El Colegio de Arquitectos salió este viernes a oponerse abiertamente a la huelga “a la japonesa” que inició el gremio de la construcción para volver al trabajo sin la autorización correspondiente en la fase 3 del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

“Más allá de que los reclamos son justificados, no compartimos este accionar”, señaló la entidad a través de un comunicado firmado por su presidente, Eduardo Agüero, y su secretario, Diego Domingorena.

Los arquitectos reiteraron su apoyo a los argumentos que esgrimen todas las entidades vinculadas a la industria de la construcción, en el sentido de que “no tiene lógica” que la obra pública pueda funcionar en fase 3 y la privada no.

“Consideramos, y lo hemos expresado en reiteradas oportunidades, que por las particularidades de nuestra industria (actividad al aire libre y con buena distancia interpersonal), la responsabilidad que ha demostrado el sector en el cumplimiento de las medidas sanitarias y las características de nuestra ciudad (no dependencia del transporte público) estamos en condiciones de volver a trabajar”, afirmaron.

“Sabemos también la delicada situación socioeconómica que atraviesa nuestra ciudad en general y nuestra actividad en particular”, agregaron.

Pero al mismo tiempo alertaron sobre las consecuencias que podrían implicar volver al trabajo sin la autorización de las autoridades competentes. “Al alterar el marco normativo vigente, existe la posibilidad de que las ART no cubran a sus asegurados, y si bien nuestras resoluciones colegiales mitigan la responsabilidad profesional al respecto si se toman determinados recaudos, lo cierto es que no se está exento de quedar involucrado, como así también los otros roles en los procesos constructivos, como los empresarios y en especial los propietarios”, puntualizaron.

“Finalmente –añadieron– existe un riesgo latente de infringir artículos del Código Penal al desobedecer normas adoptadas por los funcionarios respecto de la propagación de una pandemia, como así también sanciones administrativas por parte de las autoridades municipales. Todos estos son riesgos potenciales, ya que no sabemos a ciencia cierta qué sanciones podrían caber para los profesionales directores de obra o representantes técnicos, ante la ocurrencia de un accidente laboral o de un contagio en una obra que funcione sin la correspondiente autorización”.

“Como entidad, somos respetuosos de las decisiones que se tomen desde las distintas instancias gubernamentales en pos de enfrentar de la mejor manera posible una coyuntura tan delicada. Reiteramos que son razonables los reclamos de todas las entidades que nuclean a la construcción, sin embargo es nuestra obligación informar sobre estas cuestiones porque nuestras incumbencias y nuestra ley colegial nos habilitan en este sentido”, finalizaron.

Por otro lado, el Distrito II del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires adhirió a la preocupación manifestada por  los arquitectos.

La presidenta de la institución, Marta Di Luca, señaló: “Si bien entendemos las dificultades y consecuencias que genera para el sector que la actividad esté paralizada, nos preocupan las consecuencias que implica reanudar los trabajos sin la correspondiente autorización y creemos que este no es el camino más adecuado ni conducente a la solución de este conflicto”.

“No cumplir con las normas vigentes puede dejar a nuestros profesionales expuestos en cuanto a su responsabilidad profesional sin perjuicio de las posibles sanciones penales por infringir normativa vinculada a la propagación de la pandemia”, agregó.

La representante del Colegio de Ingenieros señaló también que “más allá de los acuerdos o disidencias con las decisiones adoptadas por las autoridades nacionales, provinciales o municipales debemos ser respetuosos de las mismas, actuando en el marco de la responsabilidad que nos cabe a cada uno como miembros de una sociedad que vive en democracia”.