Por Jorge Raventos

 
Es impresionante la velocidad a la que cambian los escenarios políticos.

El lunes 7, en la Cámara de Diputados se alcanzaba un acuerdo para permitir que su funcionamiento no se interrumpa. La oposición reclamaba sesiones presenciales y cuestionaba el funcionamiento por vía telemática. Finalmente se pactó una combinación: habrá sesiones virtuales, pero los temas de mayor envergadura deberán tratarse presencialmente.

Es posible que dos días más tarde ese acuerdo fuera inalcanzable, porque el miércoles 9 la relación entre gobierno y oposición se tensó al máximo. Ese día, en el contexto de una turbulenta revuelta gremial de la policía bonaerense que incluyó el asedio de la quinta presidencial, Alberto Fernández decidió rebanar a la Ciudad de Buenos Aires un punto y monedas de coparticipación (un monto que, para lo que queda de 2020, llega a unos 9 mil millones de pesos, pero el año próximo trepará casi a 45.000 millones) y destinará esa suma a la provincia que gobierna Axel Kicillof, de modo de financiar así las mejoras que reclaman los 90.000 policías bonaerenses.

Un decreto inopinado

Aunque Larreta fue anoticiado de la medida apenas tres minutos antes de que el Presidente la anunciara, el corte no fue un rayo en cielo sereno: el jefe de gobierno sabía desde hace meses que el gobierno nacional estudiaba un recorte de la coparticipación porteña, que en 2016 fue incrementada un 150 por ciento por Mauricio Macri vía decreto y pasó entonces de 1,40 por ciento a 3,75.

La decisión de Fernández corrige, también por decreto, aquel aumento de Macri y lo reduce a un 100 por ciento.

Larreta venía practicando el clinch con el Presidente en parte por la constricción de la pandemia, pero también con la esperanza de que la amabilidad contribuyera a moderar el recorte que la Casa Rosada maquinaba desde hace meses; indudablemente lo sorprendió la circunstancia elegida por Fernández (quien,para colmo, se hizo escoltar por alcaldes del conurbano, entre ellos varios opositores que son aliados del jefe porteño, a quienes nadie les anticipó el anuncio que el Presidente descerrajaría).

El momento fue, en rigor, desconcertante: se producía en un punto de extrema fragilidad del Estado y el sistema político: apenas logrado con esfuerzo el acuerdo para que funcione el Congreso, justo en el vórtice del alboroto policial, de las tomas de tierras en el conurbano, en la Patagonia y en disintos puntos del país; en medio de las rabietas consorcistas que consiguieron impedir que el servicio penitenciario federal cumpliera en tiempo y forma una disposición judicial y que Lázaro Báez pudiera hacer uso de sus propiedades privadas; y casi en simultáneo con una ofensiva de organizaciones de derechos humanos que forzó al Ejército a retirar una comunicación de homenaje a soldados caídos durante el combate al terrorismo librado bajo un gobierno legítimo.

Acuciado por la impotencia financiera y de gestión exhibida por el gobierno bonaerense para dar respuesta a los reclamos laborales y profesionales de su policía (reclamos bien acogidos en la opinión pública, por otra parte) el Presidente decidió arriesgar el vínculo con el sector de la oposición con que mejor relación ha tejido, por la necesidad de financiar la solución salarial de la policía de la provincia con fondos extraídos del distrito porteño. Lo 35.000 millones de pesos que se le transfierirán a Kicillof equivalen a la mitad del presupuesto de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

Kicillof anunció que la policía bonaerense se equiparará a la porteña justo cuando ésta sangrará por la herida provocada por el DNU de Fernández.

Hsy una contrapartida: el anuncio salarial que el jueves pudo hacer Kicillof tuvo la virtud de desactivar las protestas de los policías.

Sería, sin embargo, un error pensar que todo volvió a su cauce y aquí no ha pasado nada. En este intermezzo, la autoridad del Estado ha quedado vulnerada. La administración de Kicillof postergó iniciativas propias para mejorar de conjunto la seguridad del distrito incluyendo al personal involucrado, y eso lo llevó a ceder ante una medida de fuerza y llegar, incluso, a compromisos en cuanto a no sancionar al personal que participó en protestas de notable gravedad, que incluyeron el cerco y el hostigamiento de las residencias del gobernador y del Presidente.

La revuelta resintió la cadena de mandos -los efectos alcanzan al ministro de Seguridad, Sergio Berni, que tal vez deje la gestión para dedicarse full time a la política- y marcó el ingreso al escenario de una nueva generación de policías que no parece predispuesta a disciplinas ciegas y que pretende una organización profesional y sindical para plantear orgánicamente sus reclamos.

El tema de la sindicalización, que hasta ahora ha sido una especie de tabú, empieza a abrirse paso: hay organización sindical de la policía en la mayoría de los países europeos, en Canadá, en varios estados de Estados Unidos y, más cerca, en Uruguay. En el país se han pronunciado en favor de esa alternativa personalidades de diversa óptica, desde la ministra de Seguridad Frederic hasta el ex gobernador bonaerense Carlos Ruckauf.

La inexistencia de canales institucionalizados de transmisión de las inquietudes laborales y profesionales de los policías genera cortocircuitos y eventuales explosiones caóticas, que dañan al estado. Esta vez las esquirlas llegaron hasta la presidencia de la Nación, que se vio forzada a involucrarse. Las crisis desnudan e iluminan problemas y abren la posibilidad de solucionarlos. La lucidez consiste en afrontar esa oportunidad, no en volver a barrer las dificultades bajo la alfombra.

