Un informe de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) da cuenta de que en cárceles federales se produjeron doce fallecimientos por coronavirus sobre un total de 304 contagios confirmados. La cifra, al 31 de agosto, se obtuvo a partir de las publicaciones realizadas por el Servicio Penitenciario Federal (SPF) respecto de la evolución de los rastreos y casos de COVID-19.

Del relevamiento se desprende que los Complejos I de Ezeiza, II de Marcos Paz y CABA de Devoto concentraban 197 casos detectados al cierre del trabajo, número que representa el 65 por ciento del total. También se observó una importante cantidad de casos en la Unidad 34 (Campo de Mayo) y en el Complejo V (Senillosa).

En cuanto a los fallecimientos, el mayor número se registró en el Complejo II de Marcos Paz y en la Unidad de Campo de Mayo, con cuatro cada uno. Los restantes ocurrieron en Ezeiza (Complejo I) y la Unidad 31, con tres decesos y uno, respectivamente. En cuanto a la distribución etaria, se registraron dos casos de personas de 47 años, tres personas de entre 60 y 70 años, cuatro personas entre 71 y 80 y las restantes mayores de 80. Ello arrojó un promedio de edad de 67 años.

Por otra parte, la PROCUVIN reparó en que para el 31 de agosto los casos en curso se distribuían principalmente en el Complejo I de Ezeiza, la Colonia Penal de Santa Rosa (Unidad 5) y el Complejo CABA (Devoto). La procuraduría especializada señaló la importancia de diferenciar entre los casos detectados y los casos activos -aquellos que siguen en curso- “para poder establecer en qué dependencias continúa presente el virus”.

Metodología, evolución de la situación y medidas

La PROCUVIN explicó en el documento que “desde finales del mes de julio” el SPF “reporta en forma diaria el detalle de hisopados realizados, casos confirmados y fallecimientos de todas los complejos y unidades bajo su órbita”, información que “permite efectuar un reporte de la situación dentro de los establecimientos penitenciarios federales y detectar aquellos más afectados”.

Los datos publicados en la web del SPF fueron ingresados por el área de Violencia en Contextos de Encierro a una base de partes diarios de COVID-19 y procesada por el área de Análisis e Investigaciones Interdisciplinarias. De esa manera, se espera que con las próximas entregas pueda observarse la evolución de la situación en los establecimientos federales a lo largo del tiempo.

Finalmente, en el reporte se recordó que desde la implementación del aislamiento social, preventivo y obligatorio PROCUVIN consultó y requirió que se garantice la continuidad de los derechos en torno a la comunicación de las personas privadas de la libertad con su entorno, la asistencia letrada y del órgano judicial a cargo y la provisión de insumos y elementos de higiene y salubridad.