En medio de la pandemia y con ayuda de la virtualidad, continúa el juicio a dos policías de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas acusados de encubrir una organización narcocriminal que operaba en la zonas roja y utilizaba a mujeres trans en situación en situación de vulnerabilidad para vender cocaína al menudeo.

El accionar de esa banda fue probado y condenado en un juicio abreviado parcial, que culminó con la sanción a seis personas en septiembre de 2019 con penas de hasta seis años de prisión. Los efectivos que están siendo juzgados, Jonathan Moisés Arce y Carlos María Scaltritti -ambos detenidos en la cárcel federal de Marcos Paz- se negaron a ese proceso.

En el juicio en curso el Tribunal Oral Federal N°1 de Mar del Plata, compuesto por los magistrados Roberto Falcone, Héctor Sagretti y Omar Gutiérrez –los dos últimos siguen el debate de manera remota desde San Martín-, deberá resolver la responsabilidad de Arce y Scarltritti.

Durante la jornada del jueves, la defensa de los efectivos convocó a cinco testigos de concepto para que expongan ante el tribunal. Se espera que el próximo lunes desarrolle su alegato el fiscal general Juan Manuel Pettigiani.

Arce y Scaltritti están acusados por el delito de comercio de estupefacientes agravado por la calidad de funcionario público encargado de la prevención o persecución de los delitos previstos en la ley, con una pena prevista para este delito oscila entre los seis y 20 años de prisión.

Probado el accionar de la organización criminal que integraron Mara Ángela Cambareri, Carlos Ariel Kubics, Araceli -por su nombre autopercibido- Hurtado Baca, Eduardo Alfredo Pérez, Ricardo Michael Herrera Alfaro Moreno y William Alexander Vázquez, al menos desde febrero de 2014 hasta el 13 de mayo de 2017, la hipótesis delictiva de este debate oral y público -que complementa el acuerdo de juicio abreviado alcanzado en septiembre de 2019- señala que la banda contaba con la participación, connivencia y protección policial.

De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio, para que los condenados y condenadas operaran en la denominada “zona roja” necesariamente debían contar con el apoyo y la discrecionalidad de control por parte de las fuerzas de seguridad, concretamente de agentes pertenecientes a la seccional policial con jurisdicción en esa zona -Comisaría cuarta-, y la fuerza provincial especializada en prevenir y reprimir la comercialización de drogas, la Superintendencia del Tráfico de Drogas Ilícitas local.

La hipótesis se fue consolidando a partir del resultado que arrojaban las intervenciones telefónicas dispuestas en la investigación: demostraron cómo era el funcionamiento real de la organización que se valía de mujeres trans en situación de vulnerabilidad y necesidad, que encontraban el sometimiento como única opción valedera para alejarse de la situación de pobreza y discriminación en la que se encontraban, al ejercer la prostitución y vender estupefacientes para beneficio de sus explotadores. Esto permitió ver la existencia de otra estructura conformada presuntamente, al menos de momento, por los oficiales Arce y Scaltritti.

Según la pesquisa, los agentes policiales tenían a su cargo liberar la zona para que Cambareri y Esquivel pudieran ubicar a sus víctimas en las “paradas”/esquinas previamente designadas para que allí ejercieran la prostitución y vendieran estupefacientes, lo que les permitiría hacerse y repartirse el dinero obtenido.

Conversaciones telefónicas y por WhatsApp que constan en el expediente permitieron visualizar que los funcionarios policiales sindicaban a Cambareri como quien, cuanto menos, manejaba la zona. Pero no sólo las intervenciones en los celulares dan sustento a la participación de la policía en los hechos. La palabra de los vecinos y vecinas, quienes declararon ante la Unidad Fiscal de Estupefacientes, dan cuenta de que la fuerza “se lava las manos”, que los que “venden” están “entongados con el comisario de la comisaría de la zona” y que venden estupefaciente delante de la policía.

De la causa surge también lo dicho por algunas de las víctimas: debían pagarle a Cambareri la suma de tres mil pesos para ser autorizadas a estar en esa zona, que nucleaba parte de la avenida Luro, la avenida Champagnat y calles transversales y paralelas. “Parte de ese ‘canon’ exigido no tenía otro fin más que ser entregado a los efectivos policiales con jurisdicción en la zona para que omitieran controlar y prevenir el delito en su jurisdicción, como ha quedado acreditado con mayor fuerza aún, mediante la comunicación que mantuvo uno de los acusados con otra persona, en la que acordaban ‘liberar la zona’, favoreciendo entonces la realización de las conductas atribuidas a los imputados”, leyó la fiscalía en el inicio del juicio.

Más allá de la cobertura en la zona para la venta de cocaína, los policías están acusados de comercializar marihuana a modo de emprendimiento ilegal: de la causa surgen numerosas conversaciones de WhatsApp en las que Scaltritti ofrece “frascos” “a dos”, en cuyas imágenes se observan sustancias estupefacientes.