El Comité de la Unión Cívica Radical de Mar del Plata Batán y su bloque de concejales se sumaron a la controversia en torno al traslado de un paciente con coronavirus a un sanatorio en Capital Federal por falta de camas y exigieron que la Provincia aclare las razones que llevaron a tal decisión.

Con la firma del presidente del partido a nivel local, Ariel Martínez Bordaisco, y la presidenta del bloque en el Concejo Deliberante, Vilma Baragiola, la UCR manifestó su “preocupación ante la creciente repetición de inconsistencia en la información pública por parte del gobierno de la Provincia de Buenos Aires en relación con los datos oficiales sobre el COVID-19 en nuestra ciudad”.

A través de un comunicado, respaldaron al intendente Guillermo Montenegro al señalar que “el traslado en un avión sanitario de un paciente que estaba internado en el Hospital Oscar Allende no pudo deberse a la falta de camas UTI para su atención, toda vez que el propio hospital informara el día previo que su nivel ocupación era del 50% y contaba con 10 camas de terapia intensiva”.

Además, señalaron que desde Zona Sanitaria VIII “se procedió a trasladar al paciente sin dar intervención a las autoridades municipales e informando a los vecinos de General Puyerredon, a través de los medios de comunicación, que el sistema de salud de la ciudad atraviesa un colapso”.

Para la UCR “la operación es, al menos, llamativa”, sobre todo porque “ningún funcionario de la Provincia de Buenos Aires, ni las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, ni del hospital que recibió al paciente se comunicaron con el intendente para dar coordinación a un traslado de estas características”.

“Por eso, es evidente que la intención de esta acción no tuvo que ver con un falso colapso del sistema sanitario, sino con instalar la idea de que Mar del Plata está en una situación extrema”, agregaron.

En este sentido, y para evitar situaciones que sumen “incertidumbre y angustia en nuestros vecinos”, desde la UCR exigieron “que se retome la senda del trabajo en conjunto, de la transparencia en la gestión de la información y de la articulación de políticas entre Nación, Provincia y Municipio, para el gobierno conjunto y coordinado de una situación inédita, compleja y que nos involucra a todos, sin distinción partidaria”.

“El radicalismo local y todos los vecinos y vecinas de General Pueyrredon queremos saber la verdad sobre lo que sucedió y por qué se tomó esta decisión, generando trascendidos mediáticos que despertaron falsas alarmas, cuando los números de ocupación del HIGA hubieran permitido resolver la situación de otra manera”, concluyeron.