El Gobierno de Camboya impulsa un proyecto de ley que, con el argumento de conservar las tradiciones, criminaliza a las mujeres que lleven ropa “demasiado corta o reveladora”, lo que “viola la libertad de expresión y formaliza la actual represión de los derechos civiles”, indicó a Télam Rachana Bunn, directora ejecutiva de Klahaan, una de las 36 ONG que denunciaron la iniciativa.

La llamada Ley de Orden Público es un paquete de medidas que prohíbe la venta callejera y pedir limosna, entre otras cuestiones, en nombre de “mantener el valor estético, la tranquilidad, la estabilidad social, la preservación de la tradición nacional y la dignidad de los ciudadanos”, según reza la iniciativa en sus primeros párrafos.

El artículo 36 especifica que las mujeres tienen prohibido usar ropa que sea “demasiado corta” o “reveladora”, situación que “viola la libertad de expresión y socava nuestra autonomía personal”, explicó a esta agencia la activista de la organización feminista Klahaan, palabra que significa “valiente” en idioma jemer o camboyano.

“Ese artículo figura en una sección de la ley que se titula `Protección de la dignidad de la Nación`, por lo que se puede ver que está usando algunas ideas patriarcales de la mujer camboyana como idealmente casta y modesta para defender lo que el Gobierno cree son las tradiciones del país”, añadió.

La normativa, en realidad, profundiza una situación ya existente: a principios de este año la Policía del país del sudeste asiático arrestó a una joven por vender ropa interior y cosméticos en Facebook, la acusó de delitos tipificados como “pornografía” y la obligó a grabar un video en la misma red social disculpándose por “deshonrar las tradiciones jemer” y “afectar el honor de las camboyanas”.

En este contexto, Bunn señaló que el proyecto de ley “formaliza la actual represión de los derechos civiles y las libertades fundamentales”, aunque resaltó que “tiene un impacto desproporcionado contra las mujeres, ya que se aprovecha de las normas sexistas de género que existen en la sociedad para limitar aún más esas libertades”.

“Las mujeres también somos camboyanas, por lo que también nos corresponde a nosotros determinar colectivamente cómo es la cultura jemer en el siglo XXI. No le corresponde al Gobierno decidir arbitrariamente qué largo de falda está alterando las tradiciones nacionales”, apuntó.

Klahaan firmó una declaración junto a más de 30 ONGs, entre ellas Human Rights Wtch (HRW), Amnistía Internacional (AI), en la que denunciaron la “atroz violación” de derechos que supone el texto que el Gobierno indicó servirá para “desarrollar un Estado civilizado y moderno”, de acuerdo con fuentes ministeriales citadas por la cadena Voice of America.

El director adjunto de HRW para Asia, Phil Robertson, aseguró que el proyecto viola incluso el derecho a la libertad de expresión consagrado en los artículos 31 y 45 de la Constitución y los artículos 2 y 5 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw) que Camboya ratificó.

Las organizaciones se quejan que el Ministerio del Interior no las convocó, exigen que se dé marcha atrás con el texto y piden que en cambio se aborde “de forma urgente” problemáticas como la violencia de género, la discriminación a las mujeres en la educación y la escasa participación en cargos de poder.

“Todos estos problemas están respaldados y alimentados por actitudes y normas sociales generalizadas que continúan describiendo a las mujeres como débiles y amables, y a los hombres como líderes fuertes y naturales”, afirmó Bunn.

Mucha de esta violencia está alimentada por el Chbab Srey, un código de conducta tradicional que establece las formas en las que las niñas y mujeres camboyanas deben comportarse, con un enfoque especial en su actitud hacia su esposo.

Este código se enseñó en las escuelas del país hasta 2007 y aunque ya no forma parte del plan de estudios formal “sigue siendo muy influyente, desempeñando un papel crucial en la configuración y prescripción de los roles de género, ya que se transmite de madre a hija, particularmente en áreas rurales”, indicó la activista.

Camboya, con una población actual de 16 millones, fue escenario de un genocidio a manos del Jemer Rojo, una organización guerrillera de tendencia maoísta que, tras la Guerra de Vietnam, la salida de Estados Unidos de ese conflicto y el derrocamiento del general Lon Nol (que encabezaba una dictadura militar desde 1970), tomó el poder el 17 de abril de 1975.

Se calcula que cerca de 1,7 millones de personas murieron entre 1975 y 1979 durante el régimen del Jemer Rojo a causa de trabajos forzados, enfermedad, hambruna y purgas políticas.

Tras varias décadas de guerra civil y Gobiernos de facto, en 1993 se estableció la Constitución que sostiene la monarquía constitucional, aunque el primer ministro actual, Hun Sen, está en el poder desde 1985.

Más allá de la mayor estabilidad política de los últimos años, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denunció en varias oportunidades, la última el viernes pasado, “un agravamiento de la intolerancia” de las autoridades frente a la disidencia y la represión de libertades fundamentales.