados para promover el juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz.

Siley indicó en su cuenta en Twitter que, entre otras cuestiones, Rosenkrantz “obstruye el pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales”, y sostiene que la presentación oficial del proyecto la hizo el pasado 25 de septiembre “ampliando los fundamentos” de unas peticiones de 2017.

En el escrito, Siley indica que pide el juicio político al presidente de la Corte Suprema “por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones”.

La diputada se ampara en “lo que dispone el artículo 53 y concordantes de la Constitución” argentina.

El pasado martes, Rosenkrantz firmó una resolución junto al resto de compañeros de la Corte Suprema de Justicia en la que consideraron “admisible” por unanimidad un recurso que interpusieron tres jueces que iban a ser trasladados de sus puestos a causa de una disposición del Senado.

La situación había generado polémica en los últimos días en el país.

Se trata de los jueces federales Leopoldo Bruglia, Germán Castelli y Pablo Bertuzzi, quienes ven cómo sus traslados, decididos este mes por el Senado, se suspenden a la espera de que el máximo tribunal argentino se pronuncie en un sentido definitivo.

Los jueces que iban a ser trasladados tenían en común que investigaron casos de supuesta corrupción de la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner; en el caso de Castelli, es uno de los encargados de llevar adelante el juicio oral de la llamada Causa de los Cuadernos, relacionada con sobornos del kirchnerismo a empresarios afines.

La exjefa de Estado entre 2007 y 2015 se pronunció en contra de dichos jueces en diversas ocasiones. Dijo a principios de mes sobre Bruglia y Bertuzzi que garantizaban la “impunidad” del expresidente Mauricio Macri y sostiene sobre las causas en las que está investigada que formaban parte de una persecución judicial.

“A fin de evitar situaciones frustratorias de los diversos derechos puestos en juego, corresponde declarar admisible el recurso extraordinario por salto de instancia articulado en los presentes, con efecto suspensivo únicamente respecto a la sentencia recurrida”, se indica en la resolución.

Además del presidente de la Corte Suprema, el resto de firmantes fueron Elena Highton de Nolasco, Ricardo Luis Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosati.

“Corresponde al consejo de la Magistratura que, hasta que se pronuncie esta Corte, debe abstenerse de llevar adelante actos de ejecución de la resolución (…) cuya validez se cuestiona en los presentes actuados”, agregan los jueces.