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El País 9 de septiembre de 2020

Sin la oposición, el Senado firmó dictamen para la nueva ley de pesca

El proyecto de ley aumenta las multas para la pesca ilegal.

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La Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Senado de la Nación emitió hoy dictamen favorable al proyecto de ley que aumenta las multas para la pesca ilegal, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

La iniciativa que reforma y actualiza la Ley Federal de Pesca contó con el respaldo de los senadores del Frente de Todos (FdT), en una videoconferencia que la oposición abandonó, tras advertir que no discutiría una norma aprobada en una sesión cuestionada ante la Justicia.

Con la firma de los senadores Adolfo Rodríguez Saá, Roberto Mirabella, Eugenia Duré, Jorge Taiana, Antonio Rodas, María Teresa González, Daniel Lovera, Beatriz Mirkin, José Uñac, Carlos Caserio y José Mayans, el dictamen quedó en condiciones de ser tratado en la próxima sesión del Senado.

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, que expuso en el inicio de la reunión de la Comisión, afirmó que la propuesta forma parte de “una estrategia de ejercicio de soberanía” sobre el Mar Argentino y explicó que “no es una medida ni fiscalista ni abstracta, sino que forma parte de una política estratégica”.

Al comenzar la videoconferencia, los senadores de Juntos por el Cambio avisaron que se desconectarían por estar en desacuerdo con el tratamiento de un proyecto que fue aprobado por la Cámara de Diputados, en una sesión cuyo protocolo de funcionamiento fue cuestionado ante la Justicia.

El senador Esteban Bullrich y su par Alfredo De Angeli reconocieron que el proyecto contra la pesca ilegal “es bueno”, pero señalaron que el interbloque opositor no podía acompañar una propuesta “viciada de nulidad”.

En el encuentro, el jefe de los senadores del Frente de Todos, José Mayans, mantuvo una fuerte discusión con De Angeli, al que acusó de “no respetar a las mayorías” cuando el senador opositor pidió el uso de la palabra para remarcar que avanzar con el tratamiento de una norma aprobada en forma “ilegal” implica “avanzar contra la Constitución”.

Ante la retirada de los senadores opositores, el ministro Basterra continuó su exposición, junto al secretario de Malvinas, Daniel Filmus, quien lamentó la decisión de los legisladores de Juntos por el Cambio, al sostener que el tema de la pesca “amerita que la Argentina muestre que estamos todos de acuerdo”.

“Nos duele porque trabajamos mucho en este tema, aceptamos sugerencias que estaban bien”, señaló, en alusión al consenso previo que se había logrado con los miembros de bancadas opositoras en ambas cámaras para avanzar en esta ley.

Para el funcionario, la iniciativa que endurece las multas para la pesca ilegal en el Mar Argentino implica “la defensa de los recursos naturales” pero es al mismo tiempo “una estrategia de desarrollo y una mirada hacia el futuro”.

Filmus ponderó, en ese marco, “la recuperación de la idea de Argentina como un país bicontinental”.

Pese a sus objeciones, De Angeli había reconocido que el proyecto “es bueno”, recordó que Cambiemos buscó aprobarlo durante su Gobierno pero aclaró que la sanción “viene mal desde la Cámara de Diputados”.

Con argumento similar, antes de retirarse del encuentro, Bullrich había declarado que se trata de “un buen proyecto”, pero que “está viciado de nulidad por la forma en que se trató en Diputados”.

“No podemos tratar ese proyecto que nuestros diputados están impugnando. Si estamos impugnando legalmente y la Justicia ha hecho lugar, ha dicho que no hay protocolo claro para tratarse, no podemos tratar ese proyecto, no lo consideramos como proyecto valedero”, argumentó.

El presidente de la comisión, Adolfo Rodríguez Saá, sostuvo que el oficialismo da “por válida” la sanción de Diputados y que “se presumen legítimos los actos hasta tanto no haya una declaración de nulidad”.

El proyecto propone tomar para calcular la pena económica una variable sobre la base de unidades de valor denominadas Unidades Pesca (UP) cuyo monto será equivalente a un litro de combustible gasoil conforme lo que determine la Autoridad de Aplicación, a los fines de establecer el procedimiento de fijación del valor en moneda de curso legal.

De acuerdo a esta propuesta, las multas oscilarán entre los 500 mil litros de gasoil a los 3 millones de litros, lo que equivale a un piso de 1,1 millones de dólares y un techo de 6,5 millones de dólares.



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