El fiscal federal Juan Manuel Pettigiani solicitó penas de hasta 10 años de prisión para los dos policías acusados de haber brindado protección a una organización dedicada a la venta de droga en la zona roja y haber comercializado ellos mismos estupefacientes.

El fiscal consideró que Carlos María Scaltritti y Jonathan Moisés Arce son culpables de los delitos de comercio de estupefacientes agravado por la calidad de funcionario público encargado de la prevención o persecución de los delitos previstos en la ley.

Pettigiani solicitó a los jueces del Tribunal Oral Federal N°1 de Mar del Plata que condenaran a Scaltritti a 10 años de prisión y a Arce a 9 años y 6 meses. La diferencia de pena es porque el primero tenía un cargo jerárquico superior al del segundo.

El accionar de la organización criminal ya quedó probado en un juicio abreviado -con penas de hasta 6 años de prisión- en el que quedó demostrado que Mara Ángela Cambareri, Carlos Ariel Kubics, Araceli -por su nombre autopercibido- Hurtado Baca, Eduardo Alfredo Pérez, Ricardo Michael Herrera Alfaro Moreno y William Alexander Vázquez, al menos desde febrero de 2014 hasta el 13 de mayo de 2017, integraban una banda que obligaba a mujeres trans en situación de vulnerabilidad a vender cocaína mientras ejercían la prostitución en la zona roja, esto con la participación, connivencia y protección policial.

Para lograrlo, operaron con el apoyo y la discrecionalidad de control por parte de las fuerzas de seguridad, concretamente de agentes pertenecientes a la seccional policial con jurisdicción en esa zona -Comisaría cuarta-, y la fuerza provincial especializada en prevenir y reprimir la comercialización de drogas, la Superintendencia del Tráfico de Drogas Ilícitas local.

Según la pesquisa, Arce y Scaltritti tenían a su cargo liberar la zona para que Cambareri y Esquivel pudieran ubicar a sus víctimas en las “paradas” previamente designadas para que allí ejercieran la prostitución y vendieran estupefacientes, lo que les permitiría hacerse y repartirse el dinero obtenido.

Conversaciones telefónicas y por WhatsApp que constan en el expediente permitieron visualizar que los funcionarios policiales sindicaban a Cambareri como quien, cuanto menos, manejaba la zona. Pero no sólo las intervenciones en los celulares dan sustento a la participación de la policía en los hechos. La palabra de los vecinos y vecinas, quienes declararon ante la Unidad Fiscal de Estupefacientes, dan cuenta de que la fuerza “se lava las manos”, que los que “venden” están “entongados con el comisario de la comisaría de la zona” y que venden estupefaciente delante de la policía.

Zona roja, zona liberada

El fiscal Pettigiani, en su alegato, explicó que Arce y Scaltritti habían “liberado” la zona roja para que la banda liderada por Mara Cambareri pudiera vender cocaína y que, para llegar a esta conclusión se basó en una investigación de casi dos años realizada por la Policía Federal, no por la Bonaerense, que es donde pertenecían los policías juzgados.

“Este dato no resulta menor ya que muestra el escaso interés investigativo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en particular la División Drogas Ilícitas, quienes, aún teniendo como una de las principales hipótesis del tráfico de estupefacientes en la ciudad, la comercialización que se producía en la Zona Roja, aparentemente nada sabían de ella ni de la organización que la movía”, expresó el fiscal.

“Arce y Scaltritti tenían a su cargo liberar la zona para que Cambareri y Esquivel pudieran ubicar a las mujeres trans en las ´paradas´, previamente designadas en la zona roja para que vendieran estupefacientes”, explicó el fiscal quien indicó que, según se dio a conocer en el juicio, gracias a esta actividad asegurada por los policías “el comercio sexual había sido directamente desplazado por el comercio de estupefacientes”.

La venta de droga en la zona roja es algo que se conoce en Mar del Plata. Son constantes los episodios de violencia y las quejas de los vecinos.  “Lo que sucedía en la zona roja lo sabían todos, menos quienes debían perseguir ese delito. Por eso, era común entre los vecinos afirmar que la zona estaba liberada. No era una fabricación mediática como se intentó instalar en la Audiencia”, explicó el fiscal.

“Entonces, si quienes decían tener como una de sus principales hipótesis la venta de droga en zona roja nada veían, era lógico afirmar la complicidad policial. Tratando de conceptualizar la expresión, liberar una zona significa nada menos que garantizar el libre desarrollo de la actividad ilícita por algún lapso. Es decir, brindar cobertura para que el hecho ilegal ocurra”, concluyó al respecto.

Un caso de corrupción policial

Arce y Scaltritti debían combatir los delitos que ayudaron a cometer o que cometieron. Su accionar se corrió del eje de su función específica como policías de la provincia de Buenos Aires. De brindar un servicio que beneficia a la colectividad general, utilizaron su posición de funcionario público para cometer delitos.

“El comportamiento de los imputados quebranta los más elementales deberes: ningún deber es más primario y sustancial para el Estado que el de proteger a su comunidad, cuidando de la vida y de la seguridad de los gobernados”, expresó Pettigiani.

El fiscal destacó que Scaltritti llegó a decir que “era imparable lo que estaba pasando en la zona roja”. “Esta declaración parece como si fuera la de un espectador y no la del responsable de uno de los grupos operativos encargados de combatir ese delito. Esta deserción de sus deberes primarios por parte de agentes policiales como Arce y Scaltritti, pone a los ciudadanos, al desamparo frente al delito y constituye un abuso del poder que la sociedad les otorga”, expresó

“El accionar de Arce y Scaltritti, brindando asistencia policial, convirtiéndose en guardia pretoriana de la organización criminal que conducían Cambareri y Ezquivel para que estos comercialicen estupefacientes con total tranquilidad o comerciando ellos mismos sustancias prohibidas, desnuda el poder punitivo más perverso y amenazador para una comunidad”, dijo Pettigiani en su alegato y concluyó: “Estamos aquí frente a un caso de corrupción policial”.

Informar al Ministerio de Seguridad

Además de las condenas para Scaltritti y Arce, el fiscal Pettigini solicitó a los jueces Roberto Falcone, Héctor Sagretti y Omar Gutiérrez que enviaran la sentencia al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, para poner en conocimiento a la Dirección de Asuntos Internos de la Polcía Provincial; y también enviar una copia de la sentencia a la Fiscalía General del Departamento judicial de Mar del plata.