Entidades defensoras de los consumidores pusieron hoy en duda la validez de las audiencias informativas que convocará el Gobierno nacional para debatir los aumentos en las tarifas de luz y gas, y mientras que algunos indican que esas convocatorias llevarán a una “pérdida de tiempo”, otras dicen que “no alcanzan” para saber cómo se componen las tarifas.

Osvaldo Riopedre, abogado de la Asociación de Defensa de Consumidores y Usuarios (Adecua), dijo a radio Continental que “hay que ver cómo sale la resolución” de la convocatoria.

“Por los trascendidos, con el cambio del nombre, esto de audiencia informativa, me parece que no va a cumplir los requisitos. Vamos a perder tiempo. Va a haber impugnaciones. Va a haber jueces interesados en que esas impugnaciones prosperen y vamos a retrasarnos 20, 30 días más”, pronosticó.

“Acá hay que ponerse serios, responsables. Si las cosas salieron mal hay que cumplir con la norma de una vez, si no vamos a estar dando vuelta todo el año con esto”, indicó.

Dijo que las audiencias previas a un aumento tarifario están fijadas en el marco regulatorio de la prestación de servicios y que no son vinculantes. “Pareciera que estamos adelante de un cuco. No es este Gobierno, el anterior tampoco las respetaba”, comentó.

“No creamos que no hubo aumento de tarifas. En el gas lo hubo. No todo el país vive la misma situación. No es lo mismo que las tarifas en Capital aumenten 600% a aquellas personas que pagaban $40 pesos, o que aumenten lo mismo en Córdoba, para los usuarios que pagaban $300”, ejemplificó.

Consideró que “si no hacemos una cuestión tarifaria en serio, donde la tarifa social realmente le llegue a quien le tiene que llegar, se segmente, donde sea progresivo, vamos a estar cuatro años con esto. Va a ser todo el período presidencial. Hay gente dispuesta a que esto no avance”, opinó.

Dijo que “el argumento que usó el Estado por el que no se convocó a una audiencia pública es que no se está haciendo una revisión integral tarifaria”.

“Es mucho más democrático decir ‘no obstante no corresponder, la vamos a hacer igual, no es vinculante’, y luego se toma la resolución que corresponda”, reflexionó.

“No podemos dejar que los jueces fijen tarifas, es el Ejecutivo” el encargado de establecerlas, expresó Riopedre, y agregó que “la Corte Suprema pidió informes hace un mes. Es una situación de urgencia para las empresas que no recaudan, y para el usuario”, a quien se le acumulan una serie de tarifas impagas.

A su turno, Sergio Procelli, de Consumidores Argentinos, que motorizó el primer amparo contra el aumento de tarifas de gas, dijo que las audiencias informativas “no alcanzan”.

“Creo que no alcanzan. Hay que ver lo que se va a concretar dentro de la audiencia y cuál seré la información disponible. Hay que ver qué es lo que compone la tarifa, la de gas y la de electricidad. Vamos a ver si esto de la informativa es para esconder información”, se preguntó.

Explicó que “la necesidad de hacer la audiencia es para saber cuál es el precio real de la generación en el caso de la electricidad, del gas en la boca de pozo, y todos los circuitos que van hasta el consumidor. Queremos discutir qué es lo que estamos pagando, cuál es el precio real, cómo es en cada ciudad”, describió.

Consideró que no alcanza con el llamado a audiencia para definir el tema tarifario, y describió que “en Mar del Plata se hizo una audiencia en electricidad y se impugnó. Tiene que tener toda la información posible y que se garantice toda la participación”.