Fernández entroniza a un opositor moderado

La inopinada cirugía infligida por el decreto de Fernández al presupuesto porteño para remediar una emergencia bonaerense bien pudo haber herido de muerte la viabilidad de una confrontación democrática constructiva y colaborativa.

Horacio Rodríguez Larreta venía sosteniendo esa actitud y era, por ello, acosado desde sus propias filas por sectores que interpretaban su sensatez como rendición ante el gobierno nacional . El recorte de la coparticipación parecía entregarle armas a los rivales intolerantes de Larreta, pero el jefe de gobierno aprovechó la ocasión para demostrar que moderación no es sinónimo de capitulación y que se puede defender una posición con firmeza sin pintarse la cara para una guerra y apelando a los recursos que ofrece el sistema constitucional (para el caso: la Corte Suprema).

El mensaje de Larreta del jueves 10 lo posicionó ya incuestionablemente como la principal figura de la oposición y el candidato presidencial cantado para 2023 (en el momento en que las encuestas de imagen lo ubican como el político mejor calificado del país, con el mejor saldo de opinión favorable ,2 positivos cada 1 negativo, dejando en el segundo puesto, así sea por poca diferencia, a Alberto Fernández).

Dado que la confrontación entre las dos coaliciones es un hecho inevitable cuando falta apenas un año para la elección de medio término, quizás haya que celebrar que, como subproducto de la crisis, se haya perfilado con fuerza en la oposición un liderazgo moderado y dialoguista, que exhibe vocación por construir una alternativa pragmática y constructiva.

En una carambola paradójica, con su intempestivo decreto Fernández impuso un líder de la oposición y determinó un triunfo de la moderación. Al entronizar al Jefe porteño, sin embargo, se gana un adversario más competitivo que Mauricio Macri. Larreta tiene llegada a una franja no desdeñable del público que en octubre de 2019 votó por el Frente de Todos.

El país necesita que en las dos orillas del espectro político prevalezca el espíritu colaborativo. Es irónico que los fragmentos intolerantes que colisionan en el sistema político no registren el daño que sus enfrentamientos le ocasionan, más que a sus adversarios, a la burbuja que, así sea belicosamente, comparten. También es irónico cómo se parecen los razonamientos de esas fracciones: mientas para algunos termocéfalos del oficialismo, la chirinada policial bonaerense de la última semana fue organizada por Mauricio Macri y por…¡(José Luis)Espert!, para los delirantes del otro lado las tomas de tierras del conurbano forman parte de un siniestro plan extremista y por cada hecho que les disgusta culpan directamente a la señora de Kirchner.

Unos u otros atribuyen, sea a Macri, sea a CFK , poderes que estos ya no tienen; confunden los gestos o las ilusiones ajenas con hechos, y sus propias pesadillas con realidades.

Tierra y propiedad

Detrás de las ocupaciones de tierras hay años de decadencia social y un cuadro de miseria que ha recrudecido con la pandemia. Detrás de la protesta policial hay un contexto no demasiado diferente: buena parte del personal de la bonaerense padece privaciones, vive en barriadas precarias, camina por calles sin asfalto.

Ocupas y policías de filas viven en los bordes, y muchas veces pisan del lado de afuera de la legalidad. Conviene para juzgarlos tomar en cuenta la visión de un estudioso de los márgenes, el peruano Hernando De Soto:: “Mucho más que una marea demográfica de pobreza, las oleadas de extralegalidad bien podrían ser el más importante factor que está obligando a acoger la revolución industrial y comercial que ya está encima”.

El afamado The Economist evocó largamente esta semana a De Soto en una nota de tapa en la que se hizo eco de su libro El misterio del

capital , donde el estudioso peruano explica cómo la pujanza de sociedades, que muchas veces sus sectores más pobres se ven forzados a practicar al margen de las normas y rutinas establecidas, es el motor de las transformaciones y que se trata de abrir plenamente esas puertas para facilitar a esos sectores el acceso pleno a la propiedad. “Como argumentó el Sr. de Soto, el capitalismo debería ser para muchos, no solo para unos pocos -puntualiza el semanario británico. Y agrega:- Si los pequeños agricultores y los habitantes de barrios marginales tuvieran un título legal claro sobre su propiedad, podrían pedir dinero prestado más fácilmente para comprar mejores semillas o iniciar un negocio. Podían invertir en su tierra, regando o erigiendo una tienda, sin temor a que algún día alguien pudiera apoderarse de ella. Los derechos de propiedad harían más ricos a los pobres”.

Las tomas de tierras no son fruto de conspiraciones, sino que antes que nadaen la Argentina están vinculadas a ese problema básico. Y a otro: el enorme desequilibrio demográfico (más de un tercio de la población viviendo en el 0,4 por ciento del territorio: la Capital y el conurbano),algo que se resolvería desconcentrando, impulsando la producción, el trabajo y la democratización de la propiedad en el conjunto de la Argentina. No se trata de un plan extremista: “El Banco Mundial quiere que el 70 por ciento de las personas tengan derechos de propiedad seguros para 2030”, informa The Economist.

Una vez más, hechos que parecen amenazantes nos recuerdan que en el seno del problema se encuentra la solución